Daniel Fernandez Molina
Expediente 426/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Fernandez Molina
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se agrega en autos para que conste como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, remita copia certificada de la notificación realizada a la parte actora, respecto del auto de tres de mayo de dos mil veintiuno; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso el acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por el quejoso Daniel Fernández Molina, por el que subsana la prevención formulada en auto de treinta de abril del año en curso. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Causales de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice, de modo que aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular, se reclama: -El auto de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, con sede en Cuautla, Morelos, en el procedimiento ******, en el que tiene al Fiscal Regional de la Zona Oriente, formulando acusación en contra del quejoso. Causal de improcedencia. De una revisión efectuada al escrito de demanda, se considera que, con relación al acto reclamado en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J-6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.???????????? XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377-2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1 Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2 Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P.-J. 37-2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO ?????? INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P.-J. 4-2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por nuestra Carta Magna o en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que sólo inciden en cuestiones de carácter procesal. Se afirma lo anterior, toda vez que lo reclamado no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, pues se trata de cuestiones procesales, que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. Sobre el particular, son de invocarse las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P.-J. 4-2001 PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, página 39, registro 2006589. Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia - que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales."4 Expuesto lo anterior, como ya se indicó del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en el auto de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, con sede en Cuautla, Morelos, en el procedimiento *******, en el que tiene al Fiscal Regional de la Zona Oriente, formulando acusación en contra del quejoso. Actos que no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena, sino que simplemente son actuaciones del procedimiento derivado del juicio relativo a las pruebas y acontecimientos que acaecerán en la audiencia intermedia; por tanto, se puede afirmar que, tanto el acuerdo reclamado, no afecta materialmente derechos sustantivos, lo que, sin duda, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 19, Junio de 2015, Tomo I. Tesis: 2a. L-2015 10a.. Página: 1069.????? genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En efecto, conforme el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el precepto 347 del mismo código. Por tanto, el auto dictado en el proceso penal acusatorio en el que se señala fecha para la celebración de la audiencia intermedia y el no decretar el sobreseimiento del proceso, no son actos de imposible reparación, Se explica, el hecho de que el imputado haya sido citado para la audiencia respectiva no afecta derechos sustantivos ni es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Es así, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 341 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que una vez señalada la fecha para a la celebración de la audiencia intermedia, la cual no deberá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales, y que previo a la celebración de ésta, a petición de la defensa podrá diferirse una vez expuestas las razones de su solicitud. Asimismo, que al desarrollarse la audiencia intermedia el Ministerio Público expondrá su acusación, seguido de la exposición de la víctima u ofendidos y el acusado por sí o por conducto de su defensor, podrán presentar las incidencias que consideren relevante de exhibir y, a continuación, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme lo dispuesto en dicho código procesal. En ese contexto, tampoco puede considerarse que el hecho de que el juez de la causa no emita el sobreseimiento solicitado incida directamente un derechos sustantivo, toda vez que, como se dijo, en la citada audiencia el acusado puede hacer valer las incidencias del proceso que considere relevantes, como en el caso, que se haya recibido la acusación cuando él afirma que se debió sobreseer la causa. Así, contrariamente a lo aducido por el quejoso, no pueden considerarse coartados los derechos de adecuada defensa, libertad y debido proceso, en primer término, porque la defensa puede solicitar el diferimiento de la audiencia en 5 "Artículo 341. Citación a la audiencia El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento." "Artículo 344. Desarrollo de la audiencia Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código. cuestión para los fines que estime convenientes, posteriormente, de celebrarse la audiencia intermedia, no puede decirse que se afectan derechos sustantivos, pues en dicha audiencia puede exponer los motivos y defensas que estime acertados, aunado a que puede proveer las excepciones que procedan conforme al citado código adjetivo. De ahí que dichos actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable al no producir afectación material a derechos sustantivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino como una violación de carácter adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que se presenta dentro de éste como parte de la prosecución del trámite que prevé la ley; además que tales actos pueden quedar subsanados con posterioridad si la sentencia que llegue a dictarse en el expediente natural es favorable a sus intereses, y en caso de que sea adversa, podrá plantear, en su oportunidad, tal cuestión como agravio en la vía que corresponda; de ahí que se actualice la causa de improcedencia de referencia. Al respecto, por las razones que la contienen, cabe citar la tesis XVII.1o.P.A. J-15 (10a.), de rubro y texto siguientes: AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Por lo tanto, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, apoya lo anterior la tesis de rubro y texto: FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Registro 2015330, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Página 2265. juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada. Prevéngase al promovente para que, dentro del término, de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo con copias suficientes para las partes: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, exponga los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues omitió tal requisito. ...No se inadvierte que el promovente refiere "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto:", sin embargo no lo hace en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, por lo que no puede tenerse por satisfecho dicho requisito. SEGUNDO. En vía de antecedentes, del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si el recurso de revocación, a que hace alusión en el punto 8 del capítulo de antecedentes, ya fue resuelto, y el sentido en que se resolvió, o en su caso, el estado procesal en que se encuentra dicho asunto; ello en razón de que adujo que contra la resolución que en esta vía combate, interpuso el citado medio de impugnación, a saber: Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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