Daniel Estrada Vega
Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Daniel Estrada Vega
- J. F. E. T.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó (fuera de audiencia) el presente juicio de amparo. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó firme el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y el duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, conforme al Capítulo 7.1.1, inciso 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado con antelación; lo anterior, dado que si bien se concedió la suspensión provisional, empero se negó la definitiva en el presente asunto. Certificación de carátula. Se ordena al (a la) Secretario (a) certifique que las carátulas de los expedientes original y duplicado del presente incidente, contienen impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *****, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo dictado el diecinueve de octubre del año en curso. Disco versátil digital. Respecto al anexo que remite consistente en un disco óptico, guárdense para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. (.)" Así pues, la lectura de tal precepto legal obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial o en alguno administrativo seguido en forma de juicio, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deban estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento relativo. En relación con la causa de improcedencia de que se trata, cabe acotar que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica. Desde luego, la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: i. La detención realizada por una autoridad no jurisdiccional. ii. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. iii. La prisión preventiva que se comienza con la vinculación al proceso. iv. La sentencia de primera instancia y, en su caso, la de segunda instancia. v. La que abarca la fase de ejecución de la pena relativa. Sin duda, cada situación jurídica excluye a la que antecede, motivo por el cual cuando por actos posteriores cambia la situación jurídica de los quejosos, deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones atacadas, pues no podría decidirse sin afectar a la nueva situación jurídica creada. Con lo anterior se tiene que el cambio de situación jurídica debe entenderse como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los que es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de manera que pueden subsistir con independencia de que los previos sean ilegales, por lo que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica ya existente y, como consecuencia, acarrean la propia irreparabilidad jurídica, en su caso, de los vicios constitucionales que se hayan realizado en el procedimiento de que se trate. Por tanto, para que se surta la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que se demuestre no sólo que se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento y que al promoverse la vía constitucional la parte impetrante se halla en un estado jurídico determinado, sino también que después de admitida la demanda sobrevino otro acto en el procedimiento, así como que entre el acto reclamado y el nuevo acto no existe una relación de causalidad tal, que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y que, al producirse el nuevo acto, se agotaron los efectos del acto inicialmente atacado, creándose frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derivó de este último. En el caso concreto, la parte quejosa señalo como acto reclamado el siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Se señala como autoridad responsable, al C. Fiscal del Ministerio Público Adscrito en turno de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la vida, zona Mexicali (.) B) Se señala como autoridad responsable de las detenciones mencionadas a la policía municipal que puso a disposición del hoy quejoso y de mi menor hijo que nos llevó a la comandancia (.) C) De la Primera autoridad, Fiscal del Ministerio Público Adscrito en turno de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la visa, zona Mexicali: por violación a los derechos de ambos detenidos al no sujetarse a las leyes correspondientes, desde el momento de la detención hasta ejecutar la acción penal, también se reclama la omisión de acordar las peticiones realizada en procedimiento que se indica más adelante. D) De la Segunda autoridad, Policía Municipal que los trasladó a la comandancia (.); por violación a los derechos al no sujetarse a las leyes correspondientes, desde el momento de la detención y/o aprehensión realizada en contra de mi esposo **** y su menor hijo (2) ***. IV.- ACTO RECLAMADO.- Detención Ilegal e Incomunicación (.)." Sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, y que remitieron la Jueza de Control para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Baja California consistente en un disco compacto que contiene la audiencia inicial y de vinculación a proceso relativa al menor de edad con iniciales ***, por el delito de homicidio calificado, en el expediente NUC ***, Causa Penal ***; y, por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, consistente en un disco compacto que contiene la audiencia inicial y de vinculación a proceso referente a ***, por el delito de homicidio calificado, en el expediente NUC ***, Causa Penal ***. Constancias audiovisuales que adquieren el carácter de prueba documental pública lato sensu, pruebas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2, de la Ley de Amparo. ***** Además con apoyo en la Jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así pues, de las resoluciones narradas en párrafos superiores, se colige la actualización de la causa de improcedencia de trato, básicamente porque la situación jurídica que prevaleció inicialmente con la detención y la incomunicación de los quejosos cuando estuvieron a disposición por los agentes del Ministerio Público, sin duda, cambió primeramente con las calificativas de legal de la detención y con los autos de vinculación, determinados por la Jueza de Control para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Baja California -NUC 02-***, Causa Penal ***, y por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. -NUC ***, Causa Penal ***. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte la improcedencia del juicio constitucional contra el precisado acto reclamado ya que operó un cambio de situación jurídica que originó que las alegaciones relativas a la detención aquí reclamadas, deban considerarse como irreparablemente consumadas. Lo anterior es así, pues, además de que las etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente, y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento penal, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en los actos que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, justamente por no formar parte de dicha litis en este contradictorio federal y, que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidándose, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho. Por tanto, se arriba a la firme conclusión que operó un cambio de situación jurídica que originó que el referido acto reclamado deba considerarse como irreparablemente consumado. De ahí que no queda duda que operó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". (Época: Novena Época, Registro: 199808, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CXI/96, Página: 219). En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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