Daniel Delgado Zayas
Expediente 1284/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2021
Partes del expediente
- Daniel Delgado Zayas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a las partes en el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para que adicionaran el cuestionario al tenor del cual se desahogará la prueba pericial en grafoscopía anunciada por el tercero interesado y designaran perito de su parte con excepción de la quejosa Anna Alejandra Domínguez Serrano, quien sólo nombró perito de su parte, sin adicionar el cuestionario exhibido por el tercero interesado Alan Cisneros Gómez; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y se les tiene por perdido a las demás partes el derecho para adicionar el cuestionario y designar perito de su parte, por lo que la prueba de que se habla, se llevará a cabo únicamente al tenor del cuestionario formulado por la parte tercera interesada, sin adiciones. Atento a lo anterior, en la indicada prueba pericial en grafoscopía que ofreció el tercero interesado Alan Cisneros Gómez, se tiene como firma dubitable o cuestionada, la que se encuentra estampada en el escrito inicial de la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa, y como firmas indubitables las que estampe en presencia judicial, reservándose señalar día y hora para tal efecto, hasta en tanto los peritos nombrados acepten y protesten el cargo conferido. En tal sentido, requiérase a los peritos nombrados en autos Rubén Rafael Ramírez Jiménez (por conducto de la parte quejosa), y Floribel López Salazar (perito oficial a través de la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República), para que comparezcan ante este juzgado federal debidamente identificados a aceptar y protestar el cargo conferido, entregándoles copia del cuestionario formulado por la parte tercera interesada. Se apercibe a la quejosa que de no presentarse su perito a aceptar y protestar el cargo conferido, se le tendrá por conforme con el dictamen que emita, en su caso, la perito oficial. Asimismo, se apercibe a la perito oficial que de no comparecer el día y hora señalados, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En ese tenor, requiérase a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de veinticuatro horas siguiente al en que se le haga saber el contenido del presente proveído, remita la constancia de notificación de este acuerdo a la perito antes mencionada, a fin de tener conocimiento efectivo de que la misma quedó notificada, con apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los mismo términos establecidos en el párrafo que antecede. Atento a lo anterior, en términos del artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, al ser este juzgado federal quien requiere la presencia física de los citados peritos, se procedió a generar la citas respectivas, mismas que se obtuvieron de la siguiente manera: Para Rubén Rafael Ramírez Jiménez las once horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio: 1021142021. Y para Floribel López Salazar las doce horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, generándose el Código QR folio: 102116/2021. Con los cuales se les permitirá su ingreso a las instalaciones que ocupa este órgano para el único fin de aceptar y protestar el cargo conferido. En tal sentido, hágase del conocimiento de los peritos Rubén Rafael Ramírez Jiménez y Floribel López Salazar, que el día y hora señalados deberán comparecer, con identificación oficial vigente, debiendo exhibir el código QR que les fue asignado, mismo que les será entregado de forma impresa. Igualmente, en términos del artículo 7 del aludido acuerdo, se les exhorta para que acudan puntualmente a la cita programada (misma que durará un máximo de 25 minutos) y cumplan con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubre boca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la continuación de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del cual remite copia fiel del testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del toca en revisión 359/2020 del índice del citado Colegiado; y, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con un anexo. Acúsese el recibo correspondiente. Por lo anterior, dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Tribunal Colegiado de mérito, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Marco Antonio Espinosa López, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisado en el considerando segundo, de la sentencia recurrida". Por lo anterior, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, únicamente glósese a los autos las constancias origínales que obren agregadas en el expedientillo de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURABLE en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde únicamente se NEGÓ la protección constitucional. Asimismo, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Y, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Ahora bien, devuélvase a su lugar de origen el ANEXO I, presentado en el informe justificado rendido por el Presidente de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el trece de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca R-88/2021 derivado de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 2495/2018, y el voto particular del Magistrado Set Leonel López Gianopoulos; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal y un anexo de mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Queda intocado el considerando quinto de la sentencia recurrida, reflejado en el resolutivo primero de la misma, en el que decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de desocupación por terminación de contrato de comodato tramitado en el expediente 476/2018, del Juzgado Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a GLORIA ROMERO ALDECO, por propio derecho, respecto de los actos que reclamó, consistentes en el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de origen y su ejecución. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria, para los efectos legales procedentes, las anotaciones del caso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que realice los actos precisados en el fallo protector dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: EL Juez Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla: Respete el derecho de propiedad de la quejosa y por ende, deje sin efecto el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que ordenó entregar a la parte actora del juicio natural la fracción restante del lote urbano ubicado en la tercera calle de Xicoténcatl, también denominado calle 25 Sur número dieciséis de la colonia Los Solares Grandes de Atlixco, Puebla o calle 25 Norte número dieciséis de la colonia Solares Grandes, en Atlixco, Puebla, así como cualquier acto relacionado con esa orden de lanzamiento. Lo anterior sin que implique dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural, en virtud de que en éste sólo se intentó una acción de carácter personal deducida entre las partes que integran esa controversia. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados a la autoridad Diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al Juzgado Municipal de Atlixco, Puebla, al no haberse reclamado por vicios propios". Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado de origen, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Notifíquese.
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