Daniel Campos Macias
Expediente 1919/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1919/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Daniel Campos Macias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de agosto de dos mil veintitrés. Devolución de documentos. Visto el escrito signado por Daniel Campos Macías, en su carácter de representante común de los quejosos, mediante el cual solicita se le devuelvan los documentos exhibidos en el presente juicio, en ese sentido, devuélvanse las constancias que solicita; lo anterior, previa razón y firma de recibo que se deje en autos, haciendo del conocimiento del promovente que la persona que recoja los documentos además de estar autorizada para tal efecto, se deberá presentar con identificación oficial vigente (y una copia simple de la misma). En el entendido que deberá comparecer para la entrega de los mismos dentro del horario de nueve horas con treinta a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Una vez que se realice la entrega de los referidos documentos, sin previo acuerdo devuélvase al archivo la pieza de autos en que se actúa para su resguardo. En el entendido que de no comparecer por los documentos solicitados, antes de que transcurra el plazo para la destrucción del expediente físico seguirán la misma suerte.M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Con fundamento en los dispositivos 3, último párrafo y 214 de la Ley de Amparo, ya que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con su original, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado ***, en su carácter de representante común de los quejosos, a través del cual cumple la prevención formulada en acuerdo de nueve de diciembre pasado. DESECHAMIENTO. No obstante, de un análisis integral de la demanda, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. De los preceptos reproducidos deriva uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que dicho proceso de control constitucional únicamente puede promoverse por quien resulte agraviado o afectado por el acto reclamado; es decir, se requiere como presupuesto de procedencia que el acto sometido a escrutinio constitucional perjudique los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ahora, en el caso, el acto reclamado por los quejosos consiste en la instalación de la "Feria de Fin de Año" en la vía pública de la zona Centro de la cabecera municipal de Tlaxcoapan, Hidalgo, y no en el Recinto Ferial como se venía realizando; sin embargo, no se advierte que los quejosos acudan al amparo a fin de proteger algún interés jurídico o legítimo. En efecto, el juicio de amparo únicamente será procedente cuando los quejosos cuenten con interés jurídico o legítimo, lo que no acontece en el presente asunto. Esto es, si los promoventes acuden en defensa de su interés jurídico, es necesario que alguna norma les reconozca un derecho o un beneficio con una situación jurídica determinada; que un acto concreto de autoridad vulnere ese derecho jurídicamente tutelado; y, que por tal motivo, los quejosos resientan una afectación de forma directa y actual. En cambio, cuando acudan con un interés legítimo, no es indispensable tener la titularidad de un derecho; empero, es necesario que exista una afectación en la esfera jurídica de los peticionarios, por la especial situación que ese interés tiene frente al ordenamiento jurídico; además, esa afectación debe ser real, actual y jurídicamente relevante, de manera que la posible concesión del amparo, le otorgue a los quejosos un beneficio inmediato, que de ninguna manera puede ser lejano o derivado. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Registro digital 2019456, del Semanario Judicial de la Federación que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sin embargo, en el caso, no se advierte que los quejosos acudan al amparo a fin de proteger algún interés jurídico, porque no hicieron referencia a la titularidad de algún derecho subjetivo que estiman vulnerado, es decir, alguna lesión directa e inmediata en su persona o patrimonio, toda vez que su reclamo se basa en la afectación a sus derechos por una serie de aspectos que impactan en la movilidad urbana, acceso libre a la vía pública, la paz y tranquilidad, higiene del espacio público, además de contaminación auditiva, visual y ambiental, por virtud de la instalación de una feria en la vía pública. Por ende, los peticionarios acuden en defensa de un "interés legítimo", que según su dicho, emana en su favor del numeral 1 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos que gozaran las todas personas, entre estos los que se duelen los promoventes les son violados. Así pues, si el interés legítimo supone una afectación jurídica a los quejosos, éstos deben demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Además, los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por tanto, de la demanda de amparo no se obtiene, ni si quiera de manera presuntiva, que los actos reclamados violenten su interés o que pertenezcan a una colectividad afectada; y desde este momento es factible advertir que los peticionarios no tienen ni tendrán una posición especial o relevante frente al orden jurídico que los legitime para instar el juicio de amparo en defensa de sus derechos. Esto es así, porque los inconformes promovieron el juicio de amparo, por su propio derecho, como cualquier ciudadano residente en Tlaxcoapan, Hidalgo, y consideran que el cambio de sede de la "Feria de Fin de Año" a la vía pública de la zona Centro de la cabecera municipal, ajena al Recinto Ferial- como se venía realizando-, viola sus derechos humanos a la movilidad, al espacio público y la seguridad. Lo que revela que, el reclamo de los quejosos obedece a cuestiones en abstracto o subjetivas, que no trascienden a su persona o que afecten sus derechos de forma real, actual y jurídicamente relevante; por lo que, en caso de obtener la protección constitucional, no obtendrían un beneficio directo o indirecto, porque no afirman ni justifican de modo alguno que el cambio de sede de la mencionada feria pudiera perjudicar los derechos que refieren. Máxime, que los actos reclamados no se traducen en que dicho evento se suspenda o se cancele, sino que solo se llevará a cabo en otro lugar distinto al que se venía realizando en años anteriores, lo que por sí mismo, no se traduce en una afectación jurídicamente relevante; mucho menos, se advierte que ese acto perturbe los derechos de los promoventes, por virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues solo existe su dicho (como cualquier ciudadano), en el sentido de que el cambio de sede de ese evento, afectará la movilidad urbana, acceso libre a la vía pública, la paz y tranquilidad, higiene del espacio público, además de contaminación auditiva, visual y ambiental. Además, los quejosos tampoco acreditaron, aunque sea de forma indiciaria, que radiquen en Tlaxcoapan, Hidalgo; que tengan alguna actividad comercial, laboral, cultural, religiosa o de cualquier otra naturaleza, que evidencie que ese cambio de sede de la feria ocasione una afectación en sus derechos fundamentales; es decir, no se advierte de qué modo el acto reclamado pueda afectar sus derechos humanos a la movilidad, al espacio público y a la seguridad de los peticionarios. Por ende, el hecho de que se trate de intereses difusos o derechos supra individuales, no significa que los inconformes no deban acreditar aunque sea, de manera indiciaria, su interés legítimo, porque de lo contrario, solo tendrían un interés simple, que se traduce en uno jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido; tal como lo postula la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro 2012364, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De modo que, al actualizarse la causa de inviabilidad en estudio, con fundamente en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, Registro digital: 2014433, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, eltipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tiene al promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico *** y el número telefónico ***; en el entendido de que dichos medios no sustituyen el domicilio procesal, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal.M-IV
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de 19 de DICIEMBRE de 2022, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado ***, en su carácter de representante común de los quejosos, a través del cual cumple la prevención formulada en acuerdo de nueve de diciembre pasado. DESECHAMIENTO. No obstante, de un análisis integral de la demanda, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. De los preceptos reproducidos deriva uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, el cual consiste en que dicho proceso de control constitucional únicamente puede promoverse por quien resulte agraviado o afectado por el acto reclamado; es decir, se requiere como presupuesto de procedencia que el acto sometido a escrutinio constitucional perjudique los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ahora, en el caso, el acto reclamado por los quejosos consiste en la instalación de la "Feria de Fin de Año" en la vía pública de la zona Centro de la cabecera municipal de Tlaxcoapan, Hidalgo, y no en el Recinto Ferial como se venía realizando; sin embargo, no se advierte que los quejosos acudan al amparo a fin de proteger algún interés jurídico o legítimo. En efecto, el juicio de amparo únicamente será procedente cuando los quejosos cuenten con interés jurídico o legítimo, lo que no acontece en el presente asunto. Esto es, si los promoventes acuden en defensa de su interés jurídico, es necesario que alguna norma les reconozca un derecho o un beneficio con una situación jurídica determinada; que un acto concreto de autoridad vulnere ese derecho jurídicamente tutelado; y, que por tal motivo, los quejosos resientan una afectación de forma directa y actual. En cambio, cuando acudan con un interés legítimo, no es indispensable tener la titularidad de un derecho; empero, es necesario que exista una afectación en la esfera jurídica de los peticionarios, por la especial situación que ese interés tiene frente al ordenamiento jurídico; además, esa afectación debe ser real, actual y jurídicamente relevante, de manera que la posible concesión del amparo, le otorgue a los quejosos un beneficio inmediato, que de ninguna manera puede ser lejano o derivado. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Registro digital 2019456, del Semanario Judicial de la Federación que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Sin embargo, en el caso, no se advierte que los quejosos acudan al amparo a fin de proteger algún interés jurídico, porque no hicieron referencia a la titularidad de algún derecho subjetivo que estiman vulnerado, es decir, alguna lesión directa e inmediata en su persona o patrimonio, toda vez que su reclamo se basa en la afectación a sus derechos por una serie de aspectos que impactan en la movilidad urbana, acceso libre a la vía pública, la paz y tranquilidad, higiene del espacio público, además de contaminación auditiva, visual y ambiental, por virtud de la instalación de una feria en la vía pública. Por ende, los peticionarios acuden en defensa de un "interés legítimo", que según su dicho, emana en su favor del numeral 1 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos que gozaran las todas personas, entre estos los que se duelen los promoventes les son violados. Así pues, si el interés legítimo supone una afectación jurídica a los quejosos, éstos deben demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Además, los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Por tanto, de la demanda de amparo no se obtiene, ni si quiera de manera presuntiva, que los actos reclamados violenten su interés o que pertenezcan a una colectividad afectada; y desde este momento es factible advertir que los peticionarios no tienen ni tendrán una posición especial o relevante frente al orden jurídico que los legitime para instar el juicio de amparo en defensa de sus derechos. Esto es así, porque los inconformes promovieron el juicio de amparo, por su propio derecho, como cualquier ciudadano residente en Tlaxcoapan, Hidalgo, y consideran que el cambio de sede de la "Feria de Fin de Año" a la vía pública de la zona Centro de la cabecera municipal, ajena al Recinto Ferial- como se venía realizando-, viola sus derechos humanos a la movilidad, al espacio público y la seguridad. Lo que revela que, el reclamo de los quejosos obedece a cuestiones en abstracto o subjetivas, que no trascienden a su persona o que afecten sus derechos de forma real, actual y jurídicamente relevante; por lo que, en caso de obtener la protección constitucional, no obtendrían un beneficio directo o indirecto, porque no afirman ni justifican de modo alguno que el cambio de sede de la mencionada feria pudiera perjudicar los derechos que refieren. Máxime, que los actos reclamados no se traducen en que dicho evento se suspenda o se cancele, sino que solo se llevará a cabo en otro lugar distinto al que se venía realizando en años anteriores, lo que por sí mismo, no se traduce en una afectación jurídicamente relevante; mucho menos, se advierte que ese acto perturbe los derechos de los promoventes, por virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues solo existe su dicho (como cualquier ciudadano), en el sentido de que el cambio de sede de ese evento, afectará la movilidad urbana, acceso libre a la vía pública, la paz y tranquilidad, higiene del espacio público, además de contaminación auditiva, visual y ambiental. Además, los quejosos tampoco acreditaron, aunque sea de forma indiciaria, que radiquen en Tlaxcoapan, Hidalgo; que tengan alguna actividad comercial, laboral, cultural, religiosa o de cualquier otra naturaleza, que evidencie que ese cambio de sede de la feria ocasione una afectación en sus derechos fundamentales; es decir, no se advierte de qué modo el acto reclamado pueda afectar sus derechos humanos a la movilidad, al espacio público y a la seguridad de los peticionarios. Por ende, el hecho de que se trate de intereses difusos o derechos supra individuales, no significa que los inconformes no deban acreditar aunque sea, de manera indiciaria, su interés legítimo, porque de lo contrario, solo tendrían un interés simple, que se traduce en uno jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido; tal como lo postula la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro 2012364, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De modo que, al actualizarse la causa de inviabilidad en estudio, con fundamente en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, Registro digital: 2014433, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, eltipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tiene al promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico *** y el número telefónico ***; en el entendido de que dichos medios no sustituyen el domicilio procesal, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal...IV
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Daniel Arreazola Correa606/2020
- Daniel Arreazola Correa607/2020
- Daniel Arreazola Correa1016/2019
- Daniel Arreazola Correa80/2020
- Daniel Arreazola Correa722/2020
- Daniel Campero Palacios1276/2019
- Daniel Cano Santiago1280/2018
- Daniel Cerón Barba5/2016
- Daniel Cerón Barba660/2016
- Daniel Correa Serrano617/2016
- Daniel Cortes Villeda346/2016
- Daniel Cruz Aguilar885/2017