Daniel Ernesto Garcia Avila

Expediente 1393/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1393/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Daniel Ernesto Garcia Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la primera adscripción de la Jueza Karla Luisa Sánchez Luna, como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, notificado por oficio SEADS/714/2022; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    MESA 5-B. SE INFORMA ADSCRIPCIÓN DE TITULAR. Vista la certificación que antecede, se advierte que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la primera adscripción de la Jueza Karla Luisa Sánchez Luna, como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, notificado por oficio SEADS/714/2022; hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes...

  3. Principal

    MESA 6-A. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, CPS-Chiapas, con sede en Villa, Comaltitlán, Chiapas, derivado a que en auto de siete de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Cúmplase.

  4. Principal

    MESA 6-A. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe de cuenta, en virtud, de que se encuentra rendido mediante auto de veintiséis de octubre del año en curso. Ahora bien, se agregan a los autos las documentales que remite la autoridad responsable Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, de dichas documentales, se advierte que mediante acta administrativa XXX, el quejoso XXX, obtuvo su libertad, para lo que remite copia autenticadas de la referida acta XXXX, asimismo remite la constancia de libertad, ambas de veintitrés de octubre del año en curso. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia, promovido por Jesús Daniel Sandoval Palacios, en representación de XXXX, se hace consistir en: La privación de la libertad, aseguramiento, incomunicación, tortura psicológica, y su ejecución. En el caso, este juzgador estima que en relación a al acto reclamado de incomunicación, ha sido consumado de forma irreparable, por lo que cualquier violación cometida en su contra no podría repararse por haberse concretado sus efectos y consecuencias de manera total e inevitable.En este contexto, resulta necesario precisar que, como se dijo, en la especie, el quejoso XXXX, reclama la incomunicación. Sin embargo, de las constancias remitidas por el la autoridad oficiante, se advierte que XXXXX ha quedado en libertad, mediante acta administrativa 185/2022, derivado a que en veintiuno de octubre de la presente anualidad el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, dictó sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso, dentro de la causa penal XXXX y sus acumulados XXXX, en relación al delito de delincuencia organizada De lo expuesto se advierte que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable; pues ha concluido el acto del cual se viene reclamado en esta contienda constitucional, cuya ejecución, ha concluido, y, en caso de conceder el amparo, resulta materialmente imposible la reparabilidad física y material del mismo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en consideración a que la incomunican reclamada, ha concluido, y en el eventual caso de que al resolver la cuestión de fondo planteada en el juicio constitucional que aquí se revisa, se otorgara la protección constitucional a la parte quejosa, no sería posible restituirla en el goce de sus derechos. Lo que de ninguna manera sería posible a través del juicio de amparo, pues no tiene el alcance jurídico para ello, pues ya se consumó el acto reclamado. De ahí que se hayan consumado sus efectos de modo irreparable y, por tanto, en su contra sea improcedente el juicio de amparo. En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, por consiguiente, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO por la inexistencia de actos en relación a la incomunicación que reclamó. Por otro lado, igualmente procede el sobreseimiento fuera de audiencia en relación con el acto reclamado consistente en la privación de la libertad, aseguramiento, tortura psicológica y su ejecución, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados, disposición que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna.. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del indicado acto, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que de las constancias allegadas a este juzgado se desprende que el quejoso ha quedado en libertad, quien se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, CPS-Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, derivado a que en veintiuno de octubre de la presente anualidad el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón Coahuila, dictó sentencia absolutoria a favor del aquí quejoso, dentro de la causa penal XXXX y sus acumulados XXXXX, en relación al delito de delincuencia organizada. De ahí que resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues es evidente que han quedado destruidos los efectos de los actos violatorios de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Es menester precisar que, del análisis minucioso de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, no se advierte que en el caso en estudio, la tortura psicológica que refiere, pudieran tener consecuencias irreversibles en su salud o la integridad física del quejoso, todo lo cual, desde luego, comprometería gravemente su dignidad e integridad personal. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que es evidente que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden han cesado los efectos del acto reclamado.. Es corolario de lo expuesto, en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 616 , en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que, conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional en relación al acto reclamado consistente en el privación de la libertad, aseguramiento y tortura psicológica. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, toda vez que no es privado del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de causas notorias, manifiestas e indudables, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podrían desvirtuarse la causa de improcedencia de que se viene hablando; de ahí que resulte innecesario y, en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a resolver el presente juicio de amparo, hasta el momento en que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.. En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la causa de improcedencia apuntada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

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