Daniel Francisco Morales Pastor
Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Daniel Francisco Morales Pastor
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Daniel Francisco Morales Pastor y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, el quejoso ******, por conducto de su apoderado *****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por la omisión de concluir el desahogo de las pruebas en el juicio laboral ****. II. Seguida la secuela procesal en todas sus formalidades, con fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: Realice las actuaciones necesarias para que se desahogue las pruebas de informe, con cargo al módulo del Sistema de Administración Tributaria, con sede en Acapulco, Guerrero y de inspección ofrecida por la parte actora. III. Luego, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva ordenándose requerir el cumplimiento de la misma a la autoridad laboral responsable. IV. Enseguida, y después de múltiples requerimientos la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por oficio 5192/2022, remitió el cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual anexó diversas constancias, entre las que se encuentra copia certificada de la diligencia de seis de abril de dos mil veintidós, a través de la cual llevó a cabo la inspección judicial, así como el oficio 700 29 00 01 00 2022 000417 a través del cual el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente Guerrero 1, desahogó la prueba de informe, todo ello dentro del juicio laboral ****. V. Por tanto, con lo anterior se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió el lineamiento establecido en la misma, esto es, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, misma que tuvo verificativo el seis de abril de dos mil veintidós, así también mediante oficio 700 29 00 01 00 2022 000417 el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente Guerrero 1, desahogó la prueba de informe, todo ello dentro del juicio laboral *****. Con lo anterior, se dio vista a las partes mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora al certificar la conclusión de pruebas pendientes por desahogar en el juicio de origen. VII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. VIII. En razón del o anterior, y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del referido Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede; empero, sí obran copias certificadas que anexó la autoridad responsable como pruebas documentales (un tomo). Por tanto, como se dijo antes, de autos se aprecia que obran diversas constancias que anexó la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Laboral responsable, al momento de desahogar un requerimiento realizado en autos (un tomo de pruebas); por tanto, devuélvase a su lugar de origen, en el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo se tomará como acuse de recibo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintitrés de junio de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee y córrase traslado con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual informa los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, sin cumplirla en su totalidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, cumpla en su totalidad con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, O EN SU CASO, INFORME LOS TRAMITES QUE SE ENCUENTRE REALIZANDO PARA DESAHOGAR LA PRUEBA DE INFORME CON CARGO AL MÓDULO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO. Lo anterior, implica que deberá realizar los acto necesarios para obtener el desahogo de dicho medio de convicción. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de junio de dos mil veintidós. Visto estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, no ha dado total cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, cumpla en su totalidad con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: 1. Realice las actuaciones necesarias para que se desahogue las pruebas de informe, con cargo al módulo del Sistema de Administración Tributaria, con sede en Acapulco, Guerrero y de inspección ofrecida por la parte actora. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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