Daniel Fernando Sosa Gutiérrez
Expediente 258/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Fernando Sosa Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de amparo de cuatro de diciembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión, en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. IV-B
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio, promovido por DANIEL FERNANDO SOSA GUTIÉRREZ, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LAS PARTES. IV-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio DOAX-5412/2018, recibido por correo electrónico y signado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio 1434, de tres de octubre del año en curso, comunica que designó a la licenciada Alicia Méndez Morales, como representante especial de los menores de edad identificada con las siglas D.M.S.B., D.G.S.B., K.G.S.B. y F.N.S.B. En atención a lo anterior, requiérase a la licenciada Alicia Méndez Morales, para que comparezca en días y horas hábiles ante este Juzgado debidamente identificada para los efectos de la aceptación, protesta y discernimiento del cargo conferido, y en la diligencia respectiva deberá excusarse de conocer del mismo cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo, o manifestar bajo protesta de decir verdad que no tiene ninguno de los impedimentos legales, al aceptar su nombramiento y protestar el cargo. Notifíquese y personalmente a la licenciada Alicia Méndez Morales, en su domicilio oficial. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de octubre de dos mil dieciocho. Visto los autos, y con la finalidad de garantizar la protección de los intereses directos de los menores D. M., D. G., K. G., F. N., de apellidos S. B. (de quienes se omiten sus nombres y apellidos completos); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Amparo y normativo 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, envíese oficio a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que a la brevedad, designe a un asesor para que actué como represente especial de los citados menor en este asunto; para tal efecto, anéxese copia de la demanda de amparo promovida por el quejoso Daniel Fernando Sosa Gutiérrez, así como de la copia que anexó a la misma. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su contenido, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1984 con el número 1.5 P. 70, Tomo XXXI de mayo de 2010, con registro electrónico 164567, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y contenido siguientes: MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO POR SU PROPIO DERECHO, RECLAMANDO ACTOS RELATIVOS A SUS INTERESES RESPECTO A SUS HIJOS, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DEBA NOMBRAR A ÉSTOS UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS A FIN DE GARANTIZAR LA IMPARCIAL PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIRECTOS DE LOS INFANTES. Los progenitores no pueden acudir en representación de sus menores hijos al juicio de garantías en los casos donde el acto reclamado tenga su origen en una averiguación previa derivada del conflicto de intereses de los padres sobre ellos, por lo que para garantizar la imparcial protección de los intereses directos de los infantes, el Juez de amparo debe nombrarles un representante especial para que intervenga en su nombre en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para admitir la demanda promovida por alguno de los progenitores en defensa de sus propios intereses jurídicos respecto a sus hijos, si el mismo acto reclamado afecta a cada uno de manera diferente, verbigracia, mientras aquéllos se ven afectados en sus derechos de guarda y custodia respecto de los menores, éstos pueden ubicarse como quejosos con intereses diferentes e incluso contrarios, toda vez que viven las consecuencias del conflicto de intereses de sus padres. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para llevarla a cabo. Notifíquese. IV-A
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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