Daniel Flores González

Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
141/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Daniel Flores González

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO. Se declara que el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, mediante el cual ******************** apoderado legal de ********************, autoriza a diversas personas para oír y recibir notificaciones, sin revocar a los ya autorizados. AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en los términos que indica a la personas que designa.

  3. Principal

    |de conformidad cone l articuñlo 27, fraccion i inciso c, de la ley de amparo, se notifica al quejsoo el auto de treinta y uno de enero por medio de lista el cual dice: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Lorenzo Fernando Díaz Becerril, en su carácter de apoderado legal de Daniel Flores González, personalidad que dice tener reconocida ante la responsable, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otra autoridad; por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número 141/2017-IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: 1. Acuerdo dictado en audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el cual se señala fecha para recibir la prueba pericial caligráfica, grafoscopia, grafológica, documentoscopia y dactiloscopia. Al respecto, se advierte la actualización del motivo de improcedencia derivado del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esto ya que el acto reclamado no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que, se trata de una determinación que afecta derechos procesales de la parte quejosa en el juicio laboral de origen, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal). Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado referido no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa no se trata de los que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una deerminación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el asunto que nos ocupa, la aquí autoridad responsable determinó señalar fecha para el desahogo de diversas probanzas. En esas condiciones, se estima que dicho acto se considera que se trata de una violación procesal porque únicamente continua con la etapa probatoria del juicio de origen, lo que se traduce en continuar con el sumario hasta el dictado del laudo respectivo, el cual podrá ser o no favorable a la parte quejosa, y dicha violación podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el citado sumario laboral, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), al combatirse la resolución que resuelva el citado expediente; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal que sólo tiene por efecto que se siga el juicio, y sólo repercutiría al momento de pronunciar el laudo respectivo en caso de que se emita una sentencia condenatoria en contra del quejoso, por lo cual, no se advierte una afectación "material" de derechos sustantivos, de ahí que el acto reclamado no se considere como de imposible reparación, reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia favorable. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En esas condiciones, se afirma que el citado acto reclamado no afecta "materialmente" derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, por el contrario, se sostiene que se trata de un acto que no toca por sí tales valores, sino que en su caso, produce la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse el expediente en la cual se emitió, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y éstos actos se actualizan respecto de los llamados En razón de lo expuesto, y una vez que han quedado demostradas las causales de improcedencia invocadas, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo y al tratarse el acto reclamado de una violación procesal, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa y como autorizados a las personas que señala en los términos que indica, en razón a la materia que se estudia.

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