Daniel Fabila Montalvo

Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1032/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Fabila Montalvo
  • Magistrados que integran la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que en proveído de seis de noviembre de este año, se agregó el informe justificado rendido por la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, el cual fue notificado el siete siguiente, de ahí que solo han transcurrido cuatro días hábiles para que las partes tengan conocimiento del contenido de dicho informe; por tanto, a efecto que las partes tengan conocimiento del referido informe con la debida anticipación de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; la audiencia constitucional se difiere para las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco del tomo XI, abril del 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Es aplicable también la tesis de jurisprudencia 2a./J 21/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento cincuenta y uno del tomo XXVII, marzo de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Incidental

    Audiencia incidental. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia incidental, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1032/2023 entre las que se encuentran las siguientes: (i) copia simple de la demanda de amparo, (ii) acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, donde se acordó el escrito de demanda y se proveyó sobre la suspensión provisional solicitada, e (iii) informe previo del Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, el secretario da cuenta al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con un escrito firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y con el informe previo que rinde la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con registros 11573 y 11599. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo en vigor, expídasele copia certificada de la resolución que en su momento se dicte en este incidente de suspensión. De igual manera, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe previo con que da cuenta el secretario. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar que las partes no exhibieron pruebas, se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace relación de los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1032/2023, promovido por ********************, contra el acto de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades señaladas como responsables han vulnerado en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE El seis de octubre de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del siguiente acto reclamado: La resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de la ejecución del acto reclamado. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, admitiéndose a trámite, donde quedó registrada con el número 1032/2023, solicitó informe previo a las responsables. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar - por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, convinieron en la existencia del acto reclamado. V. ANALISIS SOBRE LA CONCESIÓN o NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Análisis sobre la procedencia de la suspensión. Previamente a determinar sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, se transcribirá el precepto 128 de la ley de la materia, que establece los requisitos que el juzgador debe observar para conceder una medida de esa naturaleza y se precisaran los actos que se tildan de inconstitucionales: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese orden, de acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. De modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el normativo 128 de la ley de mérito para conceder la suspensión, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitaran los agraviados (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aún ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fueran los agraviados, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse a los quejosos no fueran de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondrían en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, puesto que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado ordinal 128. Ahora bien, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Las consecuencias de hecho y de derecho que deriven de la ejecución del acto reclamado. Por lo que solicita la suspensión de los actos reclamados de forma genérica, es decir, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Como se estableció previamente, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para conceder la medida cautelar, los cuales son los siguientes: 1) Que lo solicite el quejoso. 2) Que no se contravenga el orden público y el interés social. La primera exigencia está satisfecha, en razón que el quejoso solicita de manera expresa la suspensión del acto. Y en relación al segundo requisito de procedibilidad, consistente en que con la concesión de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, a consideración de este juzgador con la medida cautelar otorgada no se realiza dicha afectación. Resulta pertinente señalar que el Alto Tribunal del País ha sostenido que el juez de amparo puede conceder la suspensión para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por el quejoso. En ese contexto, sostuvo que del numeral 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el Juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. El Alto Tribunal del País ha indicado que la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 14, Materia Constitucional, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, registro 2019200, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro: Continúe con las etapas del procedimiento en el juicio ******************** de su estadística sin dictar la sentencia respectiva. De mismo modo, surte sus efectos desde luego, en términos del artículo 132 y 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe, en el término de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional) a favor de este Juzgado, en cualquiera de las formas establecidas en la ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros con motivo del otorgamiento de esta medida cautelar. Dicha cantidad se fija de manera discrecional en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores elementos de la condena dictada en el juicio civil de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.2o.C. J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página mil doscientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo veinte, diciembre de dos mil cuatro, materia común, novena época, de conformidad con lo dispuesto el citado precepto Sexto Transitorio de la ley de la materia, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." La medida suspensional que se otorga surtirá sus efectos sólo en el supuesto que a la fecha en que se emita este acuerdo no se haya dictado la sentencia correspondiente en el juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, estará vigente hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución ejecutoria que en cuanto al fondo del asunto se pronuncie. En mérito de lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva al quejoso ********************, por las razones expresadas en el apartado V de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe previo descrito en la cuenta; con el contenido de tal instrumento dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Feliciano Humberto Santos Rojas, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada en oficio CCJ/ST/5471/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente, asistido de Felipe Hernández López, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano