Daniel Estrada Arenas

Expediente 1186/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1186/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Daniel Estrada Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Sin que pase inadvertido para este juzgador que mediante proveído de diez de agosto del año en curso, se haya tenido por aceptado y protestado el cargo conferido a ***, como asesor y representante del quejoso, a efecto de garantizar una tutela judicial efectiva conforme al criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."; sin embargo, en el caso, se actualiza una excepción a este último criterio obligatorio para los Jueces de Distrito, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional, pues ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 7 de junio de 2021). Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Constitucional, Penal, Común, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, , página 3272, de rubro y texto: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Una persona detenida en un centro penitenciario promovió juicio de amparo indirecto contra actos relacionados con las condiciones de su internamiento. El Juez de Distrito, sin requerirla previamente para que designara a un abogado, o bien, a la Defensoría Pública para que le asignara un defensor, en atención a su deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), desechó de plano la demanda, al estimar que de manera manifiesta e indudable se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la promoción del juicio constitucional, el quejoso debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Inconforme, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que se actualiza una excepción al deber de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), si el estudio oficioso de la improcedencia del juicio de amparo promovido contra las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, origina el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el juicio de amparo promovido contra las omisiones inherentes a las condiciones de reclusión en un centro penitenciario, sin interponer previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal es improcedente, porque se actualiza la causa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por otra parte, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la misma Sala dispuso el deber de los Jueces de Distrito de garantizar al quejoso el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, mediante la designación de un representante, así como para el tribunal revisor de verificar que en el inicio del procedimiento del juicio de amparo se tuteló esa prerrogativa a favor de la parte inconforme y, en caso contrario, ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, se actualiza una excepción a este último criterio obligatorio para los Jueces de Distrito, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional, pues ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 7 de junio de 2021). De ahí que a ningún fin práctico conduciría que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento para el efecto de que desde el inicio del juicio de amparo el Juez de Distrito garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por medio de la representación del quejoso, si al proveer sobre la admisión de la demanda presentada por éste contra las condiciones de su reclusión, antes de intentar el amparo, debía agotar el mecanismo de controversia ante el Juez de Ejecución o el de Control, según se trate, lo que de inobservarse necesariamente obligaría al Juez de Distrito a arribar a la misma determinación, en el sentido de que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia referida, decretada vía jurisprudencial por el Máximo Tribunal del País. Por ello, se concluye que esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable." Notifíquese. A

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Escrito Agréguese el oficio remitido electrónicamente por la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, por medio del cual, designa como representantes del quejoso a ********, y señala como autorizados a diversas personas. Asimismo, a dicho oficio obra adjunto el escrito mediante el cual el primero de los nombrados acepta y protesta el cargo conferido, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, proporciona correos electrónicos y números telefónicos, señala autorizados y anexa copia de su cédula profesional; así como de su gafete oficial folio ****** del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. En esas condiciones, se tiene por designado a ********, como representante del quejoso Daniel Estrada Arenas, únicamente para fines del juicio de amparo en que se actúa: asimismo, por aceptado y protestado el cargo que le fue conferido. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la misiva de cuenta. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medios de contacto Asimismo, se tienen como medios alternos de comunicación no procesales y, por excepción, los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. Requerimiento Por otra parte, se requiere al citado defensor, para que lleve una intervención técnica, apropiada e idónea, es decir, una defensa adecuada, respecto al presente juicio de amparo, en el entendido que, de advertir este juzgador tal omisión, se dará vista a su superior jerárquico -Directora General del Instituto la Defensoría Pública del Estado de México-; asimismo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de ejercer una tutela judicial efectiva, notifíquese a dicho servidor público el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y al Defensor Público Enrique Leal Robles.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Radicación ********************Vista la demanda suscrita por ********************, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1186/2023-VI-B.****************************************Acto reclamado ********************El quejoso señala como autoridad responsable a la siguiente:****************************************Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.****************************************De quien reclama: ****************************************La omisión de dar respuesta a las solicitudes del quejoso relativas a la expedición de copias de la sentencia emitida en el amparo directo ********************, de su índice.****************************************Desechamiento********************En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.********************En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ****************************************"Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************Luego, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda.****************************************A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.****************************************Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece:****************************************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."****************************************En ese sentido, es pertinente precisar que del escrito de demanda, se advierte que el acto materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en la omisión de responder las solicitudes del quejoso relativas a la expedición de copias de la sentencia emitida en el amparo directo ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.****************************************Hecha tal precisión, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado, este Juzgador advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo.****************************************Al respecto, se considera necesario citar el contenido del referido artículo, el cual establece: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;"****************************************Luego, cabe precisar que los Tribunales Colegiados de Circuito, son los encargados de tutelar los derechos humanos y prerrogativas constitucionales mediante el juicio de amparo.****************************************De ese modo, cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. ****************************************Lo anterior, ya que dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. ****************************************Además, el Tribunal Colegiado al ser un órgano de control constitucional, sus actos u omisiones no son susceptibles de analizarse por diverso órgano de control constitucional ya que de resultar procedente, ello implicaría un contrasentido, que implicaría vigilar por parte del suscrito la actuación de dicho órgano colegiado; además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable.****************************************Así, la ley de la materia prevé en su artículo 61, las llamadas "causas de improcedencia", dentro de las cuales se encuentran aquéllas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado.****************************************En ese sentido, la fracción VI del citado precepto legal 61 de la ley de la materia, establece de manera clara que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.****************************************De igual forma, debe decirse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable.****************************************Asimismo, resulta inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de amparo, en contra de un Tribunal Colegiado de Circuito, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 35 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.****************************************Es aplicable la tesis IX.1o.29 K, que aprobó el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 544, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 194669, que establece:****************************************"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. Los Tribunales Colegiados de Circuito, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, vigilando a través de sus resoluciones que no se violen garantías individuales, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. El artículo 73 de la Ley de Amparo, al expresar en su fracción I que el juicio de garantías es improcedente contra actos de la Suprema Corte, es aplicable también, tratándose de los Tribunales Colegiados, en virtud de que, por regla general, sus resoluciones no son impugnables; mientras que, la fracción II del mismo dispositivo legal, al establecer que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, debe interpretarse en forma extensiva, en el sentido de que es improcedente, contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución General de la República, ni la Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Tribunales Colegiados, como lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito; y por último, es inadmisible que un Juez de Distrito conozca de un juicio de garantías, en contra de un Tribunal Colegiado, porque éste es superior jerárquico de aquél en materia de amparo."****************************************Asimismo, resulta conveniente por identidad jurídica, la tesis de rubro y contenido siguiente:****************************************"COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable."****************************************De igual forma, sirve de apoyo por las razones que la contienen la tesis IV.1o. A.37 A, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de mayo de dos mil dieciséis , Décima Época, con número de registro 2011670, de rubro y texto siguientes:****************************************"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia de que sean positivos, negativos u omisivos; por tanto, si se reclaman abstenciones y resoluciones que se imputan al Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deviene notoriamente improcedente. Sin que lo anterior desatienda la jurisprudencia P./J. 12/2013 (10a.), emitida por el Máximo Tribunal del País, de título y subtítulo: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", toda vez que en dicho criterio se interpretó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, empero, ya existe disposición expresa en la nueva Ley de Amparo, en la que el legislador precisó que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal."****************************************En esas condiciones, al reclamarse una omisión por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, por notoriamente improcedente.****************************************Domicilio********************Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este juzgador considere necesarias, personalmente al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. ****************************************Requiere defensor********************Ahora bien, en acatamiento a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1301 Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se requiere al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, para que en el plazo de tres días, designe a un Asesor Jurídico a favor del quejoso ********************, o bien, manifieste la imposibilidad legal y justificada que tenga para no hacerlo, el cual deberá comparecer dentro del mismo plazo, con identificación oficial y vigente, a protestar el cargo conferido, y hecho lo anterior, una vez de que se haya impuesto de las constancias que conforman el juicio en que se actúa, esté en aptitud de realizar la encomienda conferida. ****************************************Apercibido que de ser omiso, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.****************************************Habilitación de días y horas hábiles********************Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.****************************************Expedición de copias********************Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.****************************************Consulta de expediente********************Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal.****************************************Exhorto a las partes********************Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.**************************************** Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.****************************************

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