Daniel Delgado Delgado

Expediente 853/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
853/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Daniel Delgado Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    I- Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, mediante el cual, transcribe el acuerdo de tres de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1230/2023-3 de su estadística, de cuyo contenido se desprende que solicita se autorice el acceso al expediente electrónico del juicio constitucional en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), a fin de consultar las actuaciones relativas al presente asunto. Al respecto, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se pone a disposición del juzgado oficiante, la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    I- Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, sede en Nezahualcóyotl, con el que informa, en lo que aquí interesa, que se avocó al conocimiento para conocer del juicio de amparo 853/2022-I-A de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovido por Daniel Delgado Delgado, el cual quedó registrado con el número de expediente 1328/2022-4 de su índice. Por otro lado, agréguese los oficios signados por la autoridad responsable directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, con sede en Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca, Estado de México, con los que rinde su informe relativo a la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, a través de oficio electrónico con transcripción de este auto, remítase los citados informes de suspensión de plano al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, sede en Nezahualcóyotl, para todos los efectos legales a conducentes. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    I- Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 375/2022-I-A, orden 525/2022-I-A, del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso remitir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que, éste fue generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al ser devuelto de la misma manera en que se envió al órgano jurisdiccional exhortado, esto es, a través de su Oficialía de Partes vía electrónica. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    I- Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Daniel Delgado Delgado, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director del Penal de Bordo Neza, en el Estado de México y otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 853/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". Sin que la concesión de esta medida cautelar implique que se dejen sin efectos las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y los reglamentos que rigen en el centro penitenciario. Incompetencia por razón de territorio. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables, al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcoyotl Bordo de Xochiaca (en su correcta denominación) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ambos con residencia en el Estado de México. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. En el caso, los actos reclamados por el directo quejoso, se atribuyen al director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcoyotl Bordo de Xochiaca (en su correcta denominación) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ambos con residencia en el Estado de México, en contra del promovente, quien incluso se encuentra recluidos en el Centro de Reinserción de la misma localidad. Situación de la que advierte que el acto reclamado fue emitido y ejecutado por una autoridad con residencia en el Estado de México, como se desprende de las manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su escrito de demanda y en el apartado del acto reclamado. De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Nezahualcoyotl, Estado de México, por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurriría en la ciudad de Nezahualcoyotl, Estado de México. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyotl, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tiene lugar la ejecución de los actos reclamados, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se solicita al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente juicio de amparo, se sirva a acusar el recibo de estilo correspondiente, a fin de ordenar el archivo del presente asunto. Es oportuno destacar que este juzgado federal no desatiende el hecho de que la parte promovente también señaló como actos reclamados, entre otros, la indefensión jurídica y legal del quejoso y violación al debido proceso, en el que se encuentra. Sin embargo, dichos actos no serán objeto de la medida cautelar que se decreta, ya que no encuadran en los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo Ahora, advirtiéndose que el quejoso Daniel Delgado Delgado, actualmente se encuentra recluidos en Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca (en su correcta denominación); el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra recluido el promovente del amparo. De igual forma, se faculta al juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, autorice días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión; y se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este juzgado federal. Solicítese al juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a este juzgado a la brevedad posible. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Háganse las anotaciones conducentes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE.) Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los d personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese; por exhorto al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.

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