Daniel García Reyes
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2022
Partes del expediente
- Daniel García Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CERTIFICACIONES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y REMISIÓN ARCHIVO MATERIAL
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por el cual el secretario instructor adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México con sede en Toluca, Encargado de las Actuaciones de Trámite, rinde informe justificado y remite como complemento al mismo, copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente 11/2022-I-C de su índice; asimismo señala un correo electrónico y remite la constancia de notificación al tercero interesado Comisión Federal de Electricidad. En diverso contexto, previa carátula de identificación, manéjese por separado el anexo remitido por la oficiante, y una vez que cause estado la presente determinación devuélvasele las constancias antes precisadas. Ahora bien, de las constancias recibidas, se advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable emplazó a juicio a la parte demandada en el juicio natural. En ese caso, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada dentro del procedimiento especial 11/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México. Sin embargo, de las documentales que adjunta la responsable al oficio que se recibe, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias de actuaciones fedatadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que el cuatro de mayo del año que transcurre se emplazó a la Comisión Federal de Electricidad. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada dentro del procedimiento especial 11/2022 del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México; empero, de las constancias remitidas se aprecia que dicho Tribunal realizó el emplazamiento correspondiente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley Amparo." De ahí que, al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho de la parte quejosa a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Tocante al correo electrónico que señala, únicamente se tiene como contacto, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, en términos del artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo para que el tercero interesado Comisión Federal de Electricidad, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, sin que emitiera pronunciamiento al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado, esto es, las posteriores notificaciones, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual, el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, solicita a este Juzgado de Distrito informe de manera personal a Marisol Aldayturriaga Hidalgo, en favor de su menor hijo de identidad reservada de iniciales L. G. A., que deberán de presentarse el próximo veintiocho y veintinueve de abril del año en curso, en un horario de 08:00 a 15:00 horas en las instalaciones de la "Junta de Caminos del Estado de México", con domicilio en calle Igualdad, número ciento uno, Colonia Santiago Tlaxomulco, en esta ciudad, código postal 50280, a efecto de que el menor quejoso reciba la segunda dosis de la inoculación contra el virus SARS-COV2, debiendo éste de ser acompañado por uno solo de sus padres o de su tutor, con su identificación oficial (INE vigente con copia simple), así como con copia certificada y simple del acta de nacimiento del menor y de su CURP, así como copia del comprobante de vacunación de la primera dosis. Atento a lo anterior, con copia del oficio de cuenta, notifíquese de manera personal y a la brevedad posible la presente determinación a la parte quejosa, a efecto de que se imponga de la obligación con la que cuentan de presentarse el próximo veintiocho y veintinueve de abril del año que transcurre, con la finalidad de que la autoridad responsable esté en aptitud de cumplir con la medida cautelar concedida en su favor. Asimismo, se hace énfasis a los peticionarios de amparo que, deberán de presentarse en las instalaciones antes mencionadas, respetando todos las medidas de sanidad necesarias y las indicaciones dentro de las instalaciones, con la finalidad de evitar las conglomeraciones y agilizar el proceso de vacunación. De igual manera, se apercibe a la parte accionante de la instancia constitucional en el sentido que, para el caso de no comparecer en el horario y día establecido por la autoridad competente a efecto de que el menor de identidad reservada con iniciales L.G.A. sea inoculado por parte del personal de salud, se dejará sin efectos la providencia precautoria dictada en el presente cuaderno, por falta de interés personal. Se requiere a la autoridad responsable oficiante, para que en un término de veinticuatro horas legalmente computadas después de haber vacunado al directo quejoso, remita a este órgano jurisdiccional constancia que acredite el cumplimiento a la suspensión decretada en el presente cuaderno; en el entendido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se requiere a la parte quejosa, para que acontecida la inoculación, mediante escrito dirigido al cuaderno principal del cual se deduce este incidente, bajo protesta de decir verdad, manifieste si el menor recibió las dos dosis de la vacuna de que se trata y exhiba las constancias que lo acrediten, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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