Daniel Eduardo Tapia López
Expediente 722/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Daniel Eduardo Tapia López
- DANIEL EDUARDO TAPIA LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con el informe justificado registrado con folio 14666, y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir nueve de noviembre de dos mil veinticuatro. En diverso tenor, agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable, ya que como se advierte de los párrafos que antecede, causó estado el auto dictado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Finalmente, ya que los quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación de trece de octubre de dos mil veintiuno, realizada a los quejosos Daniel Eduardo Tapia López, Rubén Rodríguez Saavedra, Joel Antonio Barriga Ortiz, Alejandro Raúl Medina Moreno, Josué Arturo Rivera Nolasco, Juan Carlos González Aviña y Adolfo Rachel Leyva, de la cual manifiestan y ratifican que se desisten del presente juicio de garantías. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sergio Alejandro Lepe Olivera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ab.ee 06/12/21 15:37:40 Asimismo, el quejoso Adolfo Rachel Leyva, manifiesta que su nombre correcto es Adolfo Reichel Leyva. Por lo anterior, se deja insubsistente la hora y fecha señaladas en proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; esto es, las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Daniel Eduardo Tapia López, Rubén Rodríguez Saavedra, Joel Antonio Barriga Ortiz, Alejandro Raúl Medina Moreno, Josué Arturo Rivera Nolasco, Juan Carlos González Aviña y Adolfo Rachel Leyva, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial, con residencia en Tecate, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 722/2021-B. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Se fijan las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitan fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se les reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se autoriza a las responsables para que envíen su informe justificado por medio de correo electrónico institucional, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo emita, así como, de ser el caso, los anexos respectivos debidamente digitalizados, a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria que estimen conveniente. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, del rubro: se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en este juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deba notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento de correo institucional Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de Correo Electrónica Institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el diecisiete de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen su correo institucional, a efecto de que se les realicen las subsecuentes notificaciones por dicho medio y no se propicie el riesgo de contagio de la referida enfermedad. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Domicilio En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el proemio de la demanda de amparo, es decir, el Centro de Reinserción Social "El Hongo II con residencia en Tecate, Baja California, por lo que, tomando, consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente a los quejosos mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que los quejosos tienen pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Designación de defensor público A efecto de salvaguardar los derechos de Daniel Eduardo Tapia López, Rubén Rodríguez Saavedra, Joel Antonio Barriga Ortiz, Alejandro Raúl Medina Moreno, Josué Arturo Rivera Nolasco, Juan Carlos González Aviña y Adolfo Rachel Leyva, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda y del presente acuerdo, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un profesionista que pueda fungir como autorizado de los quejosos en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc., y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que concluya este juicio. Expediente electrónico En atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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