Daniel Espinosa García
Expediente 2199/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2199/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniel Espinosa García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; trece de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Daniel Espinosa García, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, con residencia en esta ciudad. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. TRANFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de once de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada del procedimiento administrativo del quejoso Daniel Espinosa García. Ahora de una revisión a dichas constancias se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que el aludido quejoso no se presentó al control de firmas correspondientes y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, en relación con la designación de delegados y domicilio que menciona la autoridad responsable, indíquesele que en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, se acordó favorable a su petición. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre del quejoso. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución la agraviada en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que los actos reclamados en el presente juicio consistes en la detención con fines de deportación de la quejosa, presentación, retención, incomunicación o privación de la libertad. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de Daniel Espinosa García y que, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado al quejoso. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (seis diciembre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fue el propio quejoso quien incumplió con las medidas que le fue impuesta por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto en su contra. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a la peticionaria de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el ocho diciembre de dos mil veintidós y el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que el aludido quejoso no se presentó al control de firma correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de demanda, se señale como acto reclamado la incomunicación; sin embargo, en diligencia actuarial de siete de diciembre de dos mil veintidós, el propio quejoso, al momento de ratificar la demanda, manifestó no encontrarse incomunicado ni haber sido golpeado o maltratado, de ahí la inexistencia del acto reclamado antes precisado, además al otorgarse su salida de la Estación Migratoria ceso cualquier posibilidad de que exista ese acto. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con treinta y seis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, a fin de emitir una sentencia apegada a derecho con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente auto, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que obran dentro del expediente administrativo del quejoso Daniel Espinosa García. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Mismo que deberá rendir y remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo deberá remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Se hace saber a la responsable, que el informe deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia se difiere y se fijan para su celebración las once horas con treinta y seis minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de diciembre de dos mil veintidós. Informe de suspensión de plano Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano. De lo anterior, queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas de la autoridad responsable citada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. PRUEBAS Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que anexó la responsable, consistente en copias certificadas de los procedimientos administrativos del quejoso Daniel Espinosa García. Sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. VISTA En consecuencia, de las constancias referidas, se colige diverso acto que se encuentra relacionado con lo inicialmente reclamado; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, con copia de las constancias que obran en el procedimiento administrativo migratorio INM/ORTAB/EMV/PAM/18733/2022, para que dentro del término de quince días manifieste si es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda.
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