Daniel Emmanuel Gutiérrez Mayoral
Expediente 2450/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2450/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/02/2023
Partes del expediente
- Daniel Emmanuel Gutiérrez Mayoral
- Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el tres de febrero pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido Se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 16 DE FEBRERO DE 2023 QUE EN SINTESIS DICE: ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. este expediente es susceptible de depuración, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada de diversas actuaciones relativas al juicio de origen; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes en razón de que en proveído de veinticinco de enero pasado, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la responsable.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo, promovido por contra actos del Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 14 y 16. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, , por conducto de su apoderado general Javier Iván Virgilio Prieto, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y otras autoridades, mismos que serán precisados en el considerando respectivo. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; cuyo Titular, por auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno admitió; formó el expediente y se registró bajo el número; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, inciso g), y II, de la Ley de Amparo; así como el numeral 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador Amparo indirecto debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, así como de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: Del Cabildo del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretario General y Director del Periódico Oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco: La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del dictamen de ordenamiento municipal mediante el cual se reformó el Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara, específicamente, el artículo 121 Quater, publicado en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en representación del Cabildo, Presidente Municipal y Secretario General, del citado Ayuntamiento, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la certeza de los actos que se les reclamaron, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en la Gaceta Municipal de Guadalajara, en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, el Director del Periódico Oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado para dicho fin, al así advertirse del acuse de recibo del oficio número por lo que de conformidad con el párrafo tercero del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le atribuye, mismo que quedó precisado en el considerando que antecede. CUARTO. Causales de Improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida que se conforma del acto cuya certeza quedó acreditada en el considerando precedente. Lo anterior en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5 consultable a foja 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Pues bien, este Juzgador Federal considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con al artículo 108, fracción III, de la ley citada, respecto de los actos reclamados al Secretario General y Director del Periódico Oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en virtud de que los actos que se les atribuyen son únicamente el refrendo y publicación de la norma aquí impugnada, cuyos preceptos no se impugna por vicios propios. Con el propósito de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en cita, se impone hacer un análisis del contenido de los preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a Amparo indirecto los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo, es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, ahora bien, los actos atribuidos al Secretario General y Director del Periódico Oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, se hacen consistir únicamente en el refrendo y publicación de la norma aquí impugnada, cuyos preceptos no se impugnan por vicios propios; por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, por lo que procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, como en el caso particular la quejosa no controvirtió los actos atribuidos a dichas autoridades vicios propios, se concluye que se actualiza la improcedencia del presente asunto en términos de lo dispuesto en el diverso 61, fracción XXIII, concatenado con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma ley, se sobresee el presente juicio de amparo respecto del Secretario General y Director del Periódico Oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Por otra parte, este Juzgador Federal considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, relacionado con los diversos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." De la recta interpretación de los numerales reproducidos, se sigue que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente al gobernado que resiente un perjuicio jurídico con motivo del acto de autoridad combatido, de tal manera que la noción de perjuicio para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es afectado por la autoridad y faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación de derechos humanos en su perjuicio. En apoyo a lo antes considerado cabe citar la jurisprudencia número 326, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis VII. 2°.A.T.15K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 1303, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. SU ANÁLISIS DEBE SER MATERIA DE LA SENTENCIA QUE RESUELVA EL JUICIO DE GARANTÍAS. De la lectura de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. de este ordenamiento, en cuanto prevé que el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la persona a quien perjudique el acto, se deduce que este último no puede relacionarse con las causales de improcedencia genéricas contenidas implícitamente en la fracción XVIII del primer precepto citado para inferir la falta de interés jurídico y por ello desechar la demanda respectiva, ya que la fracción V contempla específicamente tal falta de interés jurídico del accionante como presupuesto que, de conformidad con el artículo 151 de la referida ley, se puede acreditar a través de las pruebas que estime pertinentes el interesado, durante el procedimiento e incluso en la audiencia constitucional; en tal virtud el análisis del interés jurídico afectado debe ser materia de la sentencia que resuelva el juicio de garantías, pues estimar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión al quejoso, privándole del derecho de allegar al juicio los elementos de convicción para acreditar tal requisito de procedibilidad, por lo que no puede considerarse que en el caso se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia que justifique el desechamiento de la demanda de amparo, puesto que la causa de improcedencia de que se trata, es de aquellas que deben analizarse al momento en que se dicte la resolución correspondiente, por no estar considerada como manifiesta, inobjetable y cierta." Así como, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 132, 187-192 Cuarta Parte, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." En esa medida, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el quejoso estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama afecten la esfera de su interés jurídico o legítimo, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva. De no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al Amparo indirecto catálogo de derechos fundamentales del impetrante de garantías, lo cual desde luego quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; y 5° de la Ley de Amparo. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 117, cuyo texto es: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 181, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideran afectados por la ley que impugna de inconstitucional deben demostrar que están comprendidos por los supuestos de dicha ley. La comprobación puede hacerse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en las leyes, y si no aparece alguna que demuestre que los quejosos están bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo." En las relatadas condiciones, tenemos que el término "interés jurídico" se enlaza con el de "perjuicio", y el concepto "perjuicio", para los efectos del amparo, debe tomarse como sinónimo de menoscabo o detrimento que se hace a los derechos o intereses de una persona. En ese sentido, de la interpretación del artículo antes transcrito se arriba a la conclusión de que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia de la acción constitucional, y se conceptúa como la titularidad que ejerce el promovente del amparo sobre el bien o derecho subjetivo, público o privado, que resulte lesionado por el acto de autoridad que se reclame, teniendo el impetrante la obligación de demostrar fehacientemente que sus derechos subjetivos quedan mermados con motivo del acto autoritario o de los supuestos normativos regulados por una ley o reglamento. Asimismo, cabe destacar que tratándose del juicio de garantías el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo en demanda para que cese esa transgresión. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar la jurisprudencia sustentada en la Séptima Época por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72 séptima parte, página 55, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se Amparo indirecto invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". También es ilustrativa la tesis aislada en Materia Común, sustentada en la Séptima Época por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Sexta Parte, página 269, bajo el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". (Lo subrayado es de este Juzgador) Expuesto lo anterior, con relación al tema que nos ocupa, se precisa que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, en principio, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: 1) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado [autoaplicativas]; o bien, 2) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión [heteroaplicativas]. En el primer caso [autoaplicativas], basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, y que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de Amparo indirecto ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. Asimismo, cabe indicar que conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa también puede ser combatida con motivo de su primer acto concreto de aplicación, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. En el segundo caso [heteroaplicativas], se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta la agraviada para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Entonces, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 5, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento Amparo indirecto 1278/2021 entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". En los términos en que fue planteada la demanda de amparo, la parte quejosa acude a instar el presente juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad del dictamen de ordenamiento municipal mediante el cual se reformó el Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara, específicamente el artículo 121 Quater, publicado en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, porque considera que con su sola entrada en vigor le genera afectaciones en su esfera jurídica. En tales condiciones, se requiere analizar si el contenido de tal norma, para establecer si es factible que pueda generar una afectación con su sola entrada en vigor. Una de las dos disposiciones normativas que integran el dictamen que se combate en este juicio de amparo y que es de la que inconforma la quejosa, señala lo siguiente: "Artículo 121 Quáter. Con la finalidad de proteger la seguridad de las personas, sus bienes y permitir a la Unidad Municipal de Protección Civil ejecutar las acciones de prevención, auxilio y restablecimiento ante cualquier contingencia, desastre o suceso de alto riesgo, cada estación de servicio o gasolinera se establecerá con base a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano vigentes y a los requisitos técnicos para el establecimiento de estaciones de servicios previstos en la normatividad federal, específicamente en lo que disponga la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ASEA, la Norma Oficial Mexicana, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Estaciones de Servicio para Almacenamiento y Expendio de Diésel y Gasolinas y deben de contar con los permisos de comercialización de petrolíferos, gasolinas y diésel otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, CRE, dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, que tengan el carácter de Órgano Regulador Coordinador en Materia Energética, así como por lo que disponga la Secretaria de Energía, SENER y además se establecerán con un área de protección y amortiguamiento de 500 metros de radio, que no podrá intersectarse en ningún punto con el área de protección y amortiguamiento de cualquier otra estación de servicio o gasolinera." Lo destacado es propio. Vinculado con lo anterior, es necesario destacar que el artículo 121 Bis del mismo reglamento establece que el capítulo al que pertenecen ambos preceptos legales tiene por objeto precisar, determinar y regular el trámite para la autorización de la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio existentes, así como las que se pretendan localizar en el territorio municipal, de conformidad a las leyes y demás normatividad aplicable. Por su parte, los artículos segundo y tercero transitorios del dictamen impugnado señalan lo siguiente: "Segundo. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.". "Tercero. Las solicitudes y trámites para la obtención de la licencia de estación de servicio o gasolinera, presentados previo a la entrada en vigor de las presentes reformas, serán resueltos conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación.". Como se aprecia de dichas disposiciones normativas, sus efectos y consecuencias no surten efectos de inmediato, dado que están condicionadas a diverso acto de aplicación, pues no imponen obligaciones de no hacer o no desde su inicio de vigencia, sino que sus efectos se materializaran solo cuando se niegue una autorización para la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o se revoque alguna de autorización para dichas actividades. Incluso, el artículo tercero transitorio del dictamen reclamado denota la naturaleza heteroaplicativa de la norma reclamada, al preciar que las solicitudes y trámites para la obtención de la licencia de estación de servicio o gasolinera, presentados previo a la entrada en vigor de las presentes reformas, serán resueltos conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación. Lo que implica que no necesariamente se producirá una afectación a quienes, previó a la modificación normativa, se ubicaran en la hipótesis que regula la norma. No pasa inadvertido para este órgano federal que la quejosa controvierte la constitucionalidad de la norma reclamada medularmente por el establecimiento de la distancia radial entre estaciones de servicio y giros del mismo tipo como parámetro para la ubicación de estaciones de servicio en el municipio de Guadalajara, Jalisco, en tanto que, refiere, que no explicaron en la reforma cuáles son los riesgos asociados a la instalación y operación de estaciones de servicio en dicho municipio y su índice de materialización. Sin embargo, y a pesar que la quejosa hubiera acreditado que se ubica en el supuesto normativo que establece, es decir, que cuenta con una estación de servicio cuya área de protección y mortiguamiento de quinientos metros de radio hace intersección con el área de protección y amortiguamiento de cualquier otra estación de servicio o gasolinera, lo cual no realizó, sería insuficiente para legitimarlo a impugnar la norma reclama con motivo de su sola entrada en vigor, pues resultaría indispensable la realización de un acto de aplicación de la norma, que sería la revocación de una autorización previamente expedida. Ahora bien, si bien es cierto que, con los dictámenes que obran en autos, emitidos por los peritos de la parte quejosa, así como, el peritó oficial, la impetrante demostró la falta de elementos objetivos, subjetivos y técnicos que sustentan el distanciamiento radial establecido en la norma municipal reclamada, sin embargo Amparo indirecto 1278/2021 también lo es que, dicha probanza es insuficiente para legitimarlo a impugnar la norma reclama con motivo de su sola entrada en vigor, pues resultaría indispensable la realización de un acto de aplicación de la norma, que sería que se le niegue una autorización para la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o en su defecto, la revocación de una autorización previamente expedida, lo cual no sucedió. Incluso, aunque hubiera acreditado que tenía pendiente el trámite de una autorización para el establecimiento de una estación de servicio, la propia norma estableció en su régimen transitorio que dicha solicitud se solventaría con la normativa anterior. Tampoco asiste la razón a la quejosa al señalar que la sola entrada en vigor genera una afectación al limitar a las personas físicas o jurídicas interesadas en el establecimiento y operación de una nueva estación gasolinera a que lo hagan libremente dentro del municipio. Primero que nada, debido a que de conformidad con el concepto de individualización incondicionada de las leyes, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, no es posible considerar a la norma reclamada como autoaplicativa, pues ese concepto es objetivo, mientras que la premisa que alude el quejoso es subjetiva y de realización incierta, en la medida que se requeriría en principio de la voluntad de la persona en instalar una estación gasolinera y luego a que su ubicación se contraria a los lineamientos de la norma. En segundo lugar, es infundado ese argumento, porque aún y cuando se materialicen esos supuestos, aun se requiere de la negativa de autorización por parte de la autoridad administrativa para la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o gasolineras. No obstante, la quejosa únicamente acreditó que es una sociedad mercantil cuyo objeto principal es la comercialización de gasolina y diésel en estaciones de servicio, mediante la digitalización de la escritura pública 70,993, pasada ante la fe del notario público número 69, de Guadalajara, Jalisco; cuya eficacia probatoria es plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles; asimismo, con los dictámenes que obran en autos emitidos por los peritos de la parte quejosa, así como, el peritó oficial, el impetrante demostró la falta de elementos Amparo indirecto 1278/2021 objetivos, subjetivos y técnicos que sustentan el distanciamiento radial establecido en la norma municipal reclamada; empero, como el interés jurídico debe acreditarse plenamente y no inferirse con base en simples presunciones o indicios, se tiene que la quejosa no solo debió probar la titularidad del derecho subjetivo que defiende, sino además su afectación, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio, esto es, que se le haya negado una autorización para la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio, o en su defecto, que se le hubiera revocado alguna autorización previamente expedida. Como se aprecia de dichas disposiciones normativas, sus efectos y consecuencias no surten efectos de inmediato, dado que están condicionadas a diverso acto de aplicación, pues no imponen obligaciones de hacer o no desde su inicio de vigencia, sino que sus efectos se materializaran solo cuando se niegue una autorización para la construcción o remodelación y funcionamiento de las estaciones de servicio o se revoque alguna autorización para dichas actividades; en el entendido de que, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicha normatividad, se sobresee el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1278/2021, promovido por **, contra actos del Cabildo, Presidente Municipal, Secretario General y Director del periódico oficial "Gaceta Municipal de Guadalajara", todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, por los motivos precisados en los considerandos tercero y último de esta sentencia.
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