Daniel Caraza Felix
Expediente 788/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Daniel Caraza Felix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del cinco al dieciocho de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de noviembre de la presente anualidad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que no se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es destruible. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua de la Dirección Local de Zacatecas, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintiuno de noviembre de la presente anualidad (foja 37) y remite copia debidamente certificada de la cédula de notificación de seis de noviembre de dos mil diecinueve y de la resolución de veintiuno de octubre de la citada anualidad. De las constancias que remite la responsable se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama del director Local de Zacatecas y del gerente del Registro Público de derechos de agua, ambos adscritos a la Comisión Nacional del Agua, el primero con sede en Guadalupe, Zacatecas, y el segundo en la Ciudad de México, la falta de contestación a su petición de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la transmisión parcial de derechos de agua, CNA-01-013 autorización para la transmisión del título y su registro modalidad A) General, asignándole el expediente ZAC-L-3119-08-11-18. Ahora bien, de las constancias remitidas por la titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua de la Dirección Local de Zacatecas, se advierte que mediante resolución de veintiuno de octubre de la presente anualidad el subdirector de Administración del Agua, por ausencia del director Local de Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, resolvió la solicitud de servicios de transmisión total y definitiva, trámite CNA-01-13 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad A) General , del título de concesión 07ZAC116881/37/AMGE99, relativo al expediente ZAC-L-3119-08-11-18, en el sentido de declarar improcedente autorizar dicha solicitud al no ser factible debido a que el título 07ZAC116881/37AMGE99 a nombre de Rafaela Murillo Muro, no cuenta con los derechos de agua que estaban a su nombre, ya que se encuentran a nombre de José Serafín Bautista Blanca, motivo por el cual no procedió a ningún registro. Aspectos que de manera evidente demuestran que la respuesta dada por el director responsable resulta congruente con lo solicitado por el solicitante, en el sentido de que su petición presentada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la transmisión parcial de derechos de agua solicitada por el aquí quejoso no era procedente debido a que el título del cedente no contaba con derechos de agua a su nombre, derivado de ello, no procedía ningún registro. Lo anterior pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que la dirección local responsable, por resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve otorgó respuesta a la petición que formuló el promovente del amparo mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho; comunicado que le fue notificado el seis de noviembre de la presente anualidad, según se advierte del acta de notificación respectiva (foja 41); por tanto, es inconcuso que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales tutelados por el artículo 8° constitucional, que estimó vulnerados en su perjuicio. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ..."
- Principal
El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el número 17715. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua de la Dirección Local de Zacatecas, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veintiuno de noviembre de la presente anualidad (foja 37) y remite copia debidamente certificada de la cédula de notificación de seis de noviembre de dos mil diecinueve y de la resolución de veintiuno de octubre de la citada anualidad. De las constancias que remite la responsable se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama del director Local de Zacatecas y del gerente del Registro Público de derechos de agua, ambos adscritos a la Comisión Nacional del Agua, el primero con sede en Guadalupe, Zacatecas, y el segundo en la Ciudad de México, la falta de contestación a su petición de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la transmisión parcial de derechos de agua, CNA-01-013 autorización para la transmisión del título y su registro modalidad A) General, asignándole el expediente ZAC-L-3119-08-11-18. Ahora bien, de las constancias remitidas por la titular de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua de la Dirección Local de Zacatecas, se advierte que mediante resolución de veintiuno de octubre de la presente anualidad el subdirector de Administración del Agua, por ausencia del director Local de Zacatecas, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, resolvió la solicitud de servicios de transmisión total y definitiva, trámite CNA-01-13 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad A) General , del título de concesión 07ZAC116881/37/AMGE99, relativo al expediente ZAC-L-3119-08-11-18, en el sentido de declarar improcedente autorizar dicha solicitud al no ser factible debido a que el título 07ZAC116881/37AMGE99 a nombre de Rafaela Murillo Muro, no cuenta con los derechos de agua que estaban a su nombre, ya que se encuentran a nombre de José Serafín Bautista Blanca, motivo por el cual no procedió a ningún registro. Aspectos que de manera evidente demuestran que la respuesta dada por el director responsable resulta congruente con lo solicitado por el solicitante, en el sentido de que su petición presentada el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la transmisión parcial de derechos de agua solicitada por el aquí quejoso no era procedente debido a que el título del cedente no contaba con derechos de agua a su nombre, derivado de ello, no procedía ningún registro. Lo anterior pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que la dirección local responsable, por resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve otorgó respuesta a la petición que formuló el promovente del amparo mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho; comunicado que le fue notificado el seis de noviembre de la presente anualidad, según se advierte del acta de notificación respectiva (foja 41); por tanto, es inconcuso que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales tutelados por el artículo 8° constitucional, que estimó vulnerados en su perjuicio. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Jessy*
- Principal
El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 17396 y 17424. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda la promoción de cuenta con folio 17396 signada por el subgerente de Juicios Fiscales por ausencia del gerente de lo Contencioso, en representación del gerente del Registro Público de derechos de agua, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, por medio de la cual rinde informe justificado; lo anterior, toda vez que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se le tuvo por rendido (foja 22). Por otra parte, glósese a los autos el oficio con número de registro 17424, suscrito por la jefa de la Unidad Jurídica, en ausencia del director Local de la Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la legislación en consulta, ténganse como pruebas de la citada autoridad la documental consistente en la copia certificada de la cédula de notificación de seis de noviembre de la presente anualidad que adjunta a su comunicado de mérito; misma que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, la citada autoridad, remite diversa constancia consistente en copia de la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, de la que se desprende que trae una certificación sin firma; y, toda vez que para el estudio del presente asunto resulta necesario que la misma se encuentre debidamente certificada; por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la legislación aplicable, mediante oficio que derive de este proveído, requiérasele a la citada responsable a fin de que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita la aludida constancia en copia fotostática debidamente foliada, rubricada y certificada; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Daniel Arteaga Correa372/2017
- Daniel Arteaga Correa1072/2017
- Daniel Arteaga Correa1161/2018
- Daniel Arteaga Correa4101/2014
- Daniel Buendía Roque1033/2018
- Daniel Cabral Robles3521/2014
- Daniel Carlos Felix2884/2014
- Daniel Carrera Correa272/2013
- Daniel Ceballos Cabello524/2018
- Daniel Correa Hernández641/2019
- Daniel Covarrubias Carrillo343/2018
- Daniel Crespo Vera333/2023