Daniel Domínguez Pérez

Expediente 562/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Daniel Domínguez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrido por alguna de las partes. 1.1 Causa ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial

  2. Principal

    1. Informes justificados. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Encargado del Despacho y Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinde informe justificado y exhibe anexos; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo ténganse por rendidos los aludidos informes para los efectos a que haya lugar. 1.1 Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable el que señala en su informe de cuenta. 1.2 Delegados. Igualmente, con fundamento en el artículo 9 de la citada ley, se tiene como delegada de la autoridad responsable, a la que persona que indica. 2. Estado de autos. Tomando en consideración que de las constancias anexas por la responsable, consta el oficio número D´CHIS/ACyC/1260/2019, de catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 28), dirigida a la parte quejosa con motivo a la solicitud de trámite de inscripción de contrato de enajenación y expedición de certificado parcelario de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tiene que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado, en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; debido a que la conducta abstensiva que se atribuía ha desaparecido, como si hubiere otorgado la protección constitucional. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo antes expuesto, hace la desaparición total de los efectos del citado acto reclamado, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ello es así, pues durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, la autoridad responsable dio trámite a la solicitud de inscripción de contrato de enajenación y expedición de certificado parcelario, de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, pues al efecto expidió el certificado parcelario número 1055472, que ampara la parcela 279 Z1 P1, a favor del hoy quejoso +++; por tanto, la omisión que dio origen al presente juicio de amparo, es evidente que ésta ya no existe, pues la autoridad responsable, ordenó y verificó que se realizara el trámite encomendado en el ámbito de su competencia, lo que hace que exista una cesación de los efectos del acto reclamado. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues han cesado los actos de los cuales se dolía el impetrante de amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro número 193758, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracciones XX y XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA.-1. Informes justificados. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, signados por el Encargado del Despacho y Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, mediante los cuales rinde informe justificado y exhibe anexos; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo ténganse por rendidos los aludidos informes para los efectos a que haya lugar. 1.1 Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable el que señala en su informe de cuenta. 1.2 Delegados. Igualmente, con fundamento en el artículo 9 de la citada ley, se tiene como delegada de la autoridad responsable, a la que persona que indica. 2. Estado de autos. Tomando en consideración que de las constancias anexas por la responsable, consta el oficio número D´CHIS/ACyC/1260/2019, de catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 28), dirigida a la parte quejosa con motivo a la solicitud de trámite de inscripción de contrato de enajenación y expedición de certificado parcelario de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tiene que ha operado la cesación de los efectos del acto reclamado, en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; debido a que la conducta abstensiva que se atribuía ha desaparecido, como si hubiere otorgado la protección constitucional. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo antes expuesto, hace la desaparición total de los efectos del citado acto reclamado, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ello es así, pues durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, la autoridad responsable dio trámite a la solicitud de inscripción de contrato de enajenación y expedición de certificado parcelario, de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, pues al efecto expidió el certificado parcelario número 1055472, que ampara la parcela 279 Z1 P1, a favor del hoy quejoso +++; por tanto, la omisión que dio origen al presente juicio de amparo, es evidente que ésta ya no existe, pues la autoridad responsable, ordenó y verificó que se realizara el trámite encomendado en el ámbito de su competencia, lo que hace que exista una cesación de los efectos del acto reclamado. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir. En tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues han cesado los actos de los cuales se dolía el impetrante de amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro número 193758, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracciones XX y XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:- Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que de las manifestaciones vertidas en el informe justificado rendido por la Delegada del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, se advierte la participación del Director General de Registro y Control Documental dependiente del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, misma que no fue señalada como autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si señala como autoridad responsable al Director General de Registro y Control Documental dependiente del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, residente en Ciudad de México, apercibido que de no hacer pronunciamiento al respecto, no se considerará a dicha autoridad como responsable para los efectos del presente juicio y sus actos no serán materia de estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Visible en la página 93, del Tomo: XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.

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