Daniel Frías Casas

Expediente 2569/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2569/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Daniel Frías Casas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el quince de marzo de dos mi diecinueve (foja 43), signado por el Director de Obras Públicas municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit, comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Frías Casas, contra actos del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento. Asimismo, mediante proveído de diez de abril del año en curso (fojas 60 a 61), se dio vista a la parte quejosa, con el referido oficio, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la referida parte el dieciséis de abril del año actual (foja 65); por tal motivo, el término de tres días que le fue otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintisiete de febrero del presente año (fojas 32 a 38), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".la autoridad responsable Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit, en el ámbito de su respectiva competencia, acuerde el oficio recibido el diez de octubre de dos mil dieciocho (visible a fojas 6 a 9) y, por ende, emita respuesta congruente, así como fundada y motivada a cada uno de los puntos solicitados por el peticionario del amparo en el mismo, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, de conformidad con los lineamientos contenidos en la presente sentencia de garantías; en el entendido que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido. De igual forma, deberá notificarle el sentido de la respuesta que pronuncie, levantando sobre el particular la constancia conducente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado." (foja 37). De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Presidente Municipal de Ruiz, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A).- Emitir el acuerdo que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciocho. B).- Notificar al peticionario del amparo su respuesta. Resolución que por proveído de diez de abril del presente año (fojas 60 y 61), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, por oficio por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mi diecinueve (foja 58), signado por el Director de Obras Públicas municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit, de forma anticipada comunicó la manera en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Frías Casas, contra actos del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento y para tal efecto señaló que dio respuesta congruente a la parte peticionaria del amparo, pues remitió copia certificada del oficio dirigido al peticionario del amparo y anexos que sustentan el mismo. Ahora, a fin de declarar cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo indirecto, es necesario verificar si la respuesta otorgada por la autoridad responsable es congruente con lo solicitado por la parte peticionaria. En ese sentido, el quejoso escrito presentó un escrito a la autoridad responsable, mismo que fue recibido el diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 9), en el que solicitó de manera sustancial se suspenda manera inmediata la construcción que está realizando el ciudadano ************, sobre lo que considera forma parte del derecho de vía del Boulevard Tijuanita, en el municipio de Ruiz, Nayarit y en su caso, sea demolida su construcción, ordenando a los Servidores Públicos municipales a fin de que se apeguen a los ordenamientos en materia de derecho de vía y actúen dentro del marco de la Ley. Por su parte, la contestación respectiva fue emitida por el Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit (fojas 45 a 47), sin que resulte óbice para proveer sobre el cumplimiento, el hecho de que la referida contestación se formule por una autoridad diversa de la responsable, ya que ésta puede dar contestación, en tratándose de un inferior jerárquico y que la materia de la petición se vincule con sus funciones, pues con ese carácter resuelve la petición formulada al superior; máxime, que el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit, mediante oficio PRES/3392/2019 (foja 51), le solicitó que acordara la petición de marras. En la referida contestación, le indica que se tiene conocimiento de que el ciudadano José Frías Casas, cuenta con una cesión en arrendamiento, la cual ampara la posesión del suelo donde tiene la construcción, firmado por el Comisariado Ejidal de Ruiz, Nayarit; sin embargo, no tienen certeza jurídica sobre el suelo donde se encuentra construida la obra de rehabilitación y modernización del Boulevard Tijuanita, ya que al parecer, sobre esa parte se recibió en donación por parte del Ejido de Ruiz, Nayarit; acto jurídico cuyo documento fue siniestrado (foja 46), por lo cual realiza las investigaciones correspondientes a fin de obtener copia del mismo. Por tales motivos, se advierte que la petición es congruente con lo solicitado; por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que obste a lo anterior, que no obre constancia de que se hubiere notificado de manera personal al quejosa la referida contestación, toda vez que el mismo tuvo conocimiento del mismo en la vista que le fue otorgada por este Juzgado; además, de que compareció y recibió copias de dichas constancias, por haberlas solicitado (foja 61 vuelta). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el ocurso de cuenta, signado por el Diputado en funciones de Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al proveído de tres de abril del año en curso, indica las constancias que a su consideración estima se deben remitir al Tribunal Colegiado en Turno, para la resolución del recurso de queja interpuesto por el Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, agréguese a sus autos, para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINEVE. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados por el Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Nayarit y el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad y anexos, mediante los cuales en cumplimiento al proveído de cinco de marzo del año en curso (foja 64), remiten las constancias que les fueron solicitadas; en consecuencia, agréguense a sus autos el oficio de cuenta y anexos para los efectos legales correspondientes y dese vista a la parte quejosa con las documentales que adjuntaron para que manifieste lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el tres de enero de la presente anualidad (fojas 36 a 43), por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que resulte necesario realizar el cómputo de dicho término para la responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, en virtud de que ésta es un órgano jurisdiccional y, por tanto, carece de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento del laudo. Consecuentemente, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, los dos tomos de pruebas del juicio laboral 235/2005 que anexó a su informe justificado.

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