Daniel Delgado Zayas
Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Delgado Zayas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíques
- Incidental
Córdoba, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíques
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el telegrama remitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Orizaba, Veracruz, toda vez que el cinco de septiembre del año en curso, se recibieron las constancias que indica y se acordó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Orizaba, Veracruz, por medio del cual remite la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 3509/2021-III, de su índice; por tanto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece*** De tal disposición deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de resolver la excepción de incompetencia planteada por la demandada, Gloria Elena Garay González, dentro de los autos del juicio*** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz. Ahora, de las copias certificadas remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que la omisión que por esta vía se reclama cesó sus efectos, toda vez que el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable resolvió la excepción de incompetencia por razón de territorio planteada por*** en el sentido de declararla fundada, por lo que declinó competencia a favor del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Puebla, Puebla, en turno. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°. Por tanto, al cumplirse con la pretensión del peticionario de amparo, este órgano de control constitucional estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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