Daniel Castillejos Dehesa
Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Castillejos Dehesa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia por la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes depúrese este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 903/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, Daniel Castillejos Dehesa, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que más adelante se precisará; los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 903/2022; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la audiencia constitucional tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado por la quejosa, a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deriva del juicio de nulidad 4592/19-15-01-8, es el siguiente: El acuerdo dictado el cuatro de julio de dos mil veintidós, que desechó por notoriamente improcedente la queja interpuesta en contra de la autoridad demandada y responsable, por no haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva, dentro del plazo de cuatro meses con que contaba para ello. TERCERO. Existencia del acto. La magistrada presidenta y secretario de acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado negaron la existencia de acto reclamado; sin embargo, su negativa se desvirtúa, ya que de las copias certificadas de las documentales que se anexaron al informe justificado, deducidas del juicio de nulidad 4592/19-15-01-8, con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se colige la existencia del auto dictado el cuatro de julio de dos mil veintidós, que desechó por notoriamente improcedente la queja interpuesta en contra de la autoridad demandada y responsable, por no haber dado cumplimiento a la sentencia definitiva. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado en este asunto. CUARTO. Estudio. La parte quejosa, en esencia hace valer los siguientes conceptos de violación. Refiere que la responsable vulnera sus derechos, al no haberse admitido el recurso de queja por omisión, en el juicio contencioso 4592/19-15-01-8, que puede promoverse con posterioridad al plazo de cuatro meses en que se determinó la firmeza del juicio, sin que la autoridad demandada haya emitido el cumplimiento a la sentencia; lo que así realizó ya que en el juicio contencioso se había excedido el término legal para que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva. Además, sostiene que el recurso de queja por omisión es independiente a las medidas coercitivas que elabore la autoridad responsable en el juicio, pues ambas pueden existir jurídicamente en el mismo momento procesal, ya que van encaminadas a buscar que se emita el cumplimiento de la sentencia definitiva. Los sintetizados conceptos de violación son infundados pero inoperantes. A efecto de realizar el análisis correspondiente, es necesario precisar los antecedentes del acto reclamado, que derivan del juicio de nulidad 4592/19-15-01-8, cuyas copias certificadas remitió la responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, permiten advertir: 1. Mediante sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declararon la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada por el actor Daniel Castillejos Dehesa, imputable a la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Daniel Castillejos Dehesa interpuso queja por omisión al cumplimiento de la sentencia definitiva, por haber transcurrido en exceso el término de cuatro meses para dar cumplimiento a la misma. 3. En proveído de uno de julio de dos mil veintidós, los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la falta de cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de oficio, ordenaron iniciar el procedimiento previsto por el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y se requirió a dicho encargado, para que dentro del término de tres días, informara y demostrara que había dado cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, apercibido que de no hacerlo, se le impondría una multa. Auto que en la parte conducente dice: ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a primero de julio del dos mil veintidós. El análisis de autos revela, que mediante acuerdo de 21 de septiembre del 2021, el H. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la Revisión Fiscal 226/2021, interpuesta por el Jefe de la Unidad Jurídica, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desechó por improcedente dicho recurso; por lo que, con fundamento en los artículos 36, fracciones VII y XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los diversos 52, segundo párrafo, y 53 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la sentencia definitiva de 29 de septiembre de 2020, adquirió firmeza el 09 de noviembre de 2021; fecha en que surtió efectos la notificación del proveído de 19 de octubre del 2021, por el que se hizo del conocimiento de las partes la recepción en esta H. Sala, del acuerdo descrito con antelación; pues ese proveído se les notificó, previo aviso electrónico, por boletín jurisdiccional, el 03 de noviembre del 2021 (f. 174 a 176 de autos). Del mismo análisis de autos se advierte que a la fecha del presente acuerdo, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de 29 de septiembre del 2020; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de oficio, SE INICIA EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL PROPIO NUMERAL; por lo que SE REQUIERE al Encargado del Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de los tres días a que se refiere la fracción I del mismo numeral, informe y demuestre que ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de 29 de septiembre del 2020, dictada en este juicio de nulidad; apercibiéndole que de no dar cumplimiento a lo requerido, en el plazo y la forma señalados, se le impondrá una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente; ." 4. En auto de cuatro de julio del año en curso, se desechó por notoriamente improcedente la queja interpuesta por el actor Daniel Castillejos Dehesa, mismo que dice: ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a cuatro de julio del dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito recibido en la Oficialía de Partes para esta H. Sala, el 04 de abril del año en curso, por el que el C. DANIEL CASTILLEJOS DEHESA, por su propio derecho, interpone queja en contra de la autoridad demandada y responsable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por no haber dado cumplimiento, dentro del plazo de los cuatro meses con que contaba para ello, y aún con posterioridad, a la sentencia definitiva y firme de 29 de septiembre del 2020. Con fundamento en el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los diversos 1, primer párrafo, y 58, primer párrafo, fracción II, incisos a) y b), interpretado a contrario sensu, de la Ley Federal de procedimiento Contencioso Administrativo y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA INSTANCIA DE QUEJA INTERPUESTA, en razón de que mediante acuerdo de 01 de julio del 2022, este mismo Órgano Colegiado, ya había iniciado el procedimiento previsto por la fracción I, inciso a), de ese numeral 58, para que la autoridad demandada y responsable, dentro del plazo que se le otorgó, con el apercibimiento de Ley, informara y acreditara el cumplimiento de la misma sentencia definitiva y firme de 29 de septiembre del 2020; lo cual hace ociosa la instancia de referencia, y por ello su improcedencia." Auto que constituye el acto reclamado en este asunto. 5. En proveído de veintitrés de agosto del año que transcurre, los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hicieron efectivo el apercibimiento contenido el auto de uno de julio del año que transcurre, e impusieron al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa por no haber dado cumplimiento íntegro a la sentencia definitiva y firme de veintinueve de septiembre de dos mil veinte; además lo requirieron nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles, cumpla con la misma, apercibido que de no hacerlo se impondrá otra multa por el equivalente a seiscientas Unidades de Medica y Actualización, y se hará del conocimiento de su superior jerárquico, su rebeldía. Como se indicó, los conceptos de violación formulados por el quejoso, son en una parte fundados y en otra inoperantes, por lo que se expondrá a continuación. Resulta necesario establecer que del juicio administrativo del que deriva el acto reclamado, se advierte que se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, entre otros, con fundamento en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un capítulo titulado "Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", dentro del cual se precisa la obligación para las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, de cumplir con las sentencias (artículo 57); el deber del Tribunal administrativo para que, vencido el plazo previsto en el artículo 52 de esa ley, actué de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones; así como el medio ordinario de defensa con el que cuenta la parte interesada para inconformarse por la omisión de cumplimiento, su exceso, defecto o repetición de la resolución anulada, esto, en el artículo 58, fracciones I y II, que disponen: "Artículo 52.- La sentencia definitiva podrá: . II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. . IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. . Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. ." "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere." Los preceptos antes transcritos permiten advertir que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, una vez vencido el plazo de cuatro meses tratándose del juicio ordinario o de un mes tratándose del juicio sumario, contados a partir de que la sentencia quede firme, conforme a la fracción I del mencionado artículo 58, de oficio, deberá requerir a la demandada para que dentro de los tres días siguientes, informe respecto al cumplimiento de la sentencia; transcurrido dicho plazo, con informe o sin el, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. Concluido dicho plazo, sin persiste la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora; de persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio Transcurridos los plazos concedidos a la autoridad demandada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Por otra parte, conforme a lo previsto en la fracción II, inciso a), subinciso 3, del artículo 58, a petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, que podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. Lo precisado con anterioridad, permite advertir que resulta fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, consistente en que ante la falta de cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso 4592/19-15-01-8, en cualquier tiempo se encontraba en condiciones de promover la queja en el referido juicio, por haber transcurrido el plazo de cuatro meses, una vez que quedó firme la sentencia, sin que la autoridad demandada haya dado cumplimiento a la misma. En efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, el actor acertadamente promovió la queja a que se refiere el citado precepto, ya que la autoridad demandada, dentro del plazo de cuatro meses, no dio cumplimiento a la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, que quedó firme el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ya que en auto de esa fecha el magistrado instructor tuvo por recibida la copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la revisión fiscal 226/2021, en que los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa desecharon el recurso de revisión fiscal interpuesto por el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada de dicho instituto, en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desecharon por notoriamente improcedente la instancia de queja interpuesta por el actor Daniel Castillejos Dehesa, conforme a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a) subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues consideraron que al haberse iniciado el procedimiento previsto por la fracción I, inciso a), del citado numeral, resultaría ociosa la instancia de referencia. Ahora bien, el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla dos hipótesis relacionadas al cumplimiento de las sentencias, una cuando el ejercicio es de oficio y otra cuando es a petición de parte; el último caso, a su vez contiene diversas hipótesis, entre ellas, la relativa a la omisión de las autoridades demandadas a cumplir con las sentencias, hipótesis que no prevé plazo para la presentación de la queja. El citado precepto, establece los mecanismos al alcance del tribunal y de la parte actora para lograr el acatamiento del fallo pronunciado en un juicio de nulidad, los cuales, si el órgano jurisdiccional actúa de oficio, se desarrollan con diversos requerimientos a la demandada y a sus superiores jerárquicos, que pueden derivar en la imposición de multas y el informe de su desacato a la contraloría; por otro lado, en los casos de que el trámite inicia a petición de parte, se formaliza por conducto del recurso queja, que se interpondrá por escrito, y se pedirá a la autoridad a quien se atribuya el incumplimiento, el informe correspondiente, a efecto de que el juzgador esté en aptitud de determinar lo conducente. Luego, fue correcto lo determinado por la responsable, en el sentido que al haberse iniciado el procedimiento previsto por el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; resulta innecesaria la tramitación de la queja a que se refiere la fracción II, inciso a) subinciso 3, del mismo numeral, de manera simultánea al procedimiento previsto en la fracción I, pues dichos mecanismos tienen una misma finalidad; esto es, lograr el pleno cumplimiento del fallo definitivo pronunciado en el juicio de nulidad; de ahí la inoperancia de los conceptos de violación propuestos. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 1858 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS. El precepto citado no viola el principio de plena ejecución de las sentencias previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que las leyes establecerán los medios necesarios para la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio, ya que si bien prevé que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, ello no se traduce en que el legislador no haya fijado reglas tendentes a lograr la plena ejecución de las resoluciones dictadas en un juicio contencioso, pues de un análisis integral del Capítulo IX denominado "Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", del Título II intitulado "De la Sustanciación y Resolución del Juicio", de la citada ley, se advierte que se fijaron reglas que tienen como objetivo lograr la ejecución de las sentencias que ahí se dicten; así, su artículo 57 enumera el procedimiento a seguir por la autoridad jurisdiccional para obligar a las autoridades demandadas a cumplir con una sentencia dictada en un juicio de nulidad, señalando los actos concretos a realizar y los plazos para ello; y el diverso 58 prevé el procedimiento que ha de observarse para el cumplimiento de las sentencias una vez vencido el plazo contenido en el artículo 52 de la misma ley, es decir, el de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme, supuesto en el cual se ordena que ello puede lograrse de oficio o a petición de parte por medio de la interposición del recurso de queja. Lo descrito corrobora que en el señalado ordenamiento existen reglas para la plena ejecución de las sentencias dictadas en ese proceso." Así como la tesis XXVII.2o.4 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, visible en la página 2416 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, de rubro y texto: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. AL SER OBLIGACIÓN DE LAS SALAS REGIONALES PRONUNCIARSE RESPECTO DE SU PLENO CUMPLIMIENTO, NO ES FORZOSO QUE EL ACTOR INSTE LA QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una prerrogativa en favor de las personas, consistente en contar con un acceso pronto, completo e imparcial a la administración de justicia para la solución de sus controversias, que incluye los medios eficaces para la plena ejecución de lo resuelto por los tribunales, de manera que las decisiones judiciales, con fuerza legal, de ninguna forma queden incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino que sean efectivas e integrales, desde un punto de vista material y no únicamente formal. Por su parte, el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé dos mecanismos para lograr el pleno cumplimiento del fallo definitivo pronunciado en el juicio de nulidad: a) de oficio -fracción I-, en el que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la facultad para realizar los requerimientos necesarios a la autoridad demandada y a sus superiores jerárquicos, así como para imponer multas e informar del desacato a la contraloría correspondiente, a fin de decidir si hubo incumplimiento injustificado de sus sentencias; b) a petición de parte -fracción II-, que se formaliza mediante una queja. En consecuencia, al ser obligación del órgano jurisdiccional pronunciarse respecto del pleno cumplimiento de sus sentencias, no es forzoso que el actor inste la queja prevista en la fracción II del artículo 58 citado." En tales condiciones, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y no advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es NEGAR a Daniel Castillejos Dehesa, el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra el acto reclamado en el presente medio de control constitucional. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. QUINTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Castillejos Dehesa, contra la autoridad y el acto precisados en el considerando segundo, por las razones que sustentan el diverso último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, signado por la Magistrada Presidenta y el Secretario de acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, remite copias certificadas deducidas del expediente 4592/19-15-01-8 de su índice; por tanto, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las cuales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y se tengan por recibidas en ese acto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintidós. De autos se advierte, en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido; por lo tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las OCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca, se advierte le resulta el carácter de tercero interesado a la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), mediante oficio, al que se deberá adjuntar copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, se ordena emplazar a juicio a dicho tercero en su domicilio oficial. NOTIFÍQUESE.
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