Daniel Boyas Arroyo

Expediente 382/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
382/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Daniel Boyas Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Subdelegado de Administración de la Delegación Estatal en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de total cumplimiento al fallo protector en los siguientes términos: (...) Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaria de la Función Pública y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 382/2021-VII y fórmense los expedientes tanto físico como electrónico que refiere el artículo 3° de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, los referentes a la competencia por territorio. COMPETENCIA POR TERRITORIO En el caso, este Juzgado de Distrito considera que es incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente juicio constitucional. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Al efecto, debe tenerse presente el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas siguientes para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: - Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; - Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el supuesto de que el acto reclamado sea susceptible de ejecución, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." Expuesto lo anterior, conforme a las reglas para fijar la competencia y la naturaleza de los actos reclamados, este Juzgado Federal concluye que carece de competencia para resolver el juicio de amparo, por razón de territorio, en virtud de lo siguiente: De una lectura integral a la demanda, se desprende que esencialmente el quejoso que reclama la resolución dictada por la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente 637-VIII-008/2021, mediante la cual se determinó la suspensión temporal preventiva de su cargo como Subdelegado de la Clínica de Medicina Familiar "Cuernavaca", adscrita a la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Morelos, así como el ingreso del mínimo para subsistencia en función del treinta por ciento de su ingreso real. En ese orden de ideas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado considera que quien debe conocer del presente asunto es un Juzgado de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, debido a que ejerce jurisdicción en el lugar donde los actos reclamados tienen efectos, es decir, el lugar en donde se encuentra adscrito el quejoso como servidor público. En consecuencia, en cumplimiento al numeral 48, de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juzgado de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca en turno, acompañándole el original de la demanda de amparo, tal como fue presentada en este órgano de control constitucional con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como tal el que se indica. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación; asimismo, respecto de las diversas personas que nombra, se tienen únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al igual que a la otra persona que expresamente señala para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por último, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente en atención a la jurisprudencia cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.

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