Daniel Chávez Marín
Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Daniel Chávez Marín
Actuaciones
- Principal
Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 151 a 153); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero y Vigésimo Quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, y en el Punto Vigésimo Primero fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y de conformidad con el manual para la organización de los archivos judiciales resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN PARCIAL, en razón de que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; lo anterior, en virtud de la importancia del otorgamiento de la suspensión, toda vez que en el supuesto de su violación, puede configurarse una conducta sancionable penalmente; por tanto una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a la desincorporación de las constancias que lo integran para su destrucción, debiendo conservar únicamente la demanda de amparo, el acuerdo en que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, así como las relativas a su otorgamiento o violación. Finalmente, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado
- Principal
Visto; con fundamento en los artículos 117 y 126 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios signados por el Agente del Ministerio Público Titular Especializado en Justicia para Adolescentes; por el Oficial Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial en Acapulco, Guerrero; por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado del Sector Central; por el Ministerio Público de Unidad de Titular Sector Central de Distrito Judicial de Tabares; y por el Agente de la Policía Ministerial del Estado Encargada de la Coordinación de Zona Especializada en Justicia para Adolescentes, todos con residencia en esta ciudad, por los que rinden informe justificado e informa sobre la suspensión de plano otorgada en favor del quejoso; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, del análisis minucioso de las constancias remitidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular Especializado en Justicia para Adolescentes, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, se decretó la libertad bajo reservas de ley al quejoso *****, en términos del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, debe precisarse que los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen.... En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Tiene aplicación la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, Tomo 91-96 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, se tiene por recibido el oficio firmado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que comparece ante este órgano jurisdiccional, para la aceptación y protesta del cargo que le fue conferido, de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vistas; las razones levantadas por Maricela Gutiérrez Galindo, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de las que se advierte que el directo quejoso ******, ratificó la demanda de amparo instada a su favor por ******, asimismo, señala como autoridades responsables al Coordinador de la Policía Ministerial Especializado en Justicia para Adolescentes y Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, residentes en esta ciudad; por tanto, tomando en consideración que este órgano de control constitucional se reservó a proveer lo relativo a la admisión de la demanda de amparo, hasta en tanto las impetrantes la ratificaran, lo cual ya aconteció, se levanta dicha reserva. En esa tesitura, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo promovida por *****, en favor de *****, contra actos del Coordinador de la Policía Ministerial Especializado en Justicia para Adolescentes, residente en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Sin tramitarse incidencia alguna, dado que en acuerdo de catorce de noviembre actual, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se les atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remitan copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a las autoridades responsables que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo , podrá multárseles con cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio , en caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir oficios que se dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones...
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