Daniel Díaz Cruz
Expediente 896/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 09/03/2017
Partes del expediente
- Daniel Díaz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la legislación reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el catorce de septiembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, al no ser necesaria la retención de los anexos remitidos por las autoridades responsables tanto en apoyo a su informe de ley, como al diverso en que se informó de la emisión de la sentencia que motivó el sobreseimiento fuera de audiencia, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con el sello que se estampe en la constancia de notificación respectiva. Respecto del sobre 66/2016 vinculado a este controvertido, en que se resguarda información bajo sigilo de las terceras interesadas, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra concluido, procédase a su destrucción. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Cuarto de Ejecución de Medidas Sancionadoras de esta ciudad; en atención a sus términos, se le tiene informando que con motivo de la sentencia condenatoria dictada contra el quejoso, le fue enviada la carpeta judicial de origen para la continuación del trámite correspondiente.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese a la tercera interesada Martha Alicia Olvera Guevara, el acuerdo de dos de febrero pasado, por medio de lista. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos, a través de los cuales, la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Materia de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México (autoridad responsable), da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de febrero siguiente, ya que acredita que dictó contra el quejoso sentencia condenatoria en la carpeta administrativa UGJJA/35/2016, por la comisión del delito de homicidio calificado (tres diversos). En relación con el disco compacto que envía, no ha lugar a dar vista a las partes en virtud del sentido de la presente determinación; no obstante, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Ahora, este órgano de control constitucional considera que en el caso se advierte que sobrevino de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; .". Del primer párrafo de la fracción en consulta, se obtiene la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo que consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si se afectara aquélla y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Luego, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en el precepto y fracción transcritos, e imponerse a la autoridad judicial que conoce del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda a la parte quejosa, una vez que concluya la etapa intermedia y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente hasta ese momento. Esta última disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso está relacionada con los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva oficiosa o pena, en que la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de status legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada. Ahora, en lo que interesa en el presente asunto, por cuanto al cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial, debe entenderse como aquel que cambie la situación jurídica en que se encontraba el peticionario del amparo y de igual manera que no pueda decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, lo que origina queden consumadas irreparablemente las violaciones que se hubieren cometido con el acto reclamado. En este último aspecto, es necesario precisar que lo irreparable de las violaciones que se aleguen deriva de la imposibilidad de la autoridad de amparo para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica. Previo al análisis de la causal en el caso concreto, resulta imprescindible destacar que el quejoso impugnó la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca NSJPA/167/2016, por la que se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra él, así como su ejecución, que atribuyó, respectivamente, a la Primera Sala de Justicia para Adolescentes, y Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Materia de Justicia para Adolescentes, ambas autoridades del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. En ese orden, destaca que en acatamiento a la disposición legal en consulta, este juzgado hizo del conocimiento a la juez responsable que una vez que concluyera la etapa intermedia, debía suspender el procedimiento hasta en tanto fuera notificada de la sentencia que en su caso, se emitiera en este controvertido; sin que se advierta con la resolución condenatoria apuntada, transgresión a dicho precepto, en tanto que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que para la apertura del procedimiento abreviado -como en el caso que se analiza-, el Ministerio Público puede solicitarlo después de la emisión del auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura al juicio oral; de ahí que si la fase intermedia o de preparación del juicio, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, es indudable que la autoridad judicial en cita no tenía impedimento alguno para resolver en la forma en que lo hizo, pues aún se encontraba en dicha fase del procedimiento. Así, fue válido que la referida juzgadora a solicitud de la representación social adscrita y con motivo de que las diversas partes procesales que intervienen en la carpeta judicial de origen no se opusieron, que el ocho de febrero del año en curso autorizara la apertura del procedimiento abreviado, que resolvió mediante sentencia condenatoria en que impuso al quejoso, entre diversa condena, pena de prisión de tres años once meses. Bajo esas consideraciones, para que se actualice la causa de improcedencia que se ha hecho referencia, es necesario que concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; c) Que no pueda decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dichos supuestos se obtienen de la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, de rubro: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". En relación con el primero de los requisitos, es evidente que se colma, pues el acto reclamado fue emitido en un procedimiento judicial. Respecto al segundo de los supuestos de que se trata, esto es, el relativo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado, como se apuntó, destaca la sentencia condenatoria contra el quejoso de diez de febrero del año en curso, y la demanda de amparo fue promovida el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, de ahí que resulta evidente la actualización del tópico que se estudia y con ello, se patentiza una determinación judicial que cambia la situación jurídica en que se sustentaba la pretensión constitucional del demandante de amparo. Finalmente, por cuanto hace a los restantes requisitos que se dijo deben concurrir para tener por demostrada la referida causal de improcedencia, es válido analizarlos conjuntamente en razón de su estrecho vínculo generado por la resolución que provoca la nueva situación jurídica, que en razón de su independencia o autonomía puede subsistir a pesar de que la resolución que confirmó la subsistencia del auto de vinculación a proceso sea inconstitucional, sobre todo por la imposibilidad de afectar el estatus jurídico creado con su emisión, que lógicamente produce la consumación irreparable de la violaciones alegadas. Es aplicable por las razones que la conforman la jurisprudencia 116/1995 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 311 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, de rubro: "SITUACIÓN JURÍDICA. CAMBIO DE". Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada legislación. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete a las once horas. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.
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