Daniel Cerino Álvarez
Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Daniel Cerino Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Cerino Álvarez, para los efectos siguientes: "Notifique de inmediato, a todas las partes el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 177/2017 de su índice, con la temporalidad suficiente y las formalidades de ley, para que estén en condiciones de ocurrir a las diligencias fijadas en dicho proveído". El diez de agosto siguiente, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. En razón de lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio TCYA/AMP/8028/2022 de veintidós de agosto de la anualidad en curso, remitió copia certificada de las notificaciones efectuadas a las partes 1) Gilberto Ramos de la Cruz (apoderado legal de la parte actora), 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 3) Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco (demandados), efectuadas el diecisiete y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, en el expediente laboral 177/2017 de su índice, respecto del proveído de once de julio de dos mil veintidós, a través del cual, señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional, testimonial e inspección ocular ofrecidas por la parte actora -aquí parte quejosa-. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, se observa que acató tales efectos, ya que el diecisiete y dieciocho de agosto del año en curso, respectivamente, notificó a las partes 1) Gilberto Ramos de la Cruz (apoderado legal de la parte actora), 2) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y 3) Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco (demandados), el contenido del proveído de once de julio de dos mil veintidós, a través del cual, señaló las fechas siguientes: Diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba confesional. Nueve horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial. Once horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de inspección ocular. Probanzas ofrecidas por la parte actora -aquí parte quejosa- en el expediente laboral 177/2017; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hicieran lo propio. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por medio del cual, manifiesta que se adhiere al diverso TCYA/AMP/6762/2022, remitido por su superior el catorce de julio del año actual, por el que rindió informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el veintidós de julio siguiente, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintidós de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo y en el segundo punto se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Daniel Cerino Álvarez; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Notifique de inmediato, a todas las partes el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 177/2017 de su índice, con la temporalidad suficiente y las formalidades de ley, para que estén en condiciones de ocurrir a las diligencias fijadas en dicho proveído. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 979/2022-10, promovido por *********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete posterior, Daniel Cerino Álvarez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, MISMO QUE FUE SEÑALADO PARA SU CELEBRACIÓN CON FECHA 20 DE ENERO DE 2020 (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 2 Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinte de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 979/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza del acto que se reclama en la presente controversia no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión en virtud de no haberlo solicitado la parte impetrante en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tiene verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de señalar fecha y hora para el desahogo de pruebas en el expediente 177/2017. La omisión de notificar a las partes el acuerdo relativo al desahogo de medios de prueba. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el reclamo señalado en el considerando precedente, aun cuando lo haya negado el Magistrado Presidente del Tribunal responsable, al rendir el informe justificado, ya que, de la copia certificada del proveído de once de julio de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 177/2017de su índice, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -quince de junio de dos mil veintidós- efectivamente no había proveído sobre el trámite y desahogo de los medios de prueba ofertados en el citado procedimiento laboral, asimismo, tampoco se advierten constancias de notificación a las partes respecto del auto en comento; lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en relación al acto reclamado identificado con el inciso a. del considerando segundo de esta sentencia, de la constancia que el magistrado presidente del Tribunal responsable acompañó a su informe se advierte que, mediante auto de once de julio dos mil veintidós [Fojas 23 a 25], señaló las siguientes fechas para el desahogo de medios de convicción: Diez horas del día veintisiete de octubre del dos mil veintidós para que tenga verificativo el desahogo de la confesional ofrecida por la parte actora. Nueve horas del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la testimonial ofrecida por la parte actora y; Once horas del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular ofrecida por la parte actora. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -quince de julio de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de parte de la autoridad responsable ya que no había señalado fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio natural; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Respecto al acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando segundo de esta ejecutoria, la parte quejosa reclama, en esencia, la falta de notificación de las partes del acuerdo donde se señale fecha y hora para el desahogo de pruebas dentro del expediente 177/2017 del registro del Tribunal responsable. Sobre el particular, concretamente aduce que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en la ley. Este órgano de amparo considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el aludido concepto de violación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento, como el dictado de la resolución a través de la cual se dirima la controversia. Esto es, los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda, hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, instituye, entre otras cosas, que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez. Estos lineamientos no se cumplen en el caso en estudio, toda vez que el Tribunal responsable dejó de observar lo previsto en los ordinales 771 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento burocrático local en términos de la fracción II del ordinal 8 de la Ley Federal del Trabajo. Tales porciones normativas estatuyen: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Como se puede advertir, en el artículo 771 transcrito, el legislador impuso a los presidentes de las juntas y a los auxiliares, el deber de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, lo cual es congruente con el derecho fundamental de justicia pronta a que se refiere el numeral 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República. Asimismo, en el aludido artículo 838, se observa que la Junta debe dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Lo anterior se ha incumplido por parte de la autoridad responsable, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había fijado fecha y hora para la celebración de la diligencia de calificación y admisión de pruebas, lo que vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Si bien, de la copia certificada de las constancias relativas al juicio de origen, remitida por el Tribunal responsable, se obtiene que en proveído de once de julio de dos mil veintidós, efectivamente señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional, testimonial e inspección ocular ofrecidas por la parte actora -aquí quejosa-, no obstante, tal circunstancia no exime a la autoridad responsable de la obligación de notificar a las partes demandadas la precitada resolución, ya que de no acreditarlo, vulnera el derecho fundamental del quejoso a que se le imparta justicia pronta y expedita. Efectivamente, el aludido acto reclamado vulnera el precepto constitucional en cita y el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, instituye: "Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Lo anterior es así, ya que de las constancias que acompañó el Tribunal responsable no se advierte la notificación del auto de once de julio del presente año, lo cual se suma al hecho de que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -quince de junio de dos mil veintidós-, no se había señalado fecha y hora para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la parte actora. Entonces se conculca que se contraviene con ello el derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita, al no respetarse los plazos previstos para ello. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, determinó como una de las características del juicio ordinario laboral la sencillez y prontitud en el desarrollo de sus etapas, por lo cual en la ley se hace uso de los términos "inmediato" para referirse a la contigüidad de los actos en el tiempo y "día" como unidad temporal más grande para graduar el tiempo, lo cual no da lugar a dudas sobre la expedites en la tramitación y resolución de los asuntos. Sostuvo que la omisión o retardo de la autoridad que prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del procedimiento respectivo, actualiza la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo cual afecta todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenados, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada. Así, desde una perspectiva integral, es inminente que una vez salido de sus cauces legales el procedimiento, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, y dada la conexión de las etapas procesales, el que se desarrollen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes deben desplegarse, y, por tanto, el tiempo en el que la controversia debe quedar resuelta. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. Protección que se hace extensiva a los actos de ejecución que reclama del actuario adscrito al Tribunal responsable, en virtud de que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 83, Noviembre de 1994, página 69, octava época, materia común, registro digital 209878, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto del actuario de su adscripción, deberá: Notifique de inmediato, a todas las partes el acuerdo de once de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 177/2017 de su índice, con la temporalidad suficiente y las formalidades de ley, para que estén en condiciones de ocurrir a las diligencias fijadas en dicho proveído. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ********, por las razones establecidas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********* por las razones y para los efectos establecidos en el considerando quinto y sexto de la presente resolución. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. CUARTO. RESGUARDO DE OFICIO Finalmente, toda vez que la autoridad jurisdiccional se encuentra gozando de su periodo vacacional, tal y como se desprende del aviso que en su momento remitió a este Juzgado; en esas condiciones, considerando que esta determinación no es de carácter urgente, déjese bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Lo anterior, no se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia con registro 2024510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE; lo anterior, es así toda vez que del aviso citado no se desprende que la responsable, haya establecido guardia durante ese periodo para recibir oficios o requerimientos. Notifíquese.
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