DANIEL GARCÍA GUTIÉRREZ y Otros.
Expediente 1096/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto González Meza, Daniel García Gutiérrez, Miguel Jiménez López, Silviano Martínez Rivera, Francisco Martínez Santiago, José Óscar Rodríguez Franco, Domingo Santiago Santiago, Cirilo Hernández Ceballos, Evaristo Sánchez Alarcón, Carlos Baxin Ortiz, Ó y Otros.
- Daniel García Gutiérrez
- DANIEL GARCÍA GUTIÉRREZ y Otros.
- Miguel Jiménez López
- Roberto González Meza, Daniel García Gutiérrez, Miguel Jiménez López, Silviano Martínez Rivera, Francisco Martínez Santiago, José Óscar Rodríguez Franco, Domingo Santiago Santiago, Cirilo Hernández Ceballos, Evaristo Sánchez Alarcón, Carlos Baxin Ortiz, Ó
- MIGUEL JIMÉNEZ LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos el telegrama y oficio de cuenta, remitidos por las autoridades, a través de los cuales acusan recibo de los oficios 22709/2021 y 22703/2021 con los que se les notificó el auto de tres de septiembre pasado; de lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales procedente. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pronunciándose al respecto el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto del año en curso (foja 476); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fojas 307-342), por una parte se sobreseyó el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado a ******** por conducto de su defensor particular, para el efecto que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de inmediato, realizara lo siguiente: 1) Dejara insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca número ******** y, en su lugar, 2) Emitiera una nueva resolución en la que resolviera conforme a derecho procediera el recurso de apelación interpuesto por las citadas personas contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, pero en la que se apartara de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. II) Resulta necesario precisar que, en la misma sentencia emitida en el presente asunto, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para que, de inmediato justificara el cumplimiento al fallo protector (foja 340 vuelta), sin perjuicio de que la misma fuera revocada a través del recurso de revisión (lo que no aconteció). III) Así, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la autoridad responsable informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa. IV) Posteriormente, a través del oficio recibido en este Juzgado el veintiocho de julio del año en curso (foja 384), la Sala responsable remitió las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VI) Así, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno (foja 421) se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; lo cual realizó el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto de la presente anualidad (foja 476). VII) Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria (foja 500) Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, realizó lo siguiente: En auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la Secretaria de Acuerdos habilitada de la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve emitida en los autos del toca ********, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación que los quejosos interpusieron contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ******** y, por ende, se confirmó la legalidad de esa determinación, subsistiendo entonces la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso a los procesados desde la audiencia inicial de diez de febrero de dos mil dieciocho. Posteriormente, dictó la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la determinó lo siguiente: Reiteró dejar insubsistente la sentencia dictada en los autos del toca ********, con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, única y exclusivamente por cuanto hace a los coprocesados ********. Determinó que son parcialmente fundados los agravios que hizo valer el apelante, toda vez que la resolución recurrida viola en su perjuicio el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma del día doce de abril del año dos mil diecinueve). Destacó que la decisión de la Jueza de Control que originalmente decidió imponer la prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados resulta contraria a derecho, al estimar que el ilícito de desaparición forzada de personas es un delito grave, considerado como tal en términos del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando, además, que el Estatuto de Roma debe ser aplicado en el proceso penal de origen al tratarse de un derecho positivo. Indicó que dicha determinación no es acertada pues existen dos cuestiones primordiales que impiden la aplicación de las normas del citado Estatuto, estas son: la voluntad del constituyente en el sentido que el legislador ordinario, de manera excepcional, fuese quien determinara en el ámbito de sus respectivas competencias, qué delitos ameritaban ser calificados como graves para efectos de la imposición de la prisión preventiva oficiosa y, por ello, no es un ejercicio que corresponda al juzgador realizar y que pueda emanar de diversas interpretaciones sustentadas en el criterio que cada juzgador en lo particular considere que es procedente, pues ello implica pasar por alto, por una parte, la voluntad del constituyente y, por otra, inobservar diversos derechos y principios tales como el derecho a la libertad personal, el principio de presunción de inocencia, el de excepcionalidad de la prisión preventiva y la subsidiariedad de las medidas cautelares. Que si en el texto del artículo 19 constitucional vigente en la época en que se impuso la medida cautelar analizada; o en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable en ese momento, no se encontraba expresamente determinado el ilícito de desaparición forzada de personas en calidad de grave, resulta inconcuso que deviene inconstitucional la aplicación de la medida cautelar -de forma oficiosa- en relación con el citado delito. Que el Juez de Control al resolver sobre la revisión de la medida cautelar en fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, inobservó que en fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que se decretó de forma primigenia a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el numeral 19 Constitucional no consideraba el delito de desaparición forzada como grave, por ende, violó en perjuicio de los activos el derecho fundamental de legalidad tutelado en el diverso 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se trata de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; ni tampoco se encuentra entre los previstos en el catálogo que enlista el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, estimó que los agravios expuestos por la defensa, respecto a que no procedía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son fundados, y por ende, el Juez de Control no debió confirmar la medida cautelar en esos términos. En tales condiciones, realizó un análisis de la audiencia recurrida, destacando que en ella la Fiscalía se manifestó sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento que se vulnera el contenido del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que la Ley General de Victimas establece que toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de los derechos de las víctimas de delito; resaltó la sala que coincidía con tal argumento porque sí existe un riesgo o un peligro para las víctimas o testigos, atendiendo a los testimonios de las personas de identidad resguardada, al factor común de la amenaza que, de decir algo, harían daño a ellos a su familia, y en cuanto a un imputado tampoco se acreditó el arraigo, por lo que en la audiencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, no se garantizó la comparecencia de los imputados en el proceso, existiendo peligro de sustracción; consecuentemente se estimó que no son suficientes las medidas cautelares que propuso la defensa y que fueron las contenidas en el artículo 155 fracciones I, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se considera indispensable la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la diversa de prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá por todo el tiempo que dure el proceso. Además, precisó que por cuanto hace a ********, además está siendo procesado por un delio diverso con la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, sin que la nueva medida violente sus derechos fundamentales. Con las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala responsable resolvió modificar el acto reclamado e imponer a los quejosos ********, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Lo anterior evidencia que se atendieron los lineamientos del fallo amparador, pues se dejó insubsistente la resolución reclamada; asimismo, se emitió una nueva, en la que de nueva cuenta se resolvió el recurso de apelación interpuesto por los quejosos contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, en la que se apartó de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertido que el abogado defensor de los quejosos refiere que existe un exceso en el cumplimiento dado por la autoridad al atender a los argumentos de la Fiscalía e imponer prisión preventiva justificada y no las medidas solicitadas por dicha defensa; empero, atendiendo a los efectos del fallo amparador, la responsable contaba con libertad de realizar el análisis pertinente y resolver lo que estimara ajustado a derecho, siempre que se apartara de las consideraciones destacadas como incorrectas en el fallo amparador, lo que en el caso realizó, al imponer una medida distinta a la primigenia. De ahí que los motivos por los cuales impuso la nueva medida, son ajenos al presente estudio, y, por ende, no evidencian un exceso por parte de la responsable. Por otra parte, dicho abogado defensor refiere que la resolución fue dictada por la Sala de guardia, la cual actuó con un Secretario de estudio y cuenta y no con un magistrado como lo exige la ley, sin embargo, dicha cuestión de igual forma es ajena a los efectos del fallo amparador, antes precisados, por lo no se advierte un exceso en ese sentido. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al toca ********y que obran en un tomo de prueba por separado, al no resultar necesaria su conservación, dado el sentido de la determinación adoptada en párrafos que anteceden. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por un parte se sobreseyó el presente juicio y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pronunciándose al respecto el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto del año en curso (foja 476); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fojas 307-342), por una parte se sobreseyó el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado a ******** por conducto de su defensor particular, para el efecto que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de inmediato, realizara lo siguiente: 1) Dejara insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca número ******** y, en su lugar, 2) Emitiera una nueva resolución en la que resolviera conforme a derecho procediera el recurso de apelación interpuesto por las citadas personas contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, pero en la que se apartara de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. II) Resulta necesario precisar que, en la misma sentencia emitida en el presente asunto, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para que, de inmediato justificara el cumplimiento al fallo protector (foja 340 vuelta), sin perjuicio de que la misma fuera revocada a través del recurso de revisión (lo que no aconteció). III) Así, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la autoridad responsable informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa. IV) Posteriormente, a través del oficio recibido en este Juzgado el veintiocho de julio del año en curso (foja 384), la Sala responsable remitió las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VI) Así, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno (foja 421) se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; lo cual realizó el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto de la presente anualidad (foja 476). VII) Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria (foja 500) Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, realizó lo siguiente: En auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la Secretaria de Acuerdos habilitada de la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve emitida en los autos del toca ********, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación que los quejosos interpusieron contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ******** y, por ende, se confirmó la legalidad de esa determinación, subsistiendo entonces la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso a los procesados desde la audiencia inicial de diez de febrero de dos mil dieciocho. Posteriormente, dictó la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la determinó lo siguiente: Reiteró dejar insubsistente la sentencia dictada en los autos del toca ********, con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, única y exclusivamente por cuanto hace a los coprocesados ********. Determinó que son parcialmente fundados los agravios que hizo valer el apelante, toda vez que la resolución recurrida viola en su perjuicio el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma del día doce de abril del año dos mil diecinueve). Destacó que la decisión de la Jueza de Control que originalmente decidió imponer la prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados resulta contraria a derecho, al estimar que el ilícito de desaparición forzada de personas es un delito grave, considerado como tal en términos del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando, además, que el Estatuto de Roma debe ser aplicado en el proceso penal de origen al tratarse de un derecho positivo. Indicó que dicha determinación no es acertada pues existen dos cuestiones primordiales que impiden la aplicación de las normas del citado Estatuto, estas son: la voluntad del constituyente en el sentido que el legislador ordinario, de manera excepcional, fuese quien determinara en el ámbito de sus respectivas competencias, qué delitos ameritaban ser calificados como graves para efectos de la imposición de la prisión preventiva oficiosa y, por ello, no es un ejercicio que corresponda al juzgador realizar y que pueda emanar de diversas interpretaciones sustentadas en el criterio que cada juzgador en lo particular considere que es procedente, pues ello implica pasar por alto, por una parte, la voluntad del constituyente y, por otra, inobservar diversos derechos y principios tales como el derecho a la libertad personal, el principio de presunción de inocencia, el de excepcionalidad de la prisión preventiva y la subsidiariedad de las medidas cautelares. Que si en el texto del artículo 19 constitucional vigente en la época en que se impuso la medida cautelar analizada; o en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable en ese momento, no se encontraba expresamente determinado el ilícito de desaparición forzada de personas en calidad de grave, resulta inconcuso que deviene inconstitucional la aplicación de la medida cautelar -de forma oficiosa- en relación con el citado delito. Que el Juez de Control al resolver sobre la revisión de la medida cautelar en fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, inobservó que en fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que se decretó de forma primigenia a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el numeral 19 Constitucional no consideraba el delito de desaparición forzada como grave, por ende, violó en perjuicio de los activos el derecho fundamental de legalidad tutelado en el diverso 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se trata de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; ni tampoco se encuentra entre los previstos en el catálogo que enlista el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, estimó que los agravios expuestos por la defensa, respecto a que no procedía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son fundados, y por ende, el Juez de Control no debió confirmar la medida cautelar en esos términos. En tales condiciones, realizó un análisis de la audiencia recurrida, destacando que en ella la Fiscalía se manifestó sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento que se vulnera el contenido del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que la Ley General de Victimas establece que toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de los derechos de las víctimas de delito; resaltó la sala que coincidía con tal argumento porque sí existe un riesgo o un peligro para las víctimas o testigos, atendiendo a los testimonios de las personas de identidad resguardada, al factor común de la amenaza que, de decir algo, harían daño a ellos a su familia, y en cuanto a un imputado tampoco se acreditó el arraigo, por lo que en la audiencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, no se garantizó la comparecencia de los imputados en el proceso, existiendo peligro de sustracción; consecuentemente se estimó que no son suficientes las medidas cautelares que propuso la defensa y que fueron las contenidas en el artículo 155 fracciones I, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se considera indispensable la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la diversa de prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá por todo el tiempo que dure el proceso. Además, precisó que por cuanto hace a ********, además está siendo procesado por un delio diverso con la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, sin que la nueva medida violente sus derechos fundamentales. Con las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala responsable resolvió modificar el acto reclamado e imponer a los quejosos ********, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Lo anterior evidencia que se atendieron los lineamientos del fallo amparador, pues se dejó insubsistente la resolución reclamada; asimismo, se emitió una nueva, en la que de nueva cuenta se resolvió el recurso de apelación interpuesto por los quejosos contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, en la que se apartó de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertido que el abogado defensor de los quejosos refiere que existe un exceso en el cumplimiento dado por la autoridad al atender a los argumentos de la Fiscalía e imponer prisión preventiva justificada y no las medidas solicitadas por dicha defensa; empero, atendiendo a los efectos del fallo amparador, la responsable contaba con libertad de realizar el análisis pertinente y resolver lo que estimara ajustado a derecho, siempre que se apartara de las consideraciones destacadas como incorrectas en el fallo amparador, lo que en el caso realizó, al imponer una medida distinta a la primigenia. De ahí que los motivos por los cuales impuso la nueva medida, son ajenos al presente estudio, y, por ende, no evidencian un exceso por parte de la responsable. Por otra parte, dicho abogado defensor refiere que la resolución fue dictada por la Sala de guardia, la cual actuó con un Secretario de estudio y cuenta y no con un magistrado como lo exige la ley, sin embargo, dicha cuestión de igual forma es ajena a los efectos del fallo amparador, antes precisados, por lo no se advierte un exceso en ese sentido. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al toca ********y que obran en un tomo de prueba por separado, al no resultar necesaria su conservación, dado el sentido de la determinación adoptada en párrafos que anteceden. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por un parte se sobreseyó el presente juicio y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo."
- Principal
Debido a que la parte tercero interesada ********** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, pronunciándose al respecto el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto del año en curso (foja 476); en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno (fojas 307-342), por una parte se sobreseyó el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado a ******** por conducto de su defensor particular, para el efecto que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, de inmediato, realizara lo siguiente: 1) Dejara insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca número ******** y, en su lugar, 2) Emitiera una nueva resolución en la que resolviera conforme a derecho procediera el recurso de apelación interpuesto por las citadas personas contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, pero en la que se apartara de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. II) Resulta necesario precisar que, en la misma sentencia emitida en el presente asunto, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para que, de inmediato justificara el cumplimiento al fallo protector (foja 340 vuelta), sin perjuicio de que la misma fuera revocada a través del recurso de revisión (lo que no aconteció). III) Así, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la autoridad responsable informó las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa. IV) Posteriormente, a través del oficio recibido en este Juzgado el veintiocho de julio del año en curso (foja 384), la Sala responsable remitió las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VI) Así, en acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno (foja 421) se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; lo cual realizó el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el dos de agosto de la presente anualidad (foja 476). VII) Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria (foja 500) Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, realizó lo siguiente: En auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno (foja 375), la Secretaria de Acuerdos habilitada de la Sala de Guardia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó insubsistente la resolución de seis de noviembre de dos mil diecinueve emitida en los autos del toca ********, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación que los quejosos interpusieron contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ******** y, por ende, se confirmó la legalidad de esa determinación, subsistiendo entonces la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso a los procesados desde la audiencia inicial de diez de febrero de dos mil dieciocho. Posteriormente, dictó la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la determinó lo siguiente: Reiteró dejar insubsistente la sentencia dictada en los autos del toca ********, con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, única y exclusivamente por cuanto hace a los coprocesados ********. Determinó que son parcialmente fundados los agravios que hizo valer el apelante, toda vez que la resolución recurrida viola en su perjuicio el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma del día doce de abril del año dos mil diecinueve). Destacó que la decisión de la Jueza de Control que originalmente decidió imponer la prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados resulta contraria a derecho, al estimar que el ilícito de desaparición forzada de personas es un delito grave, considerado como tal en términos del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando, además, que el Estatuto de Roma debe ser aplicado en el proceso penal de origen al tratarse de un derecho positivo. Indicó que dicha determinación no es acertada pues existen dos cuestiones primordiales que impiden la aplicación de las normas del citado Estatuto, estas son: la voluntad del constituyente en el sentido que el legislador ordinario, de manera excepcional, fuese quien determinara en el ámbito de sus respectivas competencias, qué delitos ameritaban ser calificados como graves para efectos de la imposición de la prisión preventiva oficiosa y, por ello, no es un ejercicio que corresponda al juzgador realizar y que pueda emanar de diversas interpretaciones sustentadas en el criterio que cada juzgador en lo particular considere que es procedente, pues ello implica pasar por alto, por una parte, la voluntad del constituyente y, por otra, inobservar diversos derechos y principios tales como el derecho a la libertad personal, el principio de presunción de inocencia, el de excepcionalidad de la prisión preventiva y la subsidiariedad de las medidas cautelares. Que si en el texto del artículo 19 constitucional vigente en la época en que se impuso la medida cautelar analizada; o en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable en ese momento, no se encontraba expresamente determinado el ilícito de desaparición forzada de personas en calidad de grave, resulta inconcuso que deviene inconstitucional la aplicación de la medida cautelar -de forma oficiosa- en relación con el citado delito. Que el Juez de Control al resolver sobre la revisión de la medida cautelar en fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, inobservó que en fecha diez de febrero de dos mil dieciocho, en la que se decretó de forma primigenia a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el numeral 19 Constitucional no consideraba el delito de desaparición forzada como grave, por ende, violó en perjuicio de los activos el derecho fundamental de legalidad tutelado en el diverso 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se trata de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas; ni tampoco se encuentra entre los previstos en el catálogo que enlista el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, estimó que los agravios expuestos por la defensa, respecto a que no procedía la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa son fundados, y por ende, el Juez de Control no debió confirmar la medida cautelar en esos términos. En tales condiciones, realizó un análisis de la audiencia recurrida, destacando que en ella la Fiscalía se manifestó sobre la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento que se vulnera el contenido del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que la Ley General de Victimas establece que toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de los derechos de las víctimas de delito; resaltó la sala que coincidía con tal argumento porque sí existe un riesgo o un peligro para las víctimas o testigos, atendiendo a los testimonios de las personas de identidad resguardada, al factor común de la amenaza que, de decir algo, harían daño a ellos a su familia, y en cuanto a un imputado tampoco se acreditó el arraigo, por lo que en la audiencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, no se garantizó la comparecencia de los imputados en el proceso, existiendo peligro de sustracción; consecuentemente se estimó que no son suficientes las medidas cautelares que propuso la defensa y que fueron las contenidas en el artículo 155 fracciones I, V y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se considera indispensable la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la diversa de prisión preventiva justificada, la cual se mantendrá por todo el tiempo que dure el proceso. Además, precisó que por cuanto hace a ********, además está siendo procesado por un delio diverso con la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva, sin que la nueva medida violente sus derechos fundamentales. Con las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala responsable resolvió modificar el acto reclamado e imponer a los quejosos ********, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Lo anterior evidencia que se atendieron los lineamientos del fallo amparador, pues se dejó insubsistente la resolución reclamada; asimismo, se emitió una nueva, en la que de nueva cuenta se resolvió el recurso de apelación interpuesto por los quejosos contra la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal número ********, en la que se apartó de las consideraciones que se determinaron ilegales en la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertido que el abogado defensor de los quejosos refiere que existe un exceso en el cumplimiento dado por la autoridad al atender a los argumentos de la Fiscalía e imponer prisión preventiva justificada y no las medidas solicitadas por dicha defensa; empero, atendiendo a los efectos del fallo amparador, la responsable contaba con libertad de realizar el análisis pertinente y resolver lo que estimara ajustado a derecho, siempre que se apartara de las consideraciones destacadas como incorrectas en el fallo amparador, lo que en el caso realizó, al imponer una medida distinta a la primigenia. De ahí que los motivos por los cuales impuso la nueva medida, son ajenos al presente estudio, y, por ende, no evidencian un exceso por parte de la responsable. Por otra parte, dicho abogado defensor refiere que la resolución fue dictada por la Sala de guardia, la cual actuó con un Secretario de estudio y cuenta y no con un magistrado como lo exige la ley, sin embargo, dicha cuestión de igual forma es ajena a los efectos del fallo amparador, antes precisados, por lo no se advierte un exceso en ese sentido. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al toca ********y que obran en un tomo de prueba por separado, al no resultar necesaria su conservación, dado el sentido de la determinación adoptada en párrafos que anteceden. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por un parte se sobreseyó el presente juicio y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo."
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