Daniel García Fernández y Otros.

Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Daniel García Fernández y Otros.
  • Mauricio García Fernández
  • Daniel García Fernández
  • Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, se desprende que transcurrió el plazo otorgado para que la parte quejosa manifestara lo que a su interés conviniera, en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese sentido se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a *******************. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que el fiscal responsable: a) Dejara insubsistente la orden de inmovilización del inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, anotado bajo el folio real R7*80328, realizada mediante oficio 896/2020 de doce de agosto de dos mil veinte, derivado del expediente FEIDAI/UNEED/010/2020, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; debiendo tomar las acciones pertinentes para que el titular de esta última dependencia realizara lo conducente, sin perjuicio de que pudiera emitir otro pero respetando en favor de los peticionarios del amparo los derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 2. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable. 3. En cumplimiento, través del oficio recibido el veintisiete de mayo pasado, el Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio con sede en Guanajuato, capital, informó que mediante oficio 567/2022 de cuatro de abril del año en curso, solicitó al titular del Registro Público de la Propiedad de esta localidad, dejara sin efectos la orden de inmovilización recaída al inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, la cual fue inscrita mediante solicitud 1600648 de doce de agosto de dos mil veinte. Petición que fue ingresada en el portal de internet de gobierno del Estado manejado por el Registro Público de la Propiedad denominado SEGUREnet, emitiéndose para su trámite en la boleta de ingreso con número de solicitud 1691784 de veinte de abril del presente año. 4. Mediante oficio recibido el tres de junio actual en la Oficialía de Partes de este juzgado, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas de la solicitud de trámite 1691784, así como de la boleta de resolución de veintisiete de mayo del presente año, de donde se advierte que en el folio real R7*80328, quedó inscrita la referida solicitud de cancelación de la inmovilización registrada bajo la diversa solicitud 1600648. 5. Con motivo de lo anterior, el quince de junio de dos mil veintidós, se requirió al fiscal responsable a efecto de que remitiera constancia de que dentro del expediente ************** constara cancelación de la orden de inmovilización de referencia. 6. En cumplimiento al requerimiento efectuado en el párrafo anterior, mediante oficio remitido a este juzgado el veinticuatro de junio del año en curso, la autoridad responsable remitió la constancia solicitada. 7. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El fiscal responsable ordenó la cancelación de la orden de inmovilización inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo solicitud 1600648 de doce de agosto de dos mil veinte, que pesaba sobre el inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, anotado bajo el folio real R7*80328. El Registrador Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, inscribió la solicitud de trámite 1691784, mediante la cual se ordenó la cancelación de inmovilización del aludido inmueble, según consta en la boleta de resolución de veintisiete de mayo del presente año. Dentro del expediente FEIDAI/UNEED/010/2020 consta la cancelación de la orden de inmovilización inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que pesaba sobre el inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, anotado bajo el folio real R7*80328, ordenada mediante oficio 896/2020. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. No obsta a lo anterior, las manifestaciones realizadas por el autorizado de los quejosos, relativas a que dentro del expediente del fiscal no consta que se haya dejado insubsistente la orden de inmovilización del bien inmueble en cuestión; así como que sólo consta la respuesta del Registrador Público de la Propiedad, de esta ciudad, sin abundar en lo solicitado por este órgano jurisdiccional. Sin embargo, de las constancias remitidas por el fiscal responsable, así como por la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, se advierte que se dejó insubsistente la orden de inmovilización del inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, anotado bajo el folio real R7*80328, realizada mediante oficio 896/2020 de doce de agosto de dos mil veinte, derivado del expediente ****************, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, como consta en el certificado de gravámenes de dos de junio del año en curso, bajo solicitud 1***********. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión respecto de todos los actos reclamados; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ****************, autorizado de los quejosos; en atención a su contenido, se acuerda: -Como lo solicita el autorizado de los quejosos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los diversos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a descargar las constancias que solicita del expediente electrónico a una memoria USB que proporcione para tal efecto, las que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa cita que genera para tal efecto a través del sistema "Agenda OJ", en el link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, y razón de recibo que se asiente en autos para constancia. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. -Con fundamento en los artículos 77 y 193 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que vierte en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, las cuales podrán ser tomadas en consideración cuando este órgano jurisdiccional determine si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de quince de los actuales remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa con las documentales de cuenta, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se desprende que transcurrió el plazo otorgado en proveído de seis de los actuales, para que la parte quejosa manifestara lo que a su interés conviniera en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en ese sentido se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ****************. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que el fiscal responsable: Dejara insubsistente la orden de inmovilización del inmueble consistente en la fracción *****************, anotado bajo el folio real *************, realizada mediante oficio 896/2020 de doce de agosto de dos mil veinte, derivado del expediente *****************, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; debiendo tomar las acciones pertinentes para que el titular de esta última dependencia realizara lo conducente, sin perjuicio de que pudiera emitir otro pero respetando en favor de los peticionarios del amparo los derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 2. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable. 3. En cumplimiento, través del oficio recibido el veintisiete de mayo pasado, el Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio con sede en Guanajuato, capital, informó que mediante oficio 567/2022 de cuatro de abril del año en curso, solicitó al titular del Registro Público de la Propiedad de esta localidad, dejara sin efectos la orden de inmovilización recaída al inmueble consistente en la fracción ***********************, la cual fue inscrita mediante solicitud 1600648 de doce de agosto de dos mil veinte. Petición que fue ingresada en el portal de internet de gobierno del Estado manejado por el Registro Público de la Propiedad denominado SEGUREnet, emitiéndose para su trámite en la boleta de ingreso con número de solicitud ******************* de veinte de abril del presente año. 4. Mediante oficio recibido el tres de junio actual en la Oficialía de Partes de este juzgado, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas de la solicitud de trámite *********************, así como de la boleta de resolución de veintisiete de mayo del presente año, de donde se advierte que en el folio real ****************, quedó inscrita la referida solicitud de cancelación de la inmovilización registrada bajo la diversa solicitud 1*******************. 5. Con motivo de lo anterior, el seis de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por las autoridades responsables, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El fiscal responsable ordenó la cancelación de la orden de inmovilización inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo solicitud 1600648 de doce de agosto de dos mil veinte, que pesaba sobre el inmueble consistente en la fracción **************, anotado bajo el folio real ************. El Registrador Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad, inscribió la solicitud de trámite 1***************, mediante la cual se ordenó la cancelación de inmovilización del aludido inmueble, según consta en la boleta de resolución de veintisiete de mayo del presente año. No obstante, se estima que la ejecutoria de amparo no ha quedado debidamente cumplida en virtud de que, si bien es cierto que el fiscal responsable dispuso la cancelación de la orden de inmovilización inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que pesaba sobre el inmueble consistente en la fracción 3 de la Hacienda de Rincón de Tamayo, municipio de Celaya, Guanajuato, anotado bajo el folio real *************, ordenada mediante oficio 896/2020 derivado del expediente *****************; también lo es que dicha autoridad, no remitió constancia de que dentro del citado expediente conste cancelación de la orden de inmovilización de referencia. En tal virtud, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR NO HA QUEDADO CUMPLIDO. Por tanto, en términos del artículo 193, párrafo tercero, en relación con el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en el término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento cabal a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En el entendido que de no hacerlo, se harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de veintitrés de mayo de la presente anualidad. En otro orden, visto el primero de los escritos de cuenta signado por René Francisco Velázquez García, autorizado de los quejosos, mediante el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. En cuanto al segundo de los escritos de cuenta; como lo solicita el autorizado de los quejosos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los diversos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a descargar las constancias que solicita del expediente electrónico a una memoria USB que proporcione para tal efecto, las que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa cita que genera para tal efecto a través del sistema "Agenda OJ", en el link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, y razón de recibo que se asiente en autos para constancia. hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.

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