Daniel Enrique López Palma

Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
638/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Daniel Enrique López Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que feneció el plazo otorgado al promovente en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, sin que hubiese dado cumplimiento a lo requerido; en consecuencia, se tiene por precluido el derecho para hacerlo con posterioridad. En ese orden de ideas, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto de referencia, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Realícense las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho; contra actos de la Presidente Constitucional de la República Mexicana y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 638/2021-I. Anotaciones. Previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción IV y V, así como el diverso 114, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.]" Prevención. Ahora bien, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, IV y V, en relación con el 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, requiérasele para que, dentro del plazo de cinco días, de cumplimiento a las siguientes prevenciones: Deberá de precisar de forma clara, legible y concreta cuál es el acto que específicamente reclama (sin calificativos ni otras circunstancias, pues en todo caso las alegaciones o agravios que estime pertinentes los deberá desarrollar en el capítulo correspondiente), esto es, indique cuál es el acto o actos que afectan de manera directa su esfera jurídica; toda vez que de un minucioso estudio al escrito de demanda se advierte en el capítulo respectivo, que el promovente de amparo, señala a manera de conceptos de violación, los actos reclamados, situación que vuelve obscura la demanda de amparo al no existir un señalamiento concreto de los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional, lo que crea confusión al no poder establecer con claridad el acto de autoridad que la parte quejosa reclama en la presente instancia, ello, para que la autoridad, se encuentre en aptitud de rendir el respectivo informe, y como ya se dijo poder fijar con claridad la litis constitucional. En ese orden de ideas, tendrá que indicar de manera clara, legible y concreta el acto positivo o negativo que reclama a cada una de las autoridades que señaló como responsables, tomando en consideración que los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y los actos negativos, implican un no actuar de la autoridad o el rechazo a una solicitud del particular; por tanto, deberá señalar el nombre de cada una de las autoridades responsables y en seguida de cada una, precisar qué acto concretamente le reclama (sin calificativos ni otras circunstancias, pues en todo caso y como se dijo en párrafo precedente, las alegaciones o agravios que estime pertinentes los deberá desarrollar en el capítulo correspondiente). Sirve de apoyo a la anterior determinación, por identidad de razón, la tesis número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en la página ochocientos setenta y uno, del tomo III, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 18 tercera parte, página 159, que literalmente su rubro señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P./J. 35/2001, publicada en la página setenta y nueve, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." Asimismo, resulta orientadora la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Tomo VII, octava época, con registro digital 223603 de la literalidad siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Por otro lado, tendrá que reformular bajo protesta de decir verdad, el capítulo de antecedentes del acto reclamado de forma clara, legible y cronológica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.105 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II Materia Común, Página 1730, de texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SÓLO ES EXIGIBLE QUE SE CONTENGA EN EL ESCRITO ACLARATORIO LA EXPRESIÓN FORMAL "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 108, FRACCIONES II Y V, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto indicado prevé los requisitos que deben expresarse en una demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra, la protesta de decir verdad, únicamente: a) cuando se afirme desconocer el nombre y domicilio del tercero interesado; y, b) respecto de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando se presentaren deficiencias, irregularidades o se hubiere omitido algún requisito; sin embargo, sólo es exigible que se contenga en el escrito aclaratorio la expresión formal "bajo protesta de decir verdad", cuando tenga relación con los supuestos inicialmente mencionados (a y b); de ahí que es indebido que en una prevención se exija dicha expresión respecto de requisitos de la demanda diferentes a los aludidos o que no tengan vinculación con esas afirmaciones pues, atento a su naturaleza, no lo requieren; en consecuencia, es excesivo solicitarlo y, ante su incumplimiento, la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo es ilegal." Deberá exhibir seis copias más de su escrito de demanda, pues son necesarias cinco de ellas para emplazar a las autoridades señaladas como responsables y una para emplazar al agente del Ministerio Público de la adscripción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, Tomo XXII, Octubre de 2005, visible en la página ciento setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS.: La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Se advierte a la parte quejosa que al desahogar la presente, deberá tener en cuenta el contenido el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado Federal. De igual forma, se tiene como autorizados de su parte en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********************y********************, dado que tienen inscrita la cédula profesional en el registro correspondiente que los acredita como licenciados en derecho; asimismo, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************y********************, hasta que cuente con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, de conformidad con el artículo 2 fracción XIX del Acuerdo General 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, se tiene al promovente señalando los siguientes correos electrónicos lopezpalma77@gmail.com danielenriquel.924@gmail.com lopezpalmadanielenrique71@gmail.com para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este Juzgado Federal lo estime necesario. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Lineamientos de higiene y prevención. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Transparencia y digitalización. Al tomar en consideración que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, comuníquese a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y a la publicación de sus datos personales, por tal motivo, requiérase a las partes para que en el acto de la notificación de este auto o hasta antes de que se dicte sentencia en el presente juicio, manifiesten expresamente su conformidad con que sus datos personales sean publicados o si se oponen a ello, en el entendido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que están conformes con dicha publicación y se procederá a hacer pública la sentencia sin esos datos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110 fracciones V, X y XI, 113, 117, 118, y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancia respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse. Así también, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado.

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