Daniel Dámaso Vásquez Bautista

Expediente 506/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 72 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
506/2018
Año
2018
Actuaciones
72
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Daniel Dámaso Vásquez Bautista
  • Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en Xalapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo ********************, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 191 a 215) se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a ********************. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Director General de Administración y la Actuaria Judicial, por conducto de su representante, interpusieron recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 192 a 198) confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "[.] a) Se desincorpore de la esfera jurídica del aquí quejoso dicha porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y no le sea aplicada en el presente ni en el futuro. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia número P./J.112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." b) Concesión que se hace extensiva al acto concreto de aplicación consistente en el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que se aplicó el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al imponer la medida cautelar consistente en la suspensión temporal del cargo de Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del quince del mes y año en cita, hasta que se resuelva el proceso penal; así como sus consecuencias, tales como la suspensión de pago de emolumentos y prestaciones que percibía como juez, al emitirse con fundamento en la norma declarada inconstitucional. Por ende, deberán dejar insubsistentes los actos aquí reclamados; reintegrar a ******************** en el cargo que desempeñaba en el momento de su emisión, como Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, con los derechos que le son inherentes, y entregarle al quejoso los salarios y prestaciones que con motivo de la ejecución del acto reclamado, se le dejaron de cubrir desde su ejecución. Lo anterior con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo. [.]" Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 199 a 201) se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte (foja 359) se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas. Seguidamente, en resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin efectos ni defectos. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa ********************, interpuso recurso de inconformidad, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, lo declaró parcialmente fundado. Así, se requirió nuevamente a las autoridades responsables en auto de veintitrés de febrero del año en curso, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y el siete de abril siguiente, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por las mismas. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que el delegado de las autoridades responsables 3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 4. Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio DAJ/DC/135/2020 remitió copia certificada del acta de pleno extraordinario celebrado el veintidós de enero de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (fojas 351 a 358) de la que se advierte que acordaron desincorporar de la esfera jurídica de ********************, la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y ésta no le sea aplicada ni en lo presente ni en lo futuro. Asimismo, dejaron sin efectos el acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, relativo al punto quinto de la misma, en el que se determinó la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de los efectos del nombramiento otorgado al referido quejoso, como Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del quince del mes y año en cita. Por otro lado, mediante telegrama y oficio DCDAJ/841/2019-I (foja 222 y 241 a 248) las referidas autoridades responsables precisaron que en atención a la suspensión concedida en interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil dieciocho dictada en el cuaderno incidental del juicio de amparo ********************, en la que se ordenó reintegrar al quejoso en el cargo de Juez que desempeñaba hasta antes de la emisión del acto reclamado con el goce del salario inherente a este y a su vez, le entregaran las percepciones que dejó de cubrírsele mientras estuvo retirado del cargo, realizaron lo siguiente: En primer lugar, reincorporaron a ********************, como Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del diez de agosto de dos mil dieciocho, con el goce de los salarios y demás prestaciones inherentes al cargo de Juez del Poder Judicial del Estado. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables consistentes en los oficios 011863 y 025068 de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, de los que se advierten los nombramientos otorgados al quejoso en dicho puesto, a partir del diez de agosto de dos mil dieciocho y seis de diciembre de dos mil diecinueve, así como de los pagos de nómina comprendidos de la primera quincena de septiembre de dos mil dieciocho a la primera de octubre de dos mil diecinueve (fojas 242, 252 a 294 y 312). Asimismo, con oficio DAJ/DC/968/2019-I (foja 311) a fin de acreditar que la parte quejosa se encuentra gozando de la prestación de Seguridad Social a que tiene derecho por ocupar dicho puesto, remitieron copia certificada del aviso automático de alta del quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 314 y 315). En segundo término, que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho cubrieron el adeudo generado a partir de que se le aplicó el acto reclamado y hasta que se cumplió con la interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, esto es, del dieciséis de junio al nueve de agosto de esa anualidad, que ascendió a la cantidad de $105,857.99 (ciento cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 99/100 moneda nacional) misma que fue depositada a la nómina de la parte quejosa (fojas 244 y 245). Por otro lado, la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Veracruz, informó que con oficio 3102224100/JC/2112 (foja 227) solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, girara sus indicaciones a fin de que realizara en su calidad de patrón el alta de la parte quejosa, lo que se llevó a cabo, tal como se advierte del aviso automático de alta del quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 314 y 315). De la misma manera, la autoridad responsable Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, informó su imposibilidad material y jurídica para cumplir la sentencia de amparo, toda vez que únicamente participó en el proceso de creación de la Ley 615 Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Veracruz, al hacer uso de las facultades que le concede el artículo 33 fracción primera y 38 de la Constitución Política Local, 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la inconformidad 17/2020 del índice de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, se advierte que el delegado de las autoridades responsables 3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 4. Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio DAJ/DC/232/2021 remitió copia certificada del diverso 003844 de once de marzo de los corrientes, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, quien en apego a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de nueve de marzo de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento del quejoso que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 95, 103 fracciones I y XLI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acordó desincorporar de su esfera jurídica la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que no se le sea aplicada en el presente ni en lo futuro. Así también, le reintegró en el cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con el sueldo que corresponde al cargo que señala la partida relativa del presupuesto vigente, en cumplimiento a lo establecido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la fecha en que se restituyó en dicho cargo, lo que aconteció el diez de agosto de dos mil dieciocho. Además, dejó sin efectos el punto quinto dictado por dicho Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, así como los oficios 011863 y 025068, de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con oficio 31 02224100/JC/0523 de veinticuatro de mazo pasado, remitió copia de la constancia de vigencia de derechos expedida a favor del quejoso ********************, del que se advierte que continua vigente su derecho al servicio médico. Finalmente, en corolario de lo antes expuesto, se determina que las autoridades responsables, atendieron a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, acordó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que no se le sea aplicada en el presente ni en lo futuro, y determinaron que no le sería aplicada en el presente ni en el futuro, además, dejó sin efectos el punto quinto dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, así como los oficios 011863 y 025068, de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Por ende, reintegró en el cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con los derechos que le son inherentes, y le entregaron al quejoso los salarios y prestaciones que con motivo de la ejecución del acto reclamado, se le dejaron de cubrir desde su ejecución; así, se restituyó al quejoso en el pleno goce de sus derechos vulnerados, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones I, inciso k) y II, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Boca del Río, Veracruz, quince de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos y las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 191 a 215) se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a ********************. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Director General de Administración y la Actuaria Judicial, por conducto de su representante, interpusieron recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 192 a 198) confirmó la sentencia recurrida, en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "[.] a) Se desincorpore de la esfera jurídica del aquí quejoso dicha porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y no le sea aplicada en el presente ni en el futuro. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia número P./J.112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." b) Concesión que se hace extensiva al acto concreto de aplicación consistente en el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, en el que se aplicó el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al imponer la medida cautelar consistente en la suspensión temporal del cargo de Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del quince del mes y año en cita, hasta que se resuelva el proceso penal; así como sus consecuencias, tales como la suspensión de pago de emolumentos y prestaciones que percibía como juez, al emitirse con fundamento en la norma declarada inconstitucional. Por ende, deberán dejar insubsistentes los actos aquí reclamados; reintegrar a ******************** en el cargo que desempeñaba en el momento de su emisión, como Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, con los derechos que le son inherentes, y entregarle al quejoso los salarios y prestaciones que con motivo de la ejecución del acto reclamado, se le dejaron de cubrir desde su ejecución. Lo anterior con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo. [.]" Mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (fojas 199 a 201) se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte (foja 359) se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas. Seguidamente, en resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo sin efectos ni defectos. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa ********************, interpuso recurso de inconformidad, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, lo declaró parcialmente fundado. Así, se requirió nuevamente a las autoridades responsables en auto de veintitrés de febrero del año en curso, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y el siete de abril siguiente, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por las mismas. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que el delegado de las autoridades responsables 3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 4. Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio DAJ/DC/135/2020 remitió copia certificada del acta de pleno extraordinario celebrado el veintidós de enero de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (fojas 351 a 358) de la que se advierte que acordaron desincorporar de la esfera jurídica de ********************, la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y ésta no le sea aplicada ni en lo presente ni en lo futuro. Asimismo, dejaron sin efectos el acto reclamado, consistente en el acuerdo dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, relativo al punto quinto de la misma, en el que se determinó la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de los efectos del nombramiento otorgado al referido quejoso, como Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del quince del mes y año en cita. Por otro lado, mediante telegrama y oficio DCDAJ/841/2019-I (foja 222 y 241 a 248) las referidas autoridades responsables precisaron que en atención a la suspensión concedida en interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil dieciocho dictada en el cuaderno incidental del juicio de amparo ********************, en la que se ordenó reintegrar al quejoso en el cargo de Juez que desempeñaba hasta antes de la emisión del acto reclamado con el goce del salario inherente a este y a su vez, le entregaran las percepciones que dejó de cubrírsele mientras estuvo retirado del cargo, realizaron lo siguiente: En primer lugar, reincorporaron a ********************, como Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a partir del diez de agosto de dos mil dieciocho, con el goce de los salarios y demás prestaciones inherentes al cargo de Juez del Poder Judicial del Estado. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables consistentes en los oficios 011863 y 025068 de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, de los que se advierten los nombramientos otorgados al quejoso en dicho puesto, a partir del diez de agosto de dos mil dieciocho y seis de diciembre de dos mil diecinueve, así como de los pagos de nómina comprendidos de la primera quincena de septiembre de dos mil dieciocho a la primera de octubre de dos mil diecinueve (fojas 242, 252 a 294 y 312). Asimismo, con oficio DAJ/DC/968/2019-I (foja 311) a fin de acreditar que la parte quejosa se encuentra gozando de la prestación de Seguridad Social a que tiene derecho por ocupar dicho puesto, remitieron copia certificada del aviso automático de alta del quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 314 y 315). En segundo término, que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho cubrieron el adeudo generado a partir de que se le aplicó el acto reclamado y hasta que se cumplió con la interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, esto es, del dieciséis de junio al nueve de agosto de esa anualidad, que ascendió a la cantidad de $105,857.99 (ciento cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos 99/100 moneda nacional) misma que fue depositada a la nómina de la parte quejosa (fojas 244 y 245). Por otro lado, la autoridad responsable Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Veracruz, informó que con oficio 3102224100/JC/2112 (foja 227) solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, girara sus indicaciones a fin de que realizara en su calidad de patrón el alta de la parte quejosa, lo que se llevó a cabo, tal como se advierte del aviso automático de alta del quejoso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 314 y 315). De la misma manera, la autoridad responsable Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, informó su imposibilidad material y jurídica para cumplir la sentencia de amparo, toda vez que únicamente participó en el proceso de creación de la Ley 615 Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Veracruz, al hacer uso de las facultades que le concede el artículo 33 fracción primera y 38 de la Constitución Política Local, 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en la inconformidad 17/2020 del índice de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, se advierte que el delegado de las autoridades responsables 3. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 4. Director General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante oficio DAJ/DC/232/2021 remitió copia certificada del diverso 003844 de once de marzo de los corrientes, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura, quien en apego a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de nueve de marzo de dos mil veintiuno, hizo del conocimiento del quejoso que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 95, 103 fracciones I y XLI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acordó desincorporar de su esfera jurídica la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que no se le sea aplicada en el presente ni en lo futuro. Así también, le reintegró en el cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con el sueldo que corresponde al cargo que señala la partida relativa del presupuesto vigente, en cumplimiento a lo establecido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la fecha en que se restituyó en dicho cargo, lo que aconteció el diez de agosto de dos mil dieciocho. Además, dejó sin efectos el punto quinto dictado por dicho Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, así como los oficios 011863 y 025068, de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Asimismo, el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con oficio 31 02224100/JC/0523 de veinticuatro de mazo pasado, remitió copia de la constancia de vigencia de derechos expedida a favor del quejoso ********************, del que se advierte que continua vigente su derecho al servicio médico. Finalmente, en corolario de lo antes expuesto, se determina que las autoridades responsables, atendieron a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, esto es, acordó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa consistente en el artículo 103, fracción XIX de la Ley número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que no se le sea aplicada en el presente ni en lo futuro, y determinaron que no le sería aplicada en el presente ni en el futuro, además, dejó sin efectos el punto quinto dictado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil dieciocho, así como los oficios 011863 y 025068, de siete de agosto de dos mil dieciocho y cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Por ende, reintegró en el cargo de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con los derechos que le son inherentes, y le entregaron al quejoso los salarios y prestaciones que con motivo de la ejecución del acto reclamado, se le dejaron de cubrir desde su ejecución; así, se restituyó al quejoso en el pleno goce de sus derechos vulnerados, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones I, inciso k) y II, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la autoridad responsable ordenadora, remita las constancias correspondientes al total cumplimiento. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al delegado de las autoridades responsables 3. Consejo, 4. Director General de Administración y 5. Actuaria Judicial, todas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, informando que con oficio 003194 de dos de marzo pasado el secretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, le hizo del conocimiento que en la próxima sesión se daría cuenta y procederían a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, a la fecha no obra en autos del presente sumario constitucional, que las autoridades responsables hayan remitido las constancias con las que se acrediten el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 3. Consejo y 4. Director General de Administración, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se les conminó en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. De conformidad con el artículo 26, fracciones II, inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las referidas autoridades responsables y por lista a las partes, el contenido del presente proveído.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, mediante oficio que al efecto se libre remítase copia autorizada de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en los autos de la inconformidad 14/2020 de su índice; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

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