Daniel Cabrera Sánchez y Otros.
Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Cabrera Sánchez y Otros.
- Daniel Cabrera Sánchez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo, por el que se remitió por incompetencia el juicio de amparo 385/2019, promovido por Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, por conducto de su defensor particular Edgar López García e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, toda vez que en proveídos de veintitrés y veintiséis de septiembre del presente año, se reservaron los informes y oficios, dirigidos por el Director General Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Director Jurídico de la Policía Estatal, residente en Santa María Coyotepec, Oaxaca; así como del Director del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Oaxaca; por tanto, previa copia simple que se deje en autos, remítase los mismos al órgano jurisdiccional antes citado, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. ARCHIVO En otro aspecto, vista la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Destrucción del cuaderno de antecedentes. Con apoyo en los puntos segundo fracción XX y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del expediente auxiliar en el que se actúa. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado que rinde el Director General de Reinserción Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona la responsable y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los informes rendidos por el referido Director General de Reinserción Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como de los Directores del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y de la Policía Estatal de Santa María Coyotepec, Oaxaca, en relación con la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante el cual en relación al requerimiento efectuado en proveído de seis de septiembre del actual (fojas 18-25), hace del conocimiento que en audiencia celebrada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho se dictó auto de apertura a juicio en la causa penal 345/2016 que se instruye en contra del aquí quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, misma que se encuentra a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región del Istmo con sede en esta Ciudad, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. En otros términos, vista la certificación actuarial de nueve de septiembre del año en curso, con la que el fedatario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad material de remitir vía fax el oficio 1669 dirigido al Director del Centro de Reinserción Social, residente en Juchitán, Oaxaca, en virtud de que dicho centro penitenciario fue cerrado el seis de los corrientes, lo que se corrobora con el oficio SSP/SPRS/1660/2019, que obra en cuaderno de varios 2019, que se tramita en este juzgado. En ese sentido, dedúzcase copia certificada del referido oficio, y glósese a este juicio para los efectos legales procedentes, por tratarse de un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social, residente en Juchitán, Oaxaca, para todos los efectos legales a que haya lugar. AUTO DE INCOMPETENCIA Cabe precisar que el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado cuya materialización se llevó a cabo a las seis horas con cincuenta y tres minutos del seis de septiembre del año en curso, como se advierte del informe rendido por el Director del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (foja 47), siendo que la demanda de amparo se presentó en este juzgado de distrito a las dieciocho horas del seis del actual, esto es, posterior a la ejecución del acto reclamado. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha disposición se desprenden, tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá a criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma, y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Asimismo, de dicho dispositivo se obtiene la manifiesta intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. En este orden, se arriba a la conclusión que cuando se señala como acto reclamado la orden de traslado ya ejecutada, como en el caso, dicho acto encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pues la orden de traslado comprende tres momentos: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, aun lugar distinto y, el tercer momento es aquél por el cual se ingresa al reo en el nuevo centro de reclusión, etapa ésta con la que culmina la ejecución de la orden. Por tanto, al advertirse del oficio respectivo (foja 44) que el quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, fue trasladado a las dos horas del Centro Penitenciario de Juchitán, Oaxaca y recibido a las seis horas con cincuenta y tres minutos del seis de septiembre del año en curso, en el Centro Penitenciario de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y, la demanda fue presentada con posterioridad a esa hora, a saber, a las dieciocho horas del seis del actual, como se aprecia de la papeleta de turno (foja 1). De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer este asunto y se determina que corresponde a un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dado que es en esa jurisdicción donde se materializó la ejecución del acto reclamado. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Tesis I.15o.A.1 A (10a.) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 4311, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000066, de tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado se materializó con la reclusión del quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, en el Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, dado que se trata, en ese caso, de un acto ya ejecutado. Sobre tales premisas, es dable concluir que será competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclame una orden de traslado materializada, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se agotó el tercer momento de la ejecución de la orden relativa; es decir, cuando se haya dado el ingreso del reo al nuevo centro de reclusión, pues con esta etapa finaliza dicha ejecución. Por tanto, si las autoridades responsables agotaron el tercer momento de la ejecución de la orden de traslado reclamada; es decir, por el cual se ingresó al ahora quejoso al nuevo centro de reclusión; esto es, al Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, es incontrovertible que con esta etapa culminó la ejecución de la referida orden. En las relatadas condiciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito, en turn o, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo número 385/2019 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, así como las seis copias simples de la demanda de amparo, y solicítese al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, cabe precisar que el criterio adoptado fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, dentro del conflicto competencial penal 20/2018, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado que rinde el Director General de Reinserción Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona la responsable y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los informes rendidos por el referido Director General de Reinserción Social, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como de los Directores del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y de la Policía Estatal de Santa María Coyotepec, Oaxaca, en relación con la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control de Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante el cual en relación al requerimiento efectuado en proveído de seis de septiembre del actual (fojas 18-25), hace del conocimiento que en audiencia celebrada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho se dictó auto de apertura a juicio en la causa penal 345/2016 que se instruye en contra del aquí quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, misma que se encuentra a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región del Istmo con sede en esta Ciudad, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. En otros términos, vista la certificación actuarial de nueve de septiembre del año en curso, con la que el fedatario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad material de remitir vía fax el oficio 1669 dirigido al Director del Centro de Reinserción Social, residente en Juchitán, Oaxaca, en virtud de que dicho centro penitenciario fue cerrado el seis de los corrientes, lo que se corrobora con el oficio SSP/SPRS/1660/2019, que obra en cuaderno de varios 2019, que se tramita en este juzgado. En ese sentido, dedúzcase copia certificada del referido oficio, y glósese a este juicio para los efectos legales procedentes, por tratarse de un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social, residente en Juchitán, Oaxaca, para todos los efectos legales a que haya lugar. AUTO DE INCOMPETENCIA Cabe precisar que el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado cuya materialización se llevó a cabo a las seis horas con cincuenta y tres minutos del seis de septiembre del año en curso, como se advierte del informe rendido por el Director del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (foja 47), siendo que la demanda de amparo se presentó en este juzgado de distrito a las dieciocho horas del seis del actual, esto es, posterior a la ejecución del acto reclamado. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha disposición se desprenden, tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá a criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma, y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Asimismo, de dicho dispositivo se obtiene la manifiesta intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. En este orden, se arriba a la conclusión que cuando se señala como acto reclamado la orden de traslado ya ejecutada, como en el caso, dicho acto encuadra en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pues la orden de traslado comprende tres momentos: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, aun lugar distinto y, el tercer momento es aquél por el cual se ingresa al reo en el nuevo centro de reclusión, etapa ésta con la que culmina la ejecución de la orden. Por tanto, al advertirse del oficio respectivo (foja 44) que el quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, fue trasladado a las dos horas del Centro Penitenciario de Juchitán, Oaxaca y recibido a las seis horas con cincuenta y tres minutos del seis de septiembre del año en curso, en el Centro Penitenciario de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y, la demanda fue presentada con posterioridad a esa hora, a saber, a las dieciocho horas del seis del actual, como se aprecia de la papeleta de turno (foja 1). De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer este asunto y se determina que corresponde a un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dado que es en esa jurisdicción donde se materializó la ejecución del acto reclamado. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Tesis I.15o.A.1 A (10a.) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 4311, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2000066, de tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la orden de traslado se materializó con la reclusión del quejoso Daniel Cabrera Sánchez y/o Daniel Cabrera Castillo, en el Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, dado que se trata, en ese caso, de un acto ya ejecutado. Sobre tales premisas, es dable concluir que será competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclame una orden de traslado materializada, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se agotó el tercer momento de la ejecución de la orden relativa; es decir, cuando se haya dado el ingreso del reo al nuevo centro de reclusión, pues con esta etapa finaliza dicha ejecución. Por tanto, si las autoridades responsables agotaron el tercer momento de la ejecución de la orden de traslado reclamada; es decir, por el cual se ingresó al ahora quejoso al nuevo centro de reclusión; esto es, al Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, es incontrovertible que con esta etapa culminó la ejecución de la referida orden. En las relatadas condiciones, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer este juicio de amparo y declina la competencia a favor del Juez de Distrito, en turn o, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo número 385/2019 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, así como las seis copias simples de la demanda de amparo, y solicítese al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, cabe precisar que el criterio adoptado fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria de veintitrés de mayo del año en curso, dentro del conflicto competencial penal 20/2018, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar López García, quien se ostenta como defensor particular del procesado Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, contra actos del Director de Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Director del Centro de Reinserción Social de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Comisionado de la Policía Estatal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y, Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: El ilegal traslado que se le pretende realizar a mi defendido de nombre DANIEL CABRERA SANCHEZ o DANIEL CABRERA CASTILLO del centro de reinserción social con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al centro de reinserción social con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca." (sic). Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 385/2019. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. REQUERIMIENTO AL JUEZ PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL DEFENSOR. Ahora, toda vez que Edgar López García, promueve como defensor particular del directo quejoso Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, manifestando bajo protesta de decir verdad, que ostenta ese carácter dentro de la causa penal 345/2016, del índice del Juzgado de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 14, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase vía correo electrónico institucional, al aludido Juez de Control, para que dentro del término legal de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, remita por la misma vía la certificación correspondiente en la que se haga constar si Edgar López García, efectivamente ostenta el carácter de defensor del procesado, aquí quejoso, Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, dentro de la causa penal 345/2016. APERCIBIMIENTO AL PROMOVENTE DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se apercibe a Edgar López García que en caso de carecer del carácter con el que se ostenta, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esa propia anualidad. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx o luis.felix.rodriguez@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1067, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con siete minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades se abstengan de trasladar al quejoso Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, del centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido a otro diverso y se garantice su integridad en ese lugar. De igual forma, toda vez que el promovente de amparo refiere que el directo quejoso se encuentra incomunicado, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, se concede de oficio y de plano la suspensión de todo acto de incomunicación, así como de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pretendan aplicarse al directo quejoso Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo. Se solicita a las autoridades responsables informen dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de este acuerdo, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. De igual forma, a efecto de respetar los derechos fundamentales del quejoso Daniel Cabrera Sánchez o Daniel Cabrera Castillo, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que a dicho peticionario no se le prive de una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo; sin que dicha medida se traduzca en que se está modificando el acto reclamo, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos relacionados con la orden de traslado reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2017871, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, visible a página 1538, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. EL JUEZ DE DISTRITO NO MODIFICA LA MATERIA DEL AMPARO SI AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE AQUÉLLA, HACE MENCIÓN DESTACADA DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO A CONTAR CON UNA ESTANCIA ACORDE A SU DIGNIDAD HUMANA Y UNA CAMA PARA SÍ MISMO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTINÚEN RESPETÁNDOLO. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de respetar los derechos humanos y, en el ámbito de sus competencias, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones en su contra; en ese sentido, resulta acorde a la competencia de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, que potestativamente, al conceder la suspensión de plano respecto de una orden de traslado de un centro de reclusión a otro, efectúen una mención destacada de los derechos que asisten al quejoso de contar con una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, aun cuando no hayan sido señalados como actos reclamados, para el único efecto de que las autoridades responsables continúen respetándolos, pues al no haberse reclamado su disfrute éste se presume, al tratarse de prerrogativas fundamentales de las personas privadas de la libertad dentro de un centro carcelario, en términos de los artículos 9, fracción I y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de la regla 19 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas; en la inteligencia de que con dicho proceder el juzgador no modifica la materia del amparo, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos fundamentales relacionados con el acto inicialmente reclamado." Para mayor celeridad se ordena al actuario adscrito a este Juzgado, remitir los respectivos oficios vía correo electrónico o fax. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio del escrito de demanda y únicamente como autorizados para tales efectos a Paola Pacheco Peralta, Miguel Ángel Reyes Pinelo, Isis Itzel Gómez Díaz, Rosa María Santiago Sarino, Marco Antonio López Vásquez, e Inocencio Lalo Azcona, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Se apercibe a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a la autoridad que enunció en su demanda de amparo, la cual será emplazada a juicio con la denominación que indicó, salvo aquéllas que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. I-A
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