Daniel Esteban Cordova Cadena

Expediente 428/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
428/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Daniel Esteban Cordova Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Spor lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    MESA VI. SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO...

  3. Principal

    MESA IX.-, por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho y emplazar a juicio, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Doy fe. Villahermosa, Tabasco, trece de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel Esteban Córdova Cadena; contra el acto de la siguiente autoridad: 1. Jueces Jesús Vázquez Tirres, Guadalupe Vázquez Baeza y Fernando Alberto Martínez Argaez del Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar expediente; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este Juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 428/2018-IX. Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo refiere que reclama lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo constituyen La sentencia de fecha 19 de febrero del año dos mil 2018, que recayó en la causa penal 147/2017, instruida en contra del suscrito hoy quejoso, por el delito de violación. Los puntos resolutivos: RESUELVE PRIMERO. Esteban, Córdova Cadena, resultó penalmente responsable del Delito de Violación, que establece el artículo 148, del Código Penal en vigor, en Agravio de la víctima NCG (Natalía Cadena García). SEGUNDO. Por dicho ilícito, circunstancias de ejecución y peculiares del sentenciado Esteban Córdova Cadena, se le impone la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN. Pena privativa de libertad, la deberá compurgar en el centro carcelario que para tal efecto les designe el Juez de Ejecución, la cual empezará a contar a partir de, que está sentencia sea declarada firme, debiéndosele descontar los días que ha estado privado de su libertad con motivo de este proceso. El entendido de dicha pena no podrá coexistir con otra de semejante naturaleza que esté cumpliendo o que tenga pendiente por cumplir y cuenta a partir del tres de febrero de dos mil diecisiete, fecha probada de su detención con motivo de este proceso. TERCERO. Se condena a Esteban Córdova Cadena, a pagar $14,000.00 por concepto de reparación del daño a favor de la víctima NCG ( Natalia Cadena García). CUARTO. No se concede ninguno de los beneficios sustitutivos de la pena privativa de libertad, toda vefc que la pena impuesta a los sentenciados rebasa el Máximo contemplado para su otorgamiento. QUINTO. Se ordena amonestar al sentenciado, sobre las consecuencias individuales y sociales del delito que cometió, excitándolo a la enmienda; la cual se llevará a cabo de forma privada ante el Juez de Ejecución de Sanciones. SEXTO. Con fundamento en el numeral 38, fracción VI, de la Constitución Política del Pais, se suspende al sentenciado de sus derechos políticos, durante el tiempo que dure la pena; la que comenzará a contar desde que causa ejecutoria la sentencia y concluye hasta que se cumpla la condena. SÉPTIMO. Como se ha dictado sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, infórmese al Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, que la medida cautelar de prisión preventiva, bajo la cual se encuentra el sentenciado, cesará sus efectos una vez que cause estado esta sentencia; para quedar éste a disposición del Juez de Ejecución de Sanciones Penales. OCTAVO. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, realícese el envio de las constancias respectivas al Juzgado de Ejecución, para la vigilancia y cumplimiento de las sanciones aplicadas en este fallo. NOVENO. En cuanto a la notificación de las partes, se remite a los planteamientos establecidos en el auto que antecede a esta resolución, dictado en esta data. Por lo que a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se tengan por notificados cuentan con el plazo de diez (10) días hábiles, para interponer el recurso de apelación lo anterior en términos del numeral 471 del invocado Código y en caso de no existir impugnación, una vez que adquiera firmeza por ministerio de ley, a como lo prevé el articulo 412 del Ordenamiento Adjetivo Nacional Penal, archivese este asunto como totalmente concluido. DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes gobierno respectivo y remitase copia autorizada de es Centro de Reinserción Social del Estado, en donde interno el sentenciado. Así en forma definitiva y con las aclaraciones s resolvió el Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve, integrado por los jueces Jesús Vázquez Torres, Guadalupe Vázquez baeza y Fernando Alberto Martinez Argáez, siendo presidente el primero, relator uno la segunda e integrante el tercero, por lo que firman al calce para constancia." Por tanto, previo a realizar pronunciamiento respecto de la demanda de amparo, cabe establecer que la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, impone a los jueces de control constitucional el estudio integral de la demanda de amparo, en ese sentido, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La sentencia definitiva de diecinueve de febrero, emitida por la Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, dentro del expediente 147/2017, en la que se el quejoso, resulto ser penalmente responsable del ilícito de violación y se le impuso una pena privativa de libertad por diez año de prisión, entre otras cosas. En ese sentido, al tratarse el acto reclamado de una sentencia definitiva, se llega a la convicción que en contra de éste procede el juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170 de la Ley de Amparo. Ello, pues el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Por su parte, los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal." De los preceptos transcritos, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, el juicio de amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, según lo dispone el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. El segundo párrafo del citado artículo 170 define, que por sentencias definitivas o laudos se entenderán aquéllas que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y en su párrafo tercero dispone que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias, definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Como se ve, la competencia atribuida a los Tribunales Colegiados de Circuito, en juicios de amparo directo, exige que se reclamen sentencias definitivas o bien, resoluciones que pongan fin a un juicio. En este sentido, se aprecia que el acto reclamado es la sentencia definitiva de diecinueve de febrero, emitida por la Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, dentro del expediente 147/2017, en la que se el quejoso, resulto ser penalmente responsable del ilícito de violación y se le impuso una pena privativa de libertad por diez año de prisión, entre otras cosas; en esas condiciones, dicha resolución debe considerarse como definitiva dictada dentro de un juicio familiar, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, y 170 de la Ley de Amparo vigente, lo que actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en la vía directa. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la sentencia que se impugna en esta vía admita un recurso ordinario de defensa, acorde al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó con claridad que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). De ahí que, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de las resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una resolución que pone fin al juicio de origen; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/2015 (10a) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, abril de 2015, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En esas razones, es claro que la resolución que se combate, pone fin al juicio de origen; por lo que, de conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo que contra la misma se promueve debe ser de la competencia de un Tribunal Colegiado. De ahí que ante la incompetencia planteada, el suscrito se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad o ilegalidad del acto referido, en la medida que ello será materia de análisis por el órgano colegiado que conozca del asunto. En consecuencia, con fundamento en los numerales 107, fracción V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, 48, 117, fracción V, y 170 fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que procede su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, solicitándole de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo, que una vez que resuelva lo relativo a la presente incompetencia, lo haga del conocimiento de esta autoridad. Atento a lo anterior, se ordena formar el cuaderno de antecedentes certificado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, autorizando términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Antonio Solís Mendoza, toda vez que tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir citas y notificaciones a Christian Torres Arias, por así haberlo solicitado expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4.A, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, visible en la página 1188, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que levante para tal efecto.

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