Daniel Colin Trujillo

Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1129/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Daniel Colin Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. I. Promovente. Visto el escrito de demanda signado por Daniel Colin Trujillo; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Acto reclamado. La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lo Penal, Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro de proseguir con la investigación por la denuncia presentada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, sobre los hechos ocurridos el día veinte del mes y año en cita, en que el que se fue víctima de robo de vehículo agravado mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima por dos o más sujetos, virtud que la responsable se niega a darle continuidad a la denuncia que integra la carpeta CLN/UERV/000636/2020/C.I. III. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de autoridad judicial; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones o negativas del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que las partes pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones o negativas de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2017641, visible en libro 57, agosto de 2018, Tomo I, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Bajo tal premisa, se obtiene que las omisiones o negativas del ministerio público en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al no haberlo hecho así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. IV. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. V. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. VI. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. VII. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- VIII. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. IX. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. X. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XI. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano