Daniel Cruz López

Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Daniel Cruz López

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de Amparo 97/2022 En esta fecha, el suscrito Secretario da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos . Conste. Mexicali, Baja California, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución dictada en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Incidente. No se solicitó la apertura. Documentos originales. No existen para su devolución. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten so re juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se negó la protección constitucional. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Anotaciones y archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.Juicio de Amparo 97/2022 En esta fecha, el suscrito Secretario da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos . Conste.

  2. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (1) ************, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Notificación de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que está transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rindan su informe justificado las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad; toda vez que el proveído por medio del cual se requirió dicho informe, fue notificado el diez de febrero del año en curso. Diferimiento. Por tanto, a efecto de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se designan las doce horas con diez minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) ******************** contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 97/2022. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: 1. Señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y, 2. Acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir sus respectivo informe justificado dentro del término conferido o de no acompañar en su caso copia certificada de las constancias correspondientes, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Improcedencia y sobreseimiento. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase de a la responsable que informe a este Juzgado, si en el presente juicio de amparo se llegara a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso, remitan copias certificadas de las constancias que lo acrediten; así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con base en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia; en el claro entendido de que, de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las doce horas del uno de marzo de dos mil veintidós, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "Registro digital: 2002576 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. De la intelección de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que no existe tercero interesado; lo anterior virtud de que indica la parte quejosa, la demanda laboral por ella promovida ante la autoridad responsable, aún no ha sido radicada, por ende, en el juicio natural aún no ha sido emplazada la parte demandada. De ahí que aquella carece de dicho carácter, en tanto que al no haber sido emplazada aún en el juicio natural, no puede haber resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender; de hecho, justamente el acto que aquí se reclama consiste en la dilación del procedimiento laboral génesis, entre otras cosas por no haber sido radicada la demanda. Es aplicable al caso el siguiente criterio, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. (Época: Novena Época, Registro: 167160, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 67/2009, Página: 265). Pruebas. No se ofrecieron. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de ley de amparo a la profesionista (A) *************************, por así solicitarlo el promovente. No ha lugar acordar de conformidad designación de apoderados legales. Al respecto cabe precisar que si bien el quejoso manifestó en el escrito de demanda que designa como apoderados legales a (A) **********************sin embargo, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero; de ahí que no haya lugar a acordar de conformidad la designación de apoderados legales. Máxime que entre las facultades para las cuales aduce la parte quejosa designa como apoderados a los antes nombrados, se encuentra la de aclarar, ampliar, enderezar la demanda de amparo, promover a su nombre cualquier tipo de requerimiento, aun y cuando sea bajo protesta de decir verdad; lo cual no es factible autorizar, pues las manifestaciones vertidas en dicha forma son estrictamente personales a cargo del quejoso. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Aunado a ello, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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