Daniel Fernando Urrutia Villalba
Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Fernando Urrutia Villalba
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en el que tuvo por desechada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por *****; mediante el cual cumple la prevención decretada en autos, por tanto, se provee como sigue: 1) Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en lo que interesa, relativa a la falta de interés jurídico, puesto que tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales -como sucede en este asunto-, la parte quejosa tiene ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, para que resulte procedente el juicio de amparo. Lo anterior, ya que en el caso, el quejoso reclama el citatorio de siete de mayo de dos mil veintiuno, diligenciado dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, el cual se encuentra dirigido a *****, en su carácter de demandado, en dicho juicio, en el que se asentó que se dejaba en poder de Daniel Fernando Urrutia Villalba, -aquí quejoso-, al haber señalado bajo protesta de decir verdad ser yerno de la persona buscada. Sin que se inadvierta que la parte quejosa señale que reclama un requerimiento de pago, no obstante, de los hechos que narra y de la documenta que anexa, respecto del citatorio que se le dejó el siete de mayo de dos mil veintiuno, se advierte que lo que reclama no es una diligencia de requerimiento de pago y embargo, sino que reclama que es el citatorio que se le dejó en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, con la finalidad de efectuar una diligencia en contra del demandado en dicho juicio. Cabe señalar al respecto, que el quejoso señala en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir que no es parte en dicho juicio, lo que se corrobora con el hecho de que el referido citatorio le fue entregado a tal quejoso, en virtud de que el actuario adscrito asentó que se trataba del yerno de la persona buscada, asimismo, se tiene también que dicho amparista sostiene que tal citatorio le causa afectación en virtud de que fue entregado en un domicilio el cual refiere que tiene en arrendamiento, de donde se deduce que el quejoso intenta promover el presente juicio de amparo con base en argumentos que en todo caso darían origen a un interés legítimo, empero, no a uno jurídico, en tanto que sin ser parte en el juicio mercantil de donde derivan los actos reclamados, y sin que se le haya afectado de forma personal y directa un derecho sustantivo en el mismo -tales como el embargo de bienes-, sostiene que se le produce una afectación a su esfera jurídica por su especial situación frente al orden jurídico, al buscarse al demandado en dicho juicio en el domicilio que arrenda. Y se dice que el quejoso no pretende defender un interés jurídico, pues no se ostenta con el carácter de tercero extraño auténtico, en tanto que conforme a la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Séptimo Circuito, de registro 177771, de rubro "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO", ese carácter le asiste a aquél que sin ser parte en el juicio se le desposee de un bien sobre el cual defiende tener un título de propiedad o posesión, no obstante, el aquí quejoso no postula dicha cuestión, sino que lo que refiere es que le causa afectación que se haya llevado a cabo una diligencia -citatorio- en el domicilio que aduce rentar a su favor, siendo ilustrativa al respecto por las consideraciones que la informan la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro 256376 "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable que el auto de referencia, por sí solo, no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la ley reglamentaria del juicio constitucional." Luego, es que el quejoso carece de interés jurídico para promover este juicio de amparo, en tanto que el citatorio que reclama no le causa una afectación personal y directa a sus derechos, al no ser parte en el juicio ejecutivo en cuestión, lo que evidencia el hecho de que dicho citatorio no está dirigido a su persona sino que fue emitido directamente en contra de ******, al ser propiamente el demandado en el juicio de origen. Y en esos mismos términos, aun cuando el mismo tiene como finalidad llevar a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo, tal diligencia también va dirigida en contra del demando en el juicio de origen, puesto legalmente conforme al artículo 1393 del Código de Comercio en el que se fundó dicho citatorio, ese requerimiento de pago se hace respecto del demandado y en consecuencia, tal embargo debe de ser en cuanto a sus bienes, como ilustra la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 254937, del contenido siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución. Siendo precisamente por ello, que actualmente la orden que existe y que es real y actual es un citatorio dirigido exclusivamente en contra del demandado en el juicio, lo que no genera un interés jurídico a favor del quejoso, pues legalmente, un eventual embargo fundado en dicho citatorio, tendría que ser practicado en el domicilio del demandado una vez que el actuario en cuestión se cerciorara que vive en el mismo, y en todo caso debería ser trabado sobre bienes propiedad de dicho deudor. Aún más, tal cuestión se advierte considerando que el citatorio en cuestión le fue entregado al aquí quejoso el siete de mayo de dos mil veintiuno -hace aproximadamente un mes-, y conforme al artículo 1393 del Código de Comercio en el que se fundó dicho citatorio, la diligencia posterior tiene que efectuarse dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, sin que en el caso así haya acontecido, lo que corrobora que el quejoso no cuenta con un interés jurídico para combatirlo, pues el acto reclamado se encuentra dirigido a persona diversa, y la eventual práctica de una diligencia derivada del mismo, resulta un acto futuro e incierto, al ya haber dejado de surtir efectos legales. No razonarlo así, implicaría que el juicio de amparo podría ser procedente respecto de cualquier actuación -incluyendo todas las notificaciones en un juicio-, emitidas en una controversia civil, sustentando el quejoso su reclamo en que eventualmente se le podría afectar sus derechos, porque la notificación de cierta actuación fue realizada en el domicilio que aduce ocupar, cuestión que es contraria a la teleología del juicio de amparo, el cual constituye un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad la protección de derechos y no la de un medio de defensa especulativo instruido para entorpecer y paralizar juicios con base en apreciaciones subjetivas de posibles afectaciones que podrían ocurrir con motivo de la sustanciación de los mismos. Por todo ello, es que se concluye que el aquí quejoso carece de interés jurídico para reclamar los actos pretende impugnar en el presente juicio de amparo, pues no se encuentran defendiendo ningún derecho propio, que sufra una afectación personal y directa, como lo exige el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades judiciales -como los que aquí impugnan-. Sin que el hecho de que el quejoso pretendan sustentar su reclamo en hechos que en todo caso, sustentan un interés legítimo, con base en que por su especial situación en el orden jurídico -arrendatario de un bien inmueble-, le puede causar afectación un acto que no va dirigido a su persona; pueda hacer procedente el juicio de amparo en cuestión, ya que tal cuestión está expresamente prohibida por el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que en su literalidad establece que tratándose de actos y resoluciones provenientes de autoridades judiciales la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo que corrobora el proceso legislativo de la reforma constitucional que dio origen a dicha Ley de Amparo, consistente en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas partes de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el de seis de junio de dos mil once, en el que, entre diversas cuestiones, se positivizó la figura del interés legítimo dentro del juicio de amparo, que posteriormente fue trasladado a la Ley de Amparo actualmente vigente, entre otros preceptos en su artículo 5º, fracción I, en cita. Se afirma lo anterior, ya que en el Dictamen de la Cámara de Senadores de diez de febrero de dos mil nueve, que dio origen al precitado decreto, se señaló que la figura del interés legítimo se encontraba excluida respecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, al considerarse que en estos casos se estaba discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tenían las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación a ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría tal equidad procesal la cual era siempre necesaria mantener. De allí que resulte incuestionable que sólo la demostración de un interés jurídico permite la promoción de un juicio en los casos en que se reclaman actos de autoridades judiciales, sin importar si el quejoso cuenta o no con un interés legítimo, ya que aún en el supuesto de que contará con interés legítimo y no con uno jurídico, se seguiría actualizando la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la propia Ley de Amparo, ya que en éstos casos, se insiste, exclusivamente se permite su promoción para la defensa de un interés jurídico. Luego, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que los actos jurisdiccionales reclamados por el quejoso no afectan su interés jurídico, requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo en estos casos, es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de lo narrado por el quejoso bajo protesta de decir verdad -lo que constituye una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de este última-, en la propia demanda y en su escrito aclaratorio, así como de los documentos que anexó a los mismos, se advierte que el quejoso reclama un citatorio emitido en un juicio en el que no es parte y el cual no se encuentra directamente dirigido en su contra. Cuestión que resulta más evidente, pues no variarían las pruebas que ahora se tienen para resolver con las que se tendrían para dictar sentencia, ya que se cuenta con la actuación que constituye el acto reclamado, la cual, se insiste, el propio quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que era concordante con la emitida en el juicio de origen, por lo que de permitir el trámite del presente juicio de amparo, de ser improcedente, en todo caso, más que un beneficio, le causaría una afectación a su derecho de acceso a la justicia, al generarle faltas expectativas, para finalmente dictar en su contra una resolución final en el mismo sentido, lo que incluso podría generar que consienta actos posteriores, al considerar que mediante la promoción del presente juicio de amparo los mismos pueden ser anulados. Siendo además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se puede desechar una demanda de amparo por falta de interés jurídico y/o legítimo, cuando su ausencia se desprenda de la titularidad del derecho que defiende la parte quejosa (en su cuestión de derecho), desprendida de los hechos y de su situación frente a los actos reclamados, y no en la falta de la acreditación de ese derecho (cuestión probatoria), pues en éstos casos dicha causa de improcedencia sería notoria y manifiesta, ya que con independencia de que acredite o no la titularidad del derecho de defiende, no cambiaría el hecho de que de ninguna forma esa prerrogativa otorga un interés jurídico o legitimo requerido para la procedencia de un juicio de amparo, como se puede visualizar, por identidad jurídica sustancial, en los argumentos contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 201443, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Cuestión que es precisamente lo que acontece en el asunto de estudio, pues el quejoso postula que le causa afectación un citatorio que fue emitido en contra de un demandado diverso, dentro de un juicio en el cual no es parte -cuestión de hecho-, sustentado en que renta el lugar en que fue notificado, -cuestión de derecho-, de lo que se obtiene que dichas cuestiones por sí mismas aún de comprobarse y ser ciertas, no le otorgan un interés jurídico para promover el juicio de amparo, de allí que la falta de interés jurídico que se sustenta en el presente juicio no sea por falta de elementos probatorios sino porque el derecho que pretende defender el quejoso por sí mismo no le otorga el interés jurídico necesario para promover un juicio de amparo en contra de actuaciones emitidas dentro de un juicio del que no es parte. Lo expuesto, máxime que en el caso, también aplica la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, pues como ya se precisó, el citatorio reclamado fue emitido el siete de mayo de dos mil veintiuno,-hace aproximadamente un mes-, y conforme al artículo 1393 del Código de Comercio en el que se fundó el mismo, la diligencia posterior tiene que efectuarse dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, sin que en el caso así haya acontecido, siendo que en todo caso, de emitirse un acto posterior al mismo, sería dicho acto el que por vicios propios afectaría al quejoso, pues el referido citatorio jurídicamente ya cesó en sus efectos. Notifíquese personalmente
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