Daniel Enrique Aleaga Pérez

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Daniel Enrique Aleaga Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible depuración, conforme a lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del mismo ordenamiento.

  2. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por medio del cual envió informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio, del que se desprende que otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, a los quejosos Daniel Enrique Aleaga Pérez, Thalia Daniela Chibás Trutié e Ilmer González Azahares, con el cual abandonaron en definitiva las instalaciones donde se encontraban alojados. En efecto, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro contra la parte quejosa, y queden a disposición de este juzgado en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal; así como para que cese la incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, del informe rendido en el presente juicio y del anexo que remitió la autoridad responsable, consistentes en los documentos en los que se otorgó la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a los Daniel Enrique Aleaga Pérez, Thalia Daniela Chibás Trutié e Ilmer González Azahares, con los cuales abandonaron las instalaciones donde se encontraban alojados. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -trece de julio de dos mil veintidós, el reclamo de la parte quejosa era que se encontraban incomunicados y privados de la libertad personal fuera de procedimiento, alojamiento y detención prolongada, tal afectación cesó una vez que la responsable otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas, de dieciocho de julio de dos mil veintidós, a los quejosos Daniel Enrique Aleaga Pérez, Thalia Daniela Chibás Trutié e Ilmer González Azahares, con el cual abandonaron las instalaciones donde se encontraban alojados. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable otorgó el permiso correspondiente a los quejosos. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese con vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de dar nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, se le tiene a la autoridad en mención, designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas señalados para tal efecto, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, agréguese el diverso oficio firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de junio del año en curso, informa y hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, que en dieciocho de julio del año en curso, les dio un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a los quejosos Daniel Enrique Aleaga Pérez, Thalia Daniela Chibás Trutié e Ilmer González Azahares, con el cual abandonaron las instalaciones donde se encontraban alojados; con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que vía correo electrónico remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se le tiene informando sobre el acatamiento a la suspensión de plano, respecto de los quejosos Daniel Enrique Aleaga Pérez, Thalia Daniela Chibás Trutié e Ilmer González Azahares. De igual forma, la responsable no hace manifestación alguna sobre si ya transcurrió el término para dejar en libertad a los antes mencionados. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, para que en forma inmediata, a más tardar dentro de las doce horas siguientes a su notificación, sobre el cumplimiento dado a dicha suspensión de plano; previniéndoseles que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Reiterándole de nueva cuenta, que en el presente juicio, se decretó la suspensión de oficio y de plano para que el efecto de que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro contra los directamente agraviados, así como para que cese la incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por lo que se deberá permitir a los quejosos tener comunicación o interacción con su abogado o persona de confianza. Del mismo modo, se concedió la suspensión de oficio y de plano para efecto que los quejosos sean puestos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento. Además, para efecto que los aquí quejosos no sean trasladados a una diversa estación migratoria de las que se encuentran actualmente alojados.

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