Daniel Correa Velazquez
Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Correa Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyanse el juicio, y consérvese el cuaderno único del incidente de suspensión. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
... Enseguida la secretaria da cuenta al juez con los pedimentos registrados con los números 13881 y 13882, signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; de igual manera se tienen por recibidos los pedimentos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional, de lo que se ordena hacer relación en la etapa respectiva del desarrollo de la presente audiencia. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por el Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán (foja 157). Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las documentales mencionadas en el párrafo anterior. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente formuló alegatos la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 2-6), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán y de otras autoridades. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 323/2023; en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés (foja 7), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Tercero. Autoridades inexistentes. En proveídos de veintinueve de marzo (foja 73), doce y veintiuno de abril de dos mil veintitrés (fojas 138 y 155), se tuvieron por no señaladas como responsables a las autoridades siguientes: Titular de la Dirección y Seguimiento del Plan de Persecución de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Titular de la Dirección de Carpetas de Investigación; Titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto; Titular de la Fiscalía General de la Republica, adscrito a la Fiscalía General de la Republica; Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, adscrito a la Fiscalía General de República; Titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, adscrito a la Fiscalía General de la República; Titular de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a la Fiscalía General de la República; Titular de la Oficialía Mayor, adscrito a la Fiscalía General de la Republica; Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrito a la Fiscalía General de la Republica, todos con residencia en esta ciudad; Titular de la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía de Zitácuaro, adscrita a la Fiscalía General del Estado; Fiscalía General del Estado (Uruapan); Titular de la Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía de Zitácuaro, adscrita a la Fiscalía General del Estado; Titular de la Fiscalía de Jiquilpan, adscrita a la Fiscalía General del Estado; Titular de la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía de Jiquilpan, adscrita a la Fiscalía General del Estado; Titular de la Fiscalía de Zamora, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, Titular de la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zamora, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Cuarto. Requerimiento sobre ampliación de demanda. En proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés (foja 164), se tuvo al Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, manifestando que era cierta la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, ya que contaba con el registro de la carpeta de investigación 1006202207643, la cual originó la causa penal 45/2022, instruido en contra de ********************en cuanto probable responsable de la comisión de los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de ********************, dentro de la cual la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, la cual se encuentra vigente. Derivado de ello, en el mismo auto, se ordenó dar vista al quejoso para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, apercibido que de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Quinto. Se hace efectivo apercibimiento. En auto de seis de junio de dos mil veintitrés (foja 169) y toda vez que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diez de mayo de citado año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en éste y se ordenó que el juicio en que se actúa se resolviera únicamente respecto de la autoridad señalada en su escrito inicial de demanda. Sexto. Se regulariza procedimiento. En auto de siete de junio de dos mi veintitrés (foja 173) con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles así como los diversos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán; apercibido que de no hacerlo se resolvería únicamente respecto de la autoridad responsable y del acto reclamado precisado en su escrito inicial de demanda. En proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés (foja 195), y toda vez que el quejoso no amplió su demanda respecto de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán; se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso de siete de junio anterior, y se ordenó continuar el juicio únicamente por los actos reclamados y autoridades y actos señalados por el quejoso en su demanda de amparo. Seguido el juicio por sus demás trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados se pretenden ejecutar en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con los criterios transcritos y en atención además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso, son: La orden de detención y/o aprehensión dictada en su contra así como su ejecución. Actos que atribuyó a: Fiscalía General del Estado. Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia (en su denominación correcta). Coordinador General de la Policía de Investigación (en su denominación correcta). Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Director de la Policía de Investigación del Estado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Titular de la Unidad de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio (en su denominación correcta). Autoridades con sede en Morelia, Michoacán. Fiscal Regional de Uruapan. Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan. Fiscal Regional de Zitácuaro. Fiscal Regional de Apatzingán. Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán. Fiscal Regional de La Piedad (en su denominación correcta). Director Regional de Carpetas de Investigación de La Piedad. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de La Piedad. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Fiscal Regional de Huetamo. Director de Carpetas de Investigación y Encargado de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Huetamo (en su denominación correcta). Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Huetamo. Fiscalía Regional de Coalcomán (en su denominación correcta). Director de Carpetas de Investigación y Encargado de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Huetamo (en su denominación correcta). Director de la Policía de Investigación de la Región de Coalcomán. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades que se listan a continuación, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados: Fiscalía General del Estado (foja 29). Coordinador General de la Policía de Investigación, en su denominación correcta (foja 26). Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto (foja 22). Director de la Policía de Investigación del Estado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto (foja 18). Titular de la Unidad de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto (foja 32). Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (foja 16). Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, en su denominación correcta (foja 20). Autoridades con sede en Morelia, Michoacán. Fiscal Regional de Uruapan (foja 95). Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (foja 99). Fiscal Regional de Apatzingán (foja 89). Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán (foja 78). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán (foja 82). Fiscal Regional de La Piedad, en su denominación correcta (foja 93). Director Regional de Carpetas de Investigación de La Piedad (foja 75). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de La Piedad (foja 80). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Jiquilpan (foja 77). Fiscal Regional de Huetamo (foja 87). Director de Carpetas de Investigación y Encargado de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Huetamo, en su denominación correcta (foja 91). Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Huetamo (foja 97). Fiscalía Regional de Coalcomán, en su denominación correcta (foja 103). Director de Carpetas de Investigación y Encargado de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Huetamo, en su denominación correcta (foja 105). Director de la Policía de Investigación de la Región de Coalcomán (foja 107). Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, pues el que afirma está obligado a probar, como se sigue del artículo 81 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades enumeradas en líneas anteriores, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 227634 del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". Cuarto. Existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de ********************. Es cierta la orden de aprehensión dictada en contra ******************** así como su ejecución, emitida por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, dentro de la causa penal 45/2022, ya que así lo manifestó el Fiscal Regional de Zitácuaro al rendir su informe justificado (foja 157). Por su parte, la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, al rendir su informe justificado (foja 24), fue omisa en pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia del acto de ejecución que se le atribuye; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, debe presumirse su certeza. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal de justicia, consultable en la página 74, de la tercera parte CXX, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI EN EL NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Certeza que se corrobora, con las documentales que adjuntó el Fiscal Regional de Zitácuaro a su informe justificado, consistente en copias de la transcripción de la orden de aprehensión emitida el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 45/2022 (fojas 158-160). Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, este juzgador advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, registro digital 200588, de rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, registro digital 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando cuarto de esta sentencia, este juzgador, en proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés (foja 164), tuvo al Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, manifestando que era cierta la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, ya que contaba con el registro de la carpeta de investigación 1006202207643, la cual originó la causa penal 45/2022, instruida en contra de ********************en cuanto probable responsable de la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de ********************, dentro de la cual la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, la cual se encuentra vigente. Derivado de ello, en el mismo auto, se ordenó dar vista al quejoso por el plazo de tres días para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, apercibido que de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Proveído que fue notificado al quejoso el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (foja 168); no obstante ello, una vez transcurrido el plazo de ley, no manifestó nada en relación a si deseaba señalar como responsable a la multicitada autoridad, por lo que en proveído de seis de junio del referido año (foja 169), este juzgador ordenó continuar y resolver el presente juicio sólo respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el escrito de demanda. Asimismo, dado que el término de tres días no es el que debe de otorgarse para el caso de ampliación de demanda, en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 173), se regularizó el procedimiento y se volvió a requerir al quejoso para que en el término de quince días manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, apercibido que de no hacerlo, se continuaría el trámite del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Proveído que fue notificado al quejoso el diecinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 185); no obstante ello, una vez transcurrido el plazo de ley, no manifestó nada en relación al requerimiento, por lo que en proveído de dieciocho de julio del referido año (foja 195), este juzgador ordenó resolver el presente juicio sólo respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el escrito de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, ya que fue esa autoridad quien emitió la orden de aprehensión el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 45/2022, instruida en contra de ********************por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9°, fracción I, inciso c), 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de Secuestro, al justificarse la probable responsabilidad del investigado, en perjuicio de ********************, tal como se advierte de la documental exhibida por Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, consistente en la transcripción de la referida orden de aprehensión. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán; pues así quedó demostrado con las constancias que adjuntó el Fiscal Regional de Zitácuaro al rendir su informe justificado, en las que se aprecia que es la primera de las autoridades mencionadas la que emitió la orden de aprehensión reclamada. Así, debe entenderse que si el quejoso no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente la orden de aprehensión emitida el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 45/2022, instruida en contra de ********************por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9°, fracción I, inciso c), 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de secuestro, al justificarse la probable responsabilidad del investigado, en perjuicio de ******************** Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 197684, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 208065, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por otra parte, no se analizará la causa de improcedencia hecha valer por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Fiscal Regional de Zitácuaro y a la Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la juez ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registro digital 253622, de texto y rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, por los actos, autoridades y motivos contenidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado María del Carmen Vieyra Avilés, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado al quejoso y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se ordena continuar el presente juicio únicamente por las autoridades y actos reclamados señalados en la demanda de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Partamente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los pedimentos de la agente del Ministerio Público Federal, con éste dese cuenta en la audiencia constitucional. En relación con la solicitud de copia de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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