Daniel Dávila Romero

Expediente 961/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
961/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2015

Partes del expediente

  • Daniel Dávila Romero

Actuaciones

  1. Principal

    se resuelve: se sobresee

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite el diverso signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de Lerma de Villada México, mediante el cual rinde informe justificado; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la misiva de cuenta y con su contenido íntegro, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte no obra el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especialidad en Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ni el acuse de recibo del oficio 19112, de veinticuatro de junio de dos mil quince, por el que se le solicitó. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que se reciba el informe previo de la citada responsable, o bien, de obtener el acuse del oficio por el que le fue solicitado; resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar son fijadas las diez horas con cincuenta minutos del diez de agosto de dos mil quince, para su verificativo.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por Daniel Dávila Romero, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Segundo Turno de Lerma de Villada, México y otra autoridad, que los hace consistir en la omisión de investigar y determinar la judicialización de los hechos contenidos en la carpeta de investigación 160210830208612; en tales condiciones, anótese su ingreso, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Se señalan las once horas con diez minutos del quince de julio de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 115 de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia autorizada del escrito de demanda y del presente proveído. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa del juicio laboral del que emana el acto que por esta vía se combate; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 223605.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que las autoridades que designaron en la demanda que se provee, hayan sido denominadas incorrectamente, las mismas se tendrán por inexistentes y se dejará de tener comunicación con ellas. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en el escrito de demanda; y como autorizadas en términos amplios a las personas indicadas, por así solicitarlo. En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. En atención a lo señalado en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.Ahora, es importante señalar que los artículos 3º y 24 de la Ley de Amparo, disponen que los escritos en el juicio de amparo puedan realizarse de forma impresa o electrónica, estas últimas, mediante la utilización de tecnologías de la información a través de la firma electrónica; así como la consulta del expediente por las partes (entre otros, a través de esos métodos).

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