Daniel García Juárez

Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
376/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Daniel García Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; transcurrió sin que se hubiera interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen diversos documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, promovida por Daniel García Juárez, por propio derecho, contra actos del Alcalde Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 376/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Análisis del escrito de demanda. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del escrito inicial de demanda se obtiene que el quejoso reclama del Alcalde Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca, esencialmente lo siguiente: La realización de la diligencia de apeo y deslinde respecto del inmueble ubicado en el paraje denominado "Loza" o "Lozaa", cuyas medidas y colindancias son: al norte mide doscientos veintisiete metros (227) y colinda con Aurea Morales; siguiéndose en línea recta, mide ciento ochenta metros (180) y colinda con Wilfrido Hernández Crisastamo; al sur mide cuarenta y siete metros (47) y colinda con Isauro García; al oriente mide cuarenta y dos metros (42) y colinda con Leobardo García -cuya propiedad defiende el quejoso-; así como todas las consecuencias jurídicas. En este tenor, cobran relevancia las manifestaciones que el impetrante bajo protesta de decir verdad, vertió en su demanda de amparo, entre las que destacan: "[.] CUARTO.- El día 26 de marzo de 2022 se me informó mediante una llamada telefónica que el inmueble ubicado en paraje denominado "LOZA" o "LOZAA" (antes descrito) una persona de la cual desconozco su nombre junto con el alcalde del municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca, estaban realizando una diligencia de apeo y deslinde en dicho terreno que es de mi propiedad, a lo cual acudí y pedí que suspendieran dicha diligencia, retirándose en ese momento el alcalde y las personas que estaban en ese momento intentando deslindar mi predio, por lo que al no tener recurso ordinario que hacer valer y ante la preocupación de que se le entregue algún documento posesorio o que genere algún derecho a personas diversas al suscrito es que acudo ante usted [.]" [.] en caso de que la autoridad materialice su actuación y expida o realice el apeo y deslinde sin darme la posibilidad de defenderme se me privaría de mi derecho de defensa, y se me afectaría de manera directa la propiedad y posesión de bienes sin que haya mediado juicio en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que la resolución que en el caso se dictó (sic) se encuentre legalmente fundada y motivada [.]" Lo resaltado es propio. En su atención, cabe destacar que la diligencia de apeo y deslinde que el quejoso señala como acto reclamado aún no acontece, pues como lo refiere el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, el veintiséis de marzo de este año, se pretendió realizar la diligencia en comento; sin embargo, toda vez que se le informó vía telefónica de lo que estaba aconteciendo, acudió al lugar e impidió que se realizara, por lo que dice que se retiraron en ese momento el alcalde y las personas que estaban en ese momento intentando deslindar su predio, manifestando que "regresarían otro día" para terminar con dicho deslinde. De ahí que este órgano jurisdiccional considera debe desecharse la demanda de amparo por cuanto hace a los aludidos actos reclamados. Lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5° fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, tenido tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de madera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Atento a los mencionados dispositivos, se concluye que la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, que se produzca un agravio personal y directo por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto reclamado. Así, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente o segura a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. De ahí que se concluya que el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que lo que en realidad constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor de la parte quejosa de que posiblemente se le entregue algún documento posesorio o que genere algún derecho a personas diversas a él, con motivo de la diligencia de apeo y deslinde respecto de un inmueble ubicado en el paraje denominado "Loza" o "Lozaa", cuyas medidas y colindancias son: al norte mide doscientos veintisiete metros (227) y colinda con Isauro García; siguiéndose en línea recta, mide ciento ochenta metros (180) y colinda con Wilfrido Hernández Crisastamo; al sur mide cuarenta y siete metros (47) y colinda con Isauro García; al oriente mide cuarenta y dos metros (42) y colinda con Leobardo García -cuya propiedad defiende-; y que en el caso de que la autoridad materialice su actuación le afectaría en su derecho de propiedad; lo que constituye actos futuros de realización incierta. Lo que se considera así, pues en diversas partes de su demanda de amparo, el promovente indicó esencialmente -bajo protesta de decir verdad- que en caso de que la autoridad materialice su actuación le afectaría en su derecho de propiedad, pues la diligencia de apeo y deslinde que se pretendió desahogar en su predio, el veintiséis de marzo de este año, se suspendió en su consecución, derivado de su oposición. Manifestaciones que constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo antes expuesto, se estima que lo que la parte quejosa reclama a la autoridad, implica una presunción o posibilidad de existencia, más no algo cierto, real y actual; pues, se estima que la diligencia pretendida se suspendió cuando él así lo solicitó. Lo que a las luces de la lógica, resulta una cuestión contingente, es decir, puede ser, o bien, no puede ser; lo que no es admisible para la procedencia de un juicio de amparo, pues no se advierten datos que hagan factible la inminencia de lo reclamado, pues todo su reclamo está contenido en una posibilidad y no en una certeza que acontecerá en breve lapso. En esta línea, no se debe perder de vista que la autoridad responsable no ha llevado a cabo la diligencia de apeo o deslinde que reclama, sino que en su casó únicamente fue una pretensión por parte de la responsable. De ahí, que se sostenga que se trata de una mera presunción o posibilidad de actos de autoridad. Es decir, la parte quejosa no tiene certeza de la inminencia de su existencia y ejecución de lo reprochado; por lo tanto, es necesario probar al menos de manera indiciaria pero fundada en mayores datos objetivos, que permitan advertir que se afecta la esfera jurídica de sus derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Es así, pues con los antecedentes narrados en la demanda de amparo se estima que en el caso concreto, lo que la parte quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real, actual o inminente en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo respecto a tales actos, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie. No es obstáculo, que el quejoso refiera que la autoridad manifestó que regresaría otro día para terminar con dicho deslinde, empero se estima que, como ya se dijo, se trata de una mera presunción o posibilidad de un acto de autoridad. Esto es, el acto reclamado en el presente juicio resulta ser una cuestión contingente, es decir, puede ser, o bien, no puede ser, lo que no es admisible para la procedencia de un juicio de amparo, ya que de la demanda de garantías no se advierte datos objetivos -solo la afirmación que hace el quejoso en cuanto a que el alcalde y otra persona que desconoce su nombre regresarían otro día para terminar con el deslinde- que hagan factible la inminencia de lo reclamado, ya que todo su reclamo se encuentra contenido en una posibilidad y no en una certeza de que se va a ejecutar, por lo que en su caso el juicio de amparo procederá hasta que exista convicción de que el acto reclamado fue ordenado o realizado por las autoridades responsables. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que tratándose de la diligencia de apeo y deslinde -que se sustancia en vía de jurisdicción voluntaria- el juicio de amparo indirecto solo procede contra la resolución que le pone fin, salvo que se trate de actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación, sin que en el caso, de la demanda de amparo se advierta la afectación a un derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia mencionada, se desecha la demanda de amparo de que se trata respecto de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de Amparo. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mauro Francisco Ramos Martínez, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas mencionadas en el proemio de la demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Notificaciones electrónicas. De igual forma, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones se le realicen vía electrónica, al usuario Franciscoramosmartinez; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo; realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente (vía electrónica).

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