Daniel Cuadros Torres

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Daniel Cuadros Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual, inserta la resolución dictada en sesión de trece de abril del año en curso, en el recurso de queja ********************, de su índice, de la cual se advierte que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. De lo anterior, realícense las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintitrés de febrero del año en curso e informa que se admitió y registró con el número ********************; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción presentada vía electrónica por ********************ostentándose como defensor particular del directo quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra del auto dictado el veintitrés de febrero del año en curso. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad el oficio, boleta de turno y escrito de expresión de agravios de manera digitalizada. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de defensa hecho valer que, se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1240. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO Agréguese el escrito del quejoso ********************, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se procede a proveer lo conducente. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda, se advierte que el citado quejoso reclama el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en la audiencia celebrada dentro de la carpeta administrativa 1356/2022, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, a través del cual negó acordar favorable la solicitud que formuló su defensor particular en el sentido de que se le otorgue mayor plazo para su defensa y la reapertura de investigación en términos del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación al quejoso ********************, con la determinación dictada el veintitrés de enero del año en curso, que como acto reclamado señala en el presente juicio de amparo. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, el ahora justiciable, pretende controvertir a través del presente juicio de amparo, la determinación dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la audiencia celebrada dentro de la carpeta administrativa 1356/2022, a través de la cual no acordó de manera favorable la solicitud que formuló su defensor particular en el sentido de que se le otorgue mayor plazo para su defensa y la reapertura de investigación en términos del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en su escrito inicial de demanda, refiere que el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, atendiendo a la naturaleza y complejidad del asunto, así como la dificultad de obtener diversos datos de prueba durante la investigación complementaria, su defensor particular solicitó mayor plazo para su defensa. De igual manera, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso antes nombrado señala que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales de debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa técnica y adecuada, imparcialidad y derecho a la incorporación y obtención de datos de prueba que soporten una teoría del caso eficiente en protección de sus derechos que favorecen al agente del Ministerio Público y lo colocan en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, lo que facilitará el dictado de una sentencia de condena en la etapa de juicio ante la insuficiencia de pruebas. De lo antes señalado se advierte, que la inconformidad del quejoso radica en el hecho de que no fue acordada favorablemente la petición de su defensor particular en otorgarle mayor plazo para su defensa y ordenar la reapertura de investigación en términos del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues pretende aportar mayores datos de prueba. Sin embargo, pese a lo sostenido por el promovente, con la emisión del auto impugnado no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo, en razón que sus consecuencias inciden únicamente en cuestiones de índole procesal que no tienen injerencia sobre de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por el contrario, la única consecuencia que conlleva la actuación de la responsable radica en el hecho de que al no acordar favorable la solicitud que formuló su defensor particular de otorgar mayor plazo para la defensa y ordenar la reapertura de investigación en términos del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se continúe con el proceso correspondiente. Pues en ese sentido, el quejoso ********************, inadvierte que el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el ahora impetrante de amparo tiene derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 146/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, página 1224, Materia Penal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, del rubro y texto siguiente: "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia de otorgar o no la prórroga en la etapa de investigación complementaria dentro del proceso penal acusatorio, cuando en el caso ya se llegó al límite máximo que prevé el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales: dos meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión y seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo. Criterio jurídico: Si en un proceso penal acusatorio, el imputado o su defensa solicitan una prórroga de la etapa de investigación complementaria, ésta es improcedente otorgarla una vez que se hayan alcanzado los límites máximos que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para su duración. Justificación: El cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante." En ese tenor, incluso, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en el fallo que llegue a dictarse en el procedimiento de origen, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el tribunal responsable dictara sentencia a su favor, lo que implica que los perjuicios que, en su caso, le ocasione en este momento el acto reclamado, en realidad se encuentra condicionado a un acto futuro, de ahí que no pueda afirmarse que la resolución reclamada genere un perjuicio de imposible reparación de manera actual, real y directa. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ********************, por conducto de su defensor particular ********************con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso donde se encuentra recluido.

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