Daniel de la Bodega Ramírez

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
31
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Daniel de la Bodega Ramírez
  • Fiscal General del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Causa ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó el juicio de amparo...se ordena el archivo definitivo y es susceptible de depstrucción...

  2. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***contra los actos reclamados consistente en la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención, emitida en su contra, así como su ejecución y la cédula de cita dirigida al citado impetrante, librada en la carpeta de investigación *** atribuidos al Fiscal General del Estado de Tabasco, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el combate al Abigeato, Jefe de Grupo de la Policía de Investigación del Estado adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, en el delito de Abigeato y Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, con sede en esta ciudad, respectivamente, ello en atención a los motivos y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto del llo.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional para las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve...

  4. Incidental

    Se ordena la notificación a los terceros interesados del proveído relativo a la suspensión provisional de once de marzo de dos mil diecinueve y la resolución interlocutoria de nueve de mayo del año en curso....Se comisiona al actuario para la notificación del tercero que se tuvo por apersonándose a juicio y a los demás por medio de lista, proveído y resolución que a la letra dicen: Villahermosa, Tabasco, once de marzo de dos mil diecinueve. Con dos copias simples de la demanda de amparo, como está ordenado en el cuaderno principal, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relacionado con el juicio de amparo , promovido por , contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, por separado del informe justificado que, en su caso, formulen en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y requiriéndoles que en el mismo se precise si son o no ciertos cada uno de los actos reclamados que se le atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo en los términos antes señalados, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como lo dispone el artículo 260, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridades responsables, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia incidental, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora, es necesario precisar la conducta que la parte quejosa reclama en la especie, por lo que, después de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es:  La orden de aprehensión, presentación y/o detención emitida en contra de Daniel de la Bodega Ramírez; así como su ejecución. Asimismo, a fin de contar con los elementos previstos en el artículo 168 de la Ley de Amparo, solicítesele a la autoridad que haya emitido el acto reclamado, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como la situación económica del mismo y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; además, si con motivo de la comisión del delito, obtuvo un lucro, deberá comunicar a cuánto asciende el monto del mismo y deberá precisar el delito o delitos por el que se libró la orden privativa de libertad, los artículos que tipifican y sancionan a estos y si conforme a la ley aplicable se puede obtener la libertad provisional bajo caución a que se refiere la fracción I, apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal; además, si se trata de alguno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Carta Magna. En las condiciones relatadas, con fundamento en lo establecido por los artículos 128, 136, 139, 163 y 166 de la Ley de Amparo, por tratarse en el caso de un acto que afecta la libertad personal, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran y no se prive de la libertad a Daniel de la Bodega Ramírez, con motivo de la orden de aprehensión, presentación y/o detención reclamada. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva, esto es, para que el quejoso no sea privado de su libertad personal, siempre que el acto reclamado, no provenga de autoridad judicial, pues en este caso no se señaló ningún Juez Penal como responsable, de tal manera que los efectos de la suspensión no operan contra una orden si proviene de una autoridad judicial, ni sea sorprendido en flagrante delito, ni infringiendo Reglamentos Administrativos o disposiciones de policía y buen gobierno, y sin que esta suspensión constituya obstáculo en su caso, para que las autoridades que señala como responsables, continúen con su investigación y la vigilancia que estimen pertinente en relación con el promovente, quedando obligado a presentarse ante la autoridad ministerial que le reclame, dentro de los tres días siguientes a la notificación del proveído correspondiente a los informes previos que rindan las autoridades señaladas como responsables, con los cuales se tendrá la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emita. Lo anterior cobra sustento la jurisprudencia, aprobada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, cuyo rubro y texto dicen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Asimismo, si se surtiera la hipótesis prevista por el artículo 16, párrafo sexto, de la Carta Magna, el cual dispone: Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder, la suspensión sólo produciría el efecto de que una vez que sea detenido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad ministerial responsable por lo que ve a la continuación de la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación respectiva. Ahora, el artículo 168 de la Ley de Amparo, textualmente dice: Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso; y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. No se exigirá garantía cuando la suspensión únicamente tenga los efectos a que se refiere el artículo 163 de esta ley. De la anterior trascripción, se desprenden los requisitos que deberá tomar en consideración el Juez de Distrito al fijar el monto de la garantía para otorgar la suspensión de actos privativos de libertad; sin embargo, si bien el hecho de que el impetrante solicite amparo, es un indicio de que no pretende sustraerse de la acción de la justicia, en este estado procesal no se tiene la certeza de cuál es la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa, ni de las características personales y situación económica del quejoso; por ende, se carece de elementos suficientes en términos del referido ordinal para fijar con precisión la cuantía de la caución para que aquel obtenga la medida cautelar. Por tanto, con fundamento en lo que disponen los artículos 136 y 168 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el impetrante no exhibe dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, la cual se fija en forma discrecional al desconocerse los extremos legales condignos que lleven a una conclusión diferente; en la inteligencia que de no hacerlo las autoridades responsables estarán en posibilidad de ejecutar la orden de aprehensión, presentación y/o detención reclamada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 66 2001, publicada en la página 434 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, cuyo rubro es SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA QUEJOSA AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Se establece que la suspensión otorgada tampoco surtirá efecto alguno si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de una orden privativa de libertad librada en su contra por autoridad judicial, si se le sorprende en la comisión de flagrante delito, o si el acto reclamado proviene de juicio y autoridades diversas, o bien, si ha sido dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo o si infringen el Bando de Policía y Gobierno, o si se trata de orden distinta de la reclamada. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito inicial de demanda; y, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados del quejoso en términos amplios del primero de los citados numerales a por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, como lo solicita el promovente de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Lay de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídase copia certificada del presente proveído, así como de la resolución que se pronuncie sobre la suspensión definitiva y entréguesele a las personas que para tal efecto autoriza, previa identificación y razón de recibo que se dejen agregadas a los autos. Notifíquese. En Villahermosa, Tabasco, siendo las nueve horas con cinco minutos del nueve de mayo de dos mil diecinueve, en audiencia pública Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, ante Oscar Sánchez Domínguez, Secretario de Juzgado, con quien legalmente actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia correspondiente al incidente de suspensión, relacionado con el juicio de amparo , promovido por , a que se refiere el artículo 144 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin la comparecencia de las partes o quien legalmente los represente. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito inicial de demanda , auto de once de marzo de dos mil diecinueve, que ordena la apertura de esta incidencia, informes previos rendido por las autoridades responsables, auto en el que se tuvo por inexistente a la autoridad denominada como Coordinador Regional de la Policía de Investigación para el Combate al Abigeato del Estado de Tabasco, copia del ocurso de ampliación de demanda proveído de veinticuatro de abril del año en curso, en relación a la suspensión del acto reclamado por el que se amplió la demanda, informe previo relativo a la ampliación de la demanda y demás constancias que obran en autos. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental remitida por la Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, Centro, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe previo relativo a la ampliación de demanda, consistente en copia certificada de la carpeta de investigación de su índice; misma que obra por cuerda separada en un tomo de pruebas. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba de la autoridad responsable, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza. A lo anterior, el Juez acuerda: No existiendo pruebas pendientes de admitir y desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, el Secretario informa que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Cerrado el período de alegatos. Acto continuo, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos los autos para resolver sobre la suspensión definitiva del incidente relativo al juicio de amparo , promovido por Daniel de la Bodega Ramírez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Entidad Federativa, remitido por cuestión de turno a este Juzgado Federal, , demandó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de: 1. Fiscal General de Justicia del Estado de Tabasco. 2. Fiscal adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato. 3. Coordinador Regional de la Policía de Investigación para el Combate al Abigeato del Estado de Tabasco. 4. Titular y o Comandante y o Jefe de Grupo y o como se denomine de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Para el Combate al Abigeato. Mismos que literalmente consisten en: IV. ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. De las autoridades señaladas como ORDENADORA responsable; la orden que mandaron ejecutar en mi contra, y de la autoridad responsable señalada como EJECUTORA, respecto de la ilegal e inconstitucional ejecución de la misma orden de aprehensión, presentación y o detención que pretenden ejecutar en mi contra la citadas autoridades ejecutoras a pesar de que el suscrito NO HA COMETIDO DELITO ALGUNO SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión; en cumplimiento a ello, se aperturaron los presentes autos, fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Inexistencia de autoridad. En proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada en el demanda de amparo como Coordinador Regional de la Policía de Investigación para el Combate al Abigeato del Estado de Tabasco. CUARTO. Ampliación de la demanda. En proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se proveyó respecto a la suspensión del nuevo acto reclamado por el que el quejoso amplió su demanda de amparo, consistente en la cédula de cita emitida dentro de la carpeta de investigación, del índice de la Fiscalía para el Combate al Abigeato, con sede en esta ciudad; solicitándose al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, residente en esta ciudad, su informe previo en relación a dicha ampliación. Así, previos diferimientos, la audiencia incidental se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 138 y 140 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Ahora, es necesario precisar las conductas que la parte quejosa reclama en la especie, por lo que, después de la lectura integral de la demanda de amparo, el escrito de ampliación de demanda y las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados son: a La orden de aprehensión, presentación y o detención emitida en contra de Daniel de la Bodega Ramírez; así como su ejecución. b La cédula de cita emitida dentro de la carpeta de investigación , del índice de la Fiscalía para el Combate al Abigeato, con sede en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a. Al rendir las autoridades responsables sus informes previos, respecto al acto consistente en la orden de aprehensión, presentación y o detención, así como su ejecución, lo hicieron en los siguientes términos: Autoridad: Sentido: Fojas Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato en su denominación correcta Negó. 18. Jefe de Grupo de la Policía de Investigación del Estado, adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, en el Delito de Abigeato en su denominación correcta . Negó. 19. Fiscal General del Estado de Tabasco . Negó. 27. En ese orden, del cuadro que antecede se advierte que todas las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado a , sin que de autos se aprecie que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario. Así las cosas, al no haber aportado la parte quejosa prueba idónea que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables y acreditara la existencia del referido acto reclamado, debe negarse la suspensión definitiva que se solicita respecto a la orden de aprehensión, presentación y o detención, así como su ejecución. Lo anterior, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, novena época, cuyo rubro y texto es: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. CUARTO. Certeza de diverso acto reclamado b. Ahora, en lo concerniente al acto consistente en la cédula de cita emitida dentro de la carpeta de investigación, del índice de la Fiscalía responsable, si bien el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo relativo a la ampliación de la demanda, no aceptó ni negó la existencia de dicho acto, sí remitió copia certificada de la referida indagatoria, la cual obra por cuerda separada en un tomo de pruebas, de la que se advierte la certeza del mismo. Documental pública que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Negativa de la suspensión definitiva. En efecto, de las constancias remitidas por la aludida responsable como apoyo a su informe previo, se colige que dentro de la carpeta de investigación CI.FDA_118/2017, del consecutivo de la Fiscalía para el Combate al Abigeato, se emitió el oficio FDA_155/2019, consistente en la cédula de cita, dirigido a Daniel de la Bodega Ramírez, para que compareciera a las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Centro, con sede esta ciudad, a las once horas del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, a efecto de tomarle entrevista en calidad de imputado, en los términos ahí precisados, con apercibimiento de multa en caso de incomparecencia Por tanto, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA contra dicha citación, pues de concederse se paralizaría la debida integración de la carpeta de investigación, lo cual es contrario al interés social de conformidad con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la sociedad está interesada en que la investigación de los hechos prosiga su desarrollo regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que la indagatoria de origen es un procedimiento insuspendible por ser de orden público, lo que motiva la improcedencia de la medida cautelar que se pretende. Así las cosas, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una carpeta de investigación en proceso de integración, iniciada con motivo de un delito, de concederse, provocaría como efecto que la representación social incumpliera con lo dispuesto por el artículo 102 Constitucional en cuanto a la persecución de los delitos, pues se paralizaría el trámite que a él, como investigador, le corresponde constitucionalmente, lo cual evidentemente perjudicaría el interés social. Máxime, que la autoridad ministerial se encuentra facultada para la investigación de los delitos, de conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que pase inadvertido, que en el presente caso se trata de una citación en calidad de investigado; empero, lo cierto es que el objeto de dicha diligencia es hacerle saber al citado los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, tal como se desprende del numeral 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sólo en caso de así decidirlo, brindar declaración en dicha etapa procedimental, acorde con su derecho a declarar o a guardar silencio. SEXTO. Concesión de la suspensión definitiva. No obstante lo anterior, respecto a las consecuencias de la cédula de cita reclamada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, para el único efecto de que no se haga efectiva la medida de apremio con la que fue apercibido el quejoso, en dicha cédula de cita, consistente en multa de doscientos cincuenta días de Salario Mínimo Vigente en el Estado de Tabasco. Esta medida cautelar surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia esta resolución, siempre y cuando dicha medida de apremio no haya sido ejecutada, es decir, no se haya hecho efectiva la mencionada multa. Asimismo, surte sus efectos hasta en tanto la autoridad responsable reciba la notificación de que la sentencia dictada en el juicio principal del que deriva el presente incidente, ha causado ejecutoria. Se reserva la notificación de la presente resolución a la parte tercera interesada, hasta en tanto se logre su emplazamiento en el juicio principal del cual deriva el presente incidente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA a , la suspensión definitiva que solicitó respecto al acto consistente en la orden de aprehensión, presentación y o detención emitida en su contra, así como su ejecución; atribuido al Fiscal General del Estado de Tabasco y otras autoridades; y, el diverso acto consistente en la cédula de cita emitida dentro de la carpeta de investigación ; atribuido al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, residente en esta ciudad; ello, por los argumentos y fundamentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE a, la suspensión definitiva que solicitó respecto a las consecuencias del acto consistente en la cédula de cita emitida dentro de la carpeta de investigación; atribuido al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para el Combate al Abigeato, residente en esta ciudad; ello, por los argumentos y efectos vertidos en el considerando sexto de esta resolución incidental. Notifíquese.

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