Daniel Díaz Vargas

Expediente 501/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
501/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Daniel Díaz Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica del actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de julio del presente año, en el recurso de queja laboral 34/2019 formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el apoderado legal del quejoso ***********, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, el once de junio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 501/2019-I, mediante el cual, desechó la demanda promovida por el ahora recurrente, en contra del acto y por la autoridad, señalados en el Resultando Primero de esta ejecutoria Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y remítase el acuse de recibo solicitado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se dictó un proveído que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser depurados del sumario y destruidos en su momento.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con firma electrónica del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de once de junio de dos mil diecinueve, quedando registrado con el número 34/2019.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el escrito que firma Daniel Díaz Vargas, en su carácter de apoderado legal del quejoso **********, por el que interpone recurso de queja en contra de la determinación de once de junio del presente año, que desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario un tanto del escrito de expresión de agravios, para que obre como legalmente corresponda. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, el escrito original de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por Daniel Díaz Vargas, en cuanto apoderado legal del quejoso ********, personalidad que acredita con copia certificada del proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral número 825/2019/L1/CE/IND de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, misma que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo; en contra de actos de la citada Junta responsable y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 501/2019-I. Desechamiento de demanda. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio laboral número 825/2019/L1/CE/IND de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, donde declinó la competencia para seguir conociendo de dicho juicio laboral en favor de la Junta Federal número Veintiocho de Conciliación y Arbitraje, residente en Guanajuato, capital. En ese sentido, se actualiza una causal de improcedencia que permite desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, página 803, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Establecido lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional, los cuales señalan: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;(.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales antes citados se observa que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, el promovente deberá aducir que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe referir que para determinar la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que se analicen temas de competencia, el legislador estableció en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo que este procede en los supuestos en los que la autoridad determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014 precisó que era necesario indicar el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia de competencia, pues si bien este procede en contra de los actos de autoridad que determinen declinarla o inhibirla, ello debe ser bajo la condición de que esas resoluciones tengan el carácter de definitivas. Lo anterior, a fin de fijar cuándo se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación destacó que aun cuando no se tiene certeza si el legislador tuvo, o no, la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, lo que verdaderamente era trascendente era que si bien existe disposición expresa, en la que el legislador estatuyó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinaran la competencia, lo cierto era que ello debiera interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo será procedente, indefectiblemente cuando se reclamen cualquier tipo de actos relacionados con un pronunciamiento relacionado con la competencia. De ahí que en esa ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sino solo en el caso de que aquella se tornara DEFINITIVA, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Ahora bien, tales consideraciones fueron retomadas por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la diversa contradicción de tesis 216/2014, en la que extendió el alcance de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que también procede el juicio de amparo bi-instancial contra las resoluciones que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, dado que se tratan de determinaciones definitivas, porque producen una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por lo que esos actos también son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, ese Tribunal Pleno estimó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva a los supuestos en los que se deseche o desestime una excepción y/o incidente de incompetencia, al considerarse definitivos. Por tanto, atento a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra resoluciones vinculadas con el tema de competencia es necesario que se trate de actos definitivos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es hasta ese momento en que se producen todas las consecuencias del acto reclamado. Derivado de las contradicciones de tesis antes citadas surgieron las jurisprudencias P./J. 17/2015 (10a.) y P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5 y libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 22, respectivamente, que son del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." En el caso, si se reclama en el presente asunto la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por la que la autoridad señalada como responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, declinó la competencia para seguir conociendo el juicio laboral número 825/2019/L1/CE/IND de su índice, a favor de la Junta Federal número Veintiocho de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guanajuato, capital, es evidente que dicha determinación no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo, y con ello, la actualización del agravio personal y directo que aduce el quejoso, pues ello en su caso ocurrirá una vez que la autoridad a quien se le declinó la competencia la acepte, y solo en ese momento será cuando el promovente del amparo se encuentre en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por Daniel Díaz Vargas, en su carácter de apoderado legal del quejoso José Manuel Rangel Jurado, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato. No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento laboral que no tiene el carácter de definitivo, pues se trata de un acto que declinó la competencia para conocer del juicio natural, el cual no genera un agravio personal y directo a la parte quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción I, constitucional, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con el diverso 61, fracción XXIII y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio, autorizados y representación común Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Leona Vicario número 120, interior 4, colonia Emeteria Valencia, conjunto habitacional Marbella de esta ciudad, y como como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la ley de la materia; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona en su ocurso, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de licenciados en derecho -tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito-, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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