Daniel Francisco Dominguez

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Daniel Francisco Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL FRANCISCO DOMÍNGUEZ y MARÍA GUADALUPE REMIGIO DOMÍNGUEZ, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Hechos de Tránsito de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 686/2019-I que por orden le corresponde. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante en común a DANIEL FRANCISCO DOMÍNGUEZ. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Así las cosas, de oficio, se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia consignada en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que a letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Se actualiza la causal de improcedencia invocada en virtud de que, el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que el juez penal no se ha pronunciado sobre el acuerdo reparatorio solicitado en la causa penal JC/878/2018. En efecto, de los antecedentes relatados por la parte quejosa en su demanda de amparo, se deprende lo siguiente: El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el Juez de Control de la causa penal JC/878/2018, suspendió el procedimiento por el plazo de treinta días, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo reparatorio. El dieciséis y diecisiete de mayo del año en curso, con la intervención del Centro de Justicia Administrativa de la Zona Metropolitana en Cuernavaca, Morelos, en el expediente CJA/SC02/0306/2018-10, las partes llegaron a un arreglo patrimonial. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el agente del Ministerio Público responsable manifestó a las partes que no autorizaría el acuerdo reparatorio al que habían llegado por no cubrir con las expectativas económicas y que el procedimiento oral seguiría su curso. De igual modo, refieren los quejosos que en el procedimiento de origen se señaló el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve para el verificativo de la audiencia intermedia ante el Juez de Control. Ahora, debe precisarse que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Visto lo anterior, así como de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se aprecia que la etapa procesal en que se encuentra la causa penal de origen JC/878/2018, es la etapa de investigación complementaria ya que a la fecha no se ha celebrado la audiencia intermedia, y a la data de la presentación de la demanda de amparo el juez no se ha pronunciado sobre el acuerdo reparatorio, conforme lo prevé el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señala: "Artículo 190. Trámite (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 2014) Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción." En consecuencia, si el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento penal y el juez no se ha pronunciado sobre la aprobación del acuerdo reparatorio, mientras que los numerales 61, fracción XXIII, y 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, establecen que el amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o tratados internacionales; entonces, el juicio es improcedente. Ello es así, porque de los citados numerales interpretados en sentido contrario, se colige que el amparo resulta improcedente contra aquellos actos en los que no existe ejecución irreparable, esto es, aquellos en los que las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, que es hasta la emisión de una sentencia definitiva. En efecto, los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, son aquellos en los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según se definió por el artículo 107 del mencionado cuerpo legal, en su fracción V. No obsta a la anterior consideración, el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de la materia, señala que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra normas generales por cuestiones surgidas dentro del juicio se atenderá a los efectos que producen, pues si entrañan una reparación posible por no afectar derechos sustantivos, si no se trata de una violación procesal predominante, sólo podrá hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva. Es así, porque la regulación específica de procedencia del amparo vía indirecta está en el artículo 107, y se complementa con el artículo 170, que regula el amparo directo, en ese específico supuesto, que no puede ser base para desconocer el texto claro del artículo 107. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.A. J/10 (10a.) de la Décima Época, con registro 2006339, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se lee en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, materia común, página 1570, del rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). En ese orden de ideas, las posibles violaciones en el acto tildado de inconstitucional en la presente instancia, consistente en la negativa por parte del Ministerio Público responsable de autorizar el acuerdo reparatorio al que llegaron las partes en el procedimiento penal, son susceptibles de repararse cuando el Juez de control resuelva la probación o no del acuerdo reparatorio, por lo que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente. En ese orden de ideas, el acto que se reclama, no deja sin defensa a los ahora quejosos, ni constituye una violación de carácter irreparable, pues únicamente afecta derechos adjetivos o procesales y no así algún derecho fundamental. Luego, el acto combatido, como se estimó, no puede considerarse como actos cuya ejecución tenga efectos de imposible reparación, en virtud de no producir de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental, sino la infracción de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales, que son intrascendentes si el afectado obtiene una sentencia favorable y, en caso contrario, podrá lograr su reparación en el amparo que promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo en cuestión. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) de la Décima Época, con registro 2011338, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III , materia común, página 1902, del rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Ahora bien, toda vez que la ley de la materia no contempla el medio que refiere para efectos de oír y recibir notificaciones, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene por autorizada a la persona indicada en la demandada para los efectos que refieren. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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