Daniel Camilo Montoya Sanchez
Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Daniel Camilo Montoya Sanchez
- Daniel Camilo Montoya Sanchez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual, remite facsímil del testimonio de la resolución emitida en la sesión celebrada vía videoconferencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el toca número C. C. A. 42/2021, respecto del conflicto competencial propuesto por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del cual se desprende que dicho órgano determinó: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente para conocer del juicio de amparo de que se trata, al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." En consecuencia, acúsese recibo a dicho órgano colegiado, previas las anotaciones en el libro de gobierno conducentes y en virtud de que en este cuaderno no obran documentos importantes, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo cual, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Glósese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo vía interconexión del diverso ocurso por el cual se envió el expediente original 900/2021 del índice de este Órgano Jurisdiccional; asimismo, informa que planteo el conflicto competencial, de lo cual se toma conocimiento.
- Principal
Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, remite el expediente original *** promovido por ****, del índice estadístico de aquel órgano jurisdiccional; lo anterior, ya que por acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, ese Juzgado se declaró legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del referido juicio y este Órgano de Control Constitucional, le requirió los autos originales a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la incompetencia planteada. Del escrito inicial de demanda, se desprende que la promovente indicó como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 3.1 Jefe de departamento de asuntos jurídicos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.- ACTOS RECLAMADOS: 4.1 El aseguramiento, alojamiento y/o detención arbitraria de los quejosos, en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.2 El aseguramiento, alojamiento y/o detención arbitraria de ***en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.3 La orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional de los quejosos que se encuentran en las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.4 la orden de deportación, expulsión o salida del territorio nacional de UN MENOR DE EDAD que se encuentra en las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.5 Recepción de los quejosos y autorización del acuerdo de presentación que tuvo como consecuencia su privación de la libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.6 El estado de incomunicación del que son objeto los quejosos, ENTRE ELLOS UN MENOR DE EDAD, durante su estancia en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 4.7 La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a la autoridad marcada y enunciada en el cuerpo del presente escrito." Ahora bien, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, puntualizó que la competencia para conocer de tales actos, se actualizaba en favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en razón de materia, por considerar que los actos consistentes en la orden de devolución y/o deportación, así como aquellos que puedan derivar de dicha orden, o los que configuren la naturaleza de los actos reclamados debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la privación de la libertad de la parte quejosa por su carácter migratorio, con el propósito de que sean deportados del país. Por ello, consideró que tomando en consideración que el acto reclamado implica materialmente privación de la libertad y deportación en sí misma, entendida ésta como un ataque a la libertad personal, que aún no está consumada definitivamente, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal en términos de la fracción I del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Criterio del juzgado declinante que este Órgano de Control Constitucional no comparte, por las razones siguientes: De la lectura integral de la demanda y como se expuso en líneas precedentes, la parte quejosa no solo señaló como actos reclamados la orden de devolución o deportación, también indicó como tales, el aseguramiento, alojamiento, detención, expulsión y la autorización del acuerdo de presentación. Asimismo, del informe rendido por el Sub-representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se desprende que negó la existencia de la totalidad de los actos combatidos por esta vía. Sin embargo, aceptó la existencia de una ACTA DE RECHAZO, refiriendo que el veintiocho de octubre del año en curso, los ***, arribaron a las instalaciones en el vuelo ciento noventa procedente de Colombia y al presentarse en los filtros de revisión, fue rechazado su ingreso al territorio nacional, por lo que, en esa misma data, las actas de rechazo fueron ejecutadas, por lo que abordaron el vuelo setenta y tres con destino a su país de procedencia. Sentado lo anterior, contrario a lo señalado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, no pueden tomarse como parámetro para evitar dividir la contienda de la causa, actos futuros e inciertos, esto es: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de un menor de edad. La orden de deportación de los quejosos. La orden de deportación de un menor de edad. Recepción de los quejosos y autorización del acuerdo de presentación. La privativa de libertad. Incomunicación de los quejosos, entre ellos un menor de edad. Pues de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del informe rendido por la autoridad adscrita al Instituto de Migración, tales actos no se verificaron, pues negó su existencia; sin embargo, se reitera, refirió que existen actas de rechazo ejecutadas, en contra de los directos quejosos. Aunado a ello, cabe señalar que el rechazo emitido por una autoridad migratoria, es de naturaleza administrativa, por lo que, si la parte quejosa reclama actos de incomunicación, detención o privativa de libertad, la competencia recae en el Juez de Distrito especializado en materia administrativa, ello en virtud, de que dichos actos no se pueden surgir porque no se considera que hayan ingresado de manera formal al territorio nacional, por lo que jurídicamente, al ser rechazados se encuentran fuera del territorio nacional, lo anterior, con fundamento en el numeral 86 de la Ley de Migración. En este contexto, este Órgano de Control Constitucional, no acepta la competencia planteada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que el numeral 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para tramitar los juicios de amparo que se promuevan contra las controversias que se generen por la aplicación de leyes federales, cuando se deba resolver acerca de la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento substanciado por autoridades administrativas. Además, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio para dirimir conflictos competenciales por razón de la materia; estableciendo que en aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados, que en este caso, como se desprende del informe rendido por la autoridad migratoria lo son las actas de rechazo. Por todo lo anterior, para establecer la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la cualidad de la acción, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis de los actos reclamados, hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales en que se apoye la demanda. Precisado lo anterior, este Juzgador estima que las actas de rechazo ejecutadas, es lo que afecta la esfera jurídica de los peticionarios, por lo que son estas las que deben de servir como sustento para determinar la competencia del Órgano Jurisdiccional al que le corresponde conocer de la demanda de amparo. Para ello, debe tomarse en consideración que una actuación es materialmente administrativa cuando proviene de cualquier órgano del Estado, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal; caracterizándose por su concreción, individualidad y particularidad. Así, resulta evidente que, respecto de las citadas actas de rechazo ejecutadas, el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Nathaly Giraldo López en representación de ESTHER JULIA LÓPEZ VILLA, DANIEL CAMILO MONTOYA SÁNCHEZ y la menor de edad C. L. G., está reservado para un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Por tanto, en virtud de que las actas de rechazo ejecutadas, le reviste naturaleza administrativa de forma inminente, al igual que la calidad de la autoridad de la que proviene, que es formal y materialmente de ese carácter, es que se concluye que la competencia para estudiarla corresponde a un juez de Distrito en esa materia, en términos del artículo 52, fracción I, de dicho ordenamiento legal; ya que, como ha quedado en evidencia, los actos señalados en el escrito inicial de demanda, son inexistentes, como lo señaló la autoridad migratoria. Lo expuesto, en virtud de que todos los actos tendentes a la vigilancia del ingreso, tránsito, estancia o salida de personas extranjeras en este país, como en el caso las actas de rechazo ejecutadas, son de naturaleza meramente administrativa, pues tales aspectos son inherentes al control que ejerce la Secretaría de Gobernación, a través de su personal y de las dependencias que la auxilian en la realización de sus funciones, como lo establece los artículos 1° y 4 de la Ley de Migración, que son del tenor siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria." Asimismo, cabe señalar que el Instituto Nacional de Migración, ejerce sus funciones con base en lo dispuesto en los ordinales 19 y 20, fracciones II, III, IV y VI, in fine. "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; (.) VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros; (.)." Circunstancia que revela que las actas de rechazo ejecutadas, revisten la calidad de un acto de naturaleza administrativa, por emanar de un procedimiento atinente a las labores de control y vigilancia de nacionales y extranjeros que entran y salen de la República Mexicana, así como de la estancia y el tránsito por ella. Cobra aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación." (Tesis 1a. CXCIII/2005. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, materia administrativa, página 714). En este sentido, atento a la naturaleza de la litis constitucional planteada, debe ponderarse en su integridad el líbelo, pues de acuerdo a las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo, constituye la base del juicio de amparo como una verdadera unidad, y si bien no existe disposición legal que imponga al Juez como obligación estudiar conjuntamente los diversos actos reclamados, así debe hacerlo, sin dividir la continencia de la causa en perjuicio del quejoso y de su seguridad jurídica, y contravenir los principios básicos de la acción constitucional. Por tanto, tomando en consideración que, en obvio de mayores repeticiones, de la narrativa de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consistentes en: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de un menor de edad. La orden de deportación de los quejosos. La orden de deportación de un menor de edad. Recepción de los quejosos y autorización del acuerdo de presentación. La privativa de libertad. Incomunicación de los quejosos, entre ellos un menor de edad. Son inexistentes, y por ende no se están ejecutando y por el contrario, fueron ejecutadas las actas de rechazo. Es dable sostener que le corresponde al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, conocer del juicio de amparo promovido por Nathaly Giraldo López en representación de ESTHER JULIA LÓPEZ VILLA, DANIEL CAMILO MONTOYA SÁNCHEZ y la menor de edad C. L. G. Bajo esa óptica, en virtud de que este órgano de control constitucional no acepta la competencia declinada por los motivos expuestos, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena devolver el asunto (juicio de amparo 1402/2021) al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, emita pronunciamiento respecto a la competencia que determinó declinar para el conocimiento del asunto, y en términos del numeral 48 del ordenamiento citado, manifieste si insiste o no en declinar el conocimiento del citado expediente.
- Principal
Glósese a los autos el oficio transmitido vía electrónica proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, del cual se desprende que dicho Órgano Jurisdiccional declina competencia respecto del expediente 1402/2021 promovido por ***, de su índice, y al efecto remite: Oficio 48527/2021, dirigido a este Órgano de Control Constitucional, del que se advierte lo siguiente: "Atento a lo anterior, infórmese vía interconexión al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la incompetencia planteada en el asunto; en la inteligencia de que el presente juicio de amparo fue habilitado para su consulta electrónica, a efecto de que sea relacionado en el expediente bajo el cual quedó radicado en su índice." Lo resaltado es propio. Boleta de turno de demanda de tres de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se desprende en el rubro de observaciones: "INCOMPETENCIA ENVIADA VÍA CORREO INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO ***, EN ESPERA DE QUE REMITA EL JUZGADO LA DEMANDA *JCCN". Oficio ****de tres de noviembre de esta anualidad, dirigido al Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México, le informa que el turno de la demanda promovida por ****, derivada del controvertido 1402/2021 de su estadística, le correspondió a este Ógano de Control Constitucional, al cual anexó la boleta de turno indicada con antelación. Sin embargo, de la certificación de cuenta, se advierte que al ingresar al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta correspondiente del expediente *** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el sistema indica que "El NEUN **** no se ha hecho disponible", como se puede apreciar de la captura de pantalla obtenida: ***. Así las cosas, a fin de que este Órgano Jurisdiccional este en aptitud de acordar lo conducente respecto de la competencia planteada por el Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, gírese atento oficio al Juzgado oficiante y solicítesele que de no tener inconveniente legal alguno, remita el expediente original **** promovido por ***** a la brevedad posible.
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