Daniel Delgado Bueno
Expediente 1085/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Daniel Delgado Bueno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por el que acusa recibo del oficio 49213/2017, por el que se remitió copia certificada del toca civil 239/2017 y testimonio de apelación deducido del expediente 1451/2016; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y en específico la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia terminada de engrosar el catorce de noviembre de dos mil diecisiete que NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal promovido por Daniel Delgado Bueno, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Glósense los cuadernos incidentales al presente juicio y hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Por otra parte, devuélvanse a la Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, copias certificadas del toca civil 239/2017-II, así como testimonio de apelación deducido del expediente 1451/2016; se requiere acuse de recibo correspondiente. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión son depurables y el duplicado del incidente de suspensión es destruible. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1085/2017-5; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado de forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el seis de septiembre de dos mil diecisiete, Daniel Delgado Bueno, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO. " ACTO RECLAMADO: ".LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL TOCA CIVIL 239/2017-II EMITIDA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017(...) " La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, registrándose con el número 1085/2017-5, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a quien le resulta el carácter de tercero interesado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en los términos del acta que antecede, por tanto, ahora se procede a emitir la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una resolución que surte sus efectos y las responsables residen en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 74 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según tratan la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XI y XIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En este orden de ideas, el acto reclamado se constituye por: ? La resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil 239/2017-II del índice Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, que declara improcedente la excepción de incompetencia, dictada en el toca civil 239/2017 ya que así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la documental consistente en las copias certificadas del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 1451/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y toca civil 239/2017, del índice de la autoridad responsable. Documentos los cuales, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede pleno valor probatorio, ello, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cinco, del rubro siguiente "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por este órgano de control, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos, pues no hay precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, según trata la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Materia Común, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto, es importante dar cuenta de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1451/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y toca civil 239/2017, del índice de la autoridad responsable, lo que por su importancia, a continuación se citan: 1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el seis de octubre de dos mil dieciséis, Antonia Yáñez Carrillo, Carlos Eduardo Zaragoza Yáñez, Guadalupe Cruz Márquez, en su carácter de endosatarios en procuración de Ernesto del Blanco Mota, demandaron en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa a Especializados del Golfo de Veracruz sociedad anónima de capital variable, a través de su representante legal, así como en su carácter de avales a Daniel Delgado Bueno y Araceli Palafox Gasperin, las prestaciones que del propio ocurso se desprenden . 2.- Dicha demanda se admitió en la vía y forma propuestas el siete de octubre de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, registrándose con el 1451/2016 . 3.- Una vez emplazada la demandada , mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte demandada, contestando la demanda instaurada en su contra, oponiendo, entre otras, excepción de incompetencia, en los términos siguientes: ". en la especie resalta que todos los domicilio referidos en el pagaré se encuentran situados en la Ciudad de Córdoba, Veracruz y/o en la Ciudad de Fortín, Ver lo anterior se corrobora por lo que impone el artículo 200 de la ley orgánica del poder judicial del estado de Veracruz, la cual en lo conducente refiere (se transcribe), [.] de los hechos antes citados, se destaca que los domicilios señalados por la parte demandada en los documentos de la acción se encuentran situados en los municipios de Córdoba y de Fortín del Estado de Veracruz, por lo cual en términos claros y precisos del artículo 1104 del Código de Comercio este Juzgado Primero de lo Mercantil, no resulta ser competente ya que en la especie aplica sin lugar a dudas para radicar la competencia del presente asunto, la fracción III, del citado artículo [.] la competencia jurisdiccional es de orden público..." 4.- De la referida excepción conoció la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, la cual, mediante interlocutoria de diez de agosto de dos mil diecisiete, la declaró improcedente, sin condena en costas para el demandado. Dicha resolución, se basa en los siguientes argumentos: "La parte demandada basa su excepción en el sentido de que como dicha parte, señalaron como domicilio en los documentos base de la acción el ubicado en Córdova Veracruz y en la ciudad de Fortín, Veracruz, respectivamente, entonces, debe exigirse su pago, no ante el juez que actualmente conoce del asunto, sino ante el juez con jurisdicción en Córdova, Veracruz, manifestación que a juicio de este órgano colegiado, resultan erróneas en atención a que en los pagarés base de la acción se estableció expresamente como lugar de pago la ciudad de Pachuca de Soto, esto, tomando en consideración en que, en los mismos se instituyo la leyenda "en esta ciudad" y los pagarés base, se suscribieron en Pachuca" Para llegar a la anterior determinación, es importarte traer a colación el texto de los artículos 1090, 1091, 1093 y 1104 del Código de Comercio, mismos que mencionan: "Artículo 1090. Toda demanda debe interponerse ante juez competente. Artículo 1091. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio hubiere varios jueces competentes, conocerá del negocio el que elija el actor, salvo lo que dispongan en contrario las leyes orgánicas aplicables. Artículo 1092. Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente. Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas. ".Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente, en el orden siguiente: I. El del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago; II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. III. El del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez competente será el que elija el actor. Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se considerará como su domicilio aquel donde se ubique su administración." Los preceptos transcritos, establecen las reglas generales de competencia en materia mercantil, establecidas en orden y de las que se obtiene que: 1. Se pondera la voluntad de las partes para sujetarse a determinado fuero, ya sea de manera expresa o tácita. 2. Deberá preferirse el Juez del lugar designado en el contrato o el designado por el deudor. 3. De no existir sumisión expresa, será competente el Juez del domicilio del deudor con independencia de si la acción es real o personal. 4. Para el caso en que el deudor tenga varios domicilios se preferirá de entre ellos al que elija el actor. En el caso a estudio, se cuentan con dieciocho copias de los pagarés, que contienen los mismos datos, equivalentes a diversas cantidades en dinero; que en esta resolución se inserta en imagen una de ellas: De la cual se advierte que contienen las leyendas siguientes: ".Pachuca, Hidalgo. - - - reconoce deber y se obliga a pagar incondicionalmente en esta Ciudad."; asimismo se advierte que fue suscrito en el siguiente municipio "Pachuca de Soto, Hidalgo". . Así las cosas, es verdad que en los documentos exhibidos por la responsable, la demandada, aquí quejosa, y el actor, no hicieron sumisión expresa o tácitamente al fuero que la ley les concede, en términos del artículo 1093 de la ley de la materia, asimismo, para el caso de controversia no señalaron como tribunales competentes a los del domicilio de alguna de las partes; por lo que al no actualizarse dichas reglas de competencia, debe examinarse la contenida en el artículo 1104, fracción II del Código de Comercio. Ello es así, porque el artículo 1104 del Código de Comercio dispone, que salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro juez: el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago y el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. De tal manera, como de los títulos de crédito exhibidos, textualmente se estipuló encontrarse en: ".Pachuca, Hidalgo" así como: "reconoce deber y se obliga a pagar incondicionalmente en esta Ciudad."; debe entenderse en el sentido literal, si el documento suscrito en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, el término de: en esta Ciudad, se refiere a Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo tanto, para el cumplimiento de la obligación; en términos del artículo 1104, fracción II, del Código de Comercio, el competente para conocer del asunto es el Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Lo anterior es así, porque el artículo 1104, fracción II, del Código de Comercio contiene una regla específica de competencia, en el sentido de que es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación y esa regla es distinta a la establecida en el artículo 1093 del citado código; por lo que salvo lo dispuesto en la última de las disposiciones legales mencionadas, deben aplicarse en su orden las reglas de competencia señaladas por el referido artículo 1104 del Código de Comercio. Sin que exista algún sustento para estimar, como lo pretende la quejosa, que para determinar si el juez origen es el competente o no, debe tomarse en cuenta el domicilio de las demandadas, por haberlo plasmado en los documentos base de la acción; porque como ya se dijo de acuerdo a la regla de competencia, establecida por la ley y señalada en el orden que debe seguirse, más establecida como opcional para la actora, es decir, primero se observa la fracción I. ". El del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago"; si ésta no se estableció; continua la fracción II. "El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación"; y en su defecto la fracción III. "El del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez competente será el que elija el actor. - - -Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se considerará como su domicilio aquel donde se ubique su administración." Por tanto, al encontrarse textualmente establecido el lugar para el cumplimiento de la obligación, es competente, el Juez del lugar donde se obligó el deudor a pagar, es decir, si el título de crédito fue firmado en Pachuca de Soto y en la parte donde los demandados reconocen la deuda y se obligan a pagar de forma literal manifestaron ser en "ESTA CIUDAD", lo que es evidente que se trata del lugar donde estaban, es decir Pachuca de Soto. En tales circunstancias, atendiendo a la leyenda anteriormente descrita; y el artículo 1104 fracción II del Código de Comercio determina que es competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, y por ello, resulta competente el Juez Segundo de lo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Entonces, nos encontramos en la regla de competencia que establece el numeral 1104, fracción II del Código de Comercio, pues, al existir sumisión expresa, esto es al haberse obligado a pagar incondicionalmente en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, será competente el Juez del domicilio donde fueron suscritos los pagarés. No obsta a lo anterior, el hecho de que la parte demandada -aquí quejosa- tenga su domicilio en la ciudad de Fortín, Veracruz, toda vez, que en los documentos fundatorios de la acción se obligó a pagar incondicionalmente en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Resulta aplicable al presente caso la jurisprudencia 1ª./J.5/2005, emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 76, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia Civil, Novena Época de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI LOS PAGARÉS BASE DE LA ACCIÓN CONTIENEN LA LEYENDA "EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN LA QUE SE REQUIERA" PARA SEÑALAR EL LUGAR EN QUE SE EXIGIRÁ EL PAGO, AQUÉLLA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DONDE SE SUSCRIBIÓ EL DOCUMENTO. De la interpretación de los artículos 1104 del Código de Comercio y 77, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se concluye que si un título de crédito contiene la leyenda "en esta ciudad o en cualquier otra en la que se requiera", con la intención de designar el lugar en el que se hará exigible su pago, será competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil el Juez del lugar donde se suscribió el documento. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la ley permite la designación de diversos lugares para el cobro de un pagaré, quedando el tenedor facultado para exigirlo en cualquiera de los señalados en el título de crédito, también lo es que estos lugares deben quedar identificados, precisados y definidos para considerar que realmente existe la expresión de la voluntad de las partes respecto a dónde deberá pagarse aquél, lo que da certeza jurídica a ambas partes, especialmente al deudor, quien será requerido en uno de esos precisos lugares, máxime que la ley establece a favor del suscriptor que ante la omisión del lugar para el requerimiento, éste se realizará en el domicilio del deudor, y si tuviera varios, en cualquiera de ellos, a elección del tenedor del documento, disposición que beneficia a quien suscribe un pagaré en el que no se designó lugar para su cobro, pues no obstante tal omisión, tendrá la certeza de que será en el lugar territorial de su domicilio en donde, en su caso, se demandará el cobro vía jurisdiccional; además, también resulta de gran trascendencia para determinar si el Juez ante quien se presente la demanda es o no competente territorialmente para conocer de ella. En este tenor, cuando se utiliza la mencionada leyenda debe estimarse que sólo hay un lugar indicado de manera clara, precisa e identificable, que es la ciudad en la que se suscribió el documento, por lo que la segunda frase de "en cualquier otra", se tendrá como no puesta por resultar vaga y confusa." Por cuanto hace al resto de los motivos de inconformidad expuestos por el peticionario de amparo, los mismos devienen inoperantes, en la medida que no combaten y mucho menos, afectan la validez de la resolución tildada de ilegal al limitarse a debatir que la expresión de "ESTA CIUDAD" se refiere al domicilio del demandado, y no a la ciudad donde se encontraban firmando los documentos base de la acción. Lo anterior es así, pues los argumentos torales en los que se apoyó la autoridad de mérito, para emitir la resolución que se combate, no fueron atacados y, menos aún, destruidos, deviene inconcusa la inoperancia de la que están investidos tales motivos de inconformidad. Al respecto es aplicable, por lo que informa, lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la jurisprudencia número IV.3o.A. J/4, visible en la página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA." En las relatadas circunstancias, al resultar infundados por una parte y por otra, inoperantes, los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que el quejoso de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. Asimismo y en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. SEXTO. Finalmente, desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de ésta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1°, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Delgado Bueno, contra el acto y autoridad precisados en esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal. CUARTO. Desde este momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, notificado a la parte quejosa el dos de octubre del año en curso, se dio vista con el informe justificado remitido por la Presidenta y Secretario de la Segunda Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo y siendo evidente que no fue recibido con anticipación de ocho días a la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE para su celebración. Notifíquese.
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