Daniel Benson Villalvazo

Expediente 553/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Daniel Benson Villalvazo

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido...

  2. Principal

    No obra la constancia de notificación a la parte promovente del proveído de veintinueve de junio de dos mil veinte, en el que se desechó este juicio de amparo, en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario...

  3. Principal

    CITATORIO.- Por este conducto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa DANIEL BENSON VILLALVAZO, el contenido del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, conforme a lo ordenado en el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, acuerdo que en síntesis refiere: diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee: que del análisis del expediente electrónico, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte promovente del proveído de veintinueve de junio de dos mil veinte, en el que se desechó este juicio de amparo, en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito para que de manera inmediata realice la notificación correspondiente, o en el caso de ya haberla realizado, glosarla al juicio de amparo en que se actúa y realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese. Veintinueve de junio de dos mil veinte, Téngase por recibido el escrito presentado vía electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a nombre de Daniel Benson Villalvazo, contra un acto que se reclama de las autoridades que denominó: 1. Secretario de Transporte del Estado de Jalisco. 2. Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 553/2020. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de la certificación de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, tal como se asentó en la certificación de cuenta, si bien la demanda de amparo en cuestión fue presentada a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se encuentra firmada electrónicamente por Ernesto Heredia Santoyo, lo cierto es que carece de la firma de la propia parte quejosa que externe el deseo de ésta respecto de la tramitación del juicio intentado.En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige el presente juicio de control constitucional. Los dispositivos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." En efecto, al carecer la petición constitucional de la firma electrónica del quejoso, de la que se advierta el deseo de éste de intentar el juicio de amparo, se desprende una contravención clara al principio de instancia de parte agraviada, consagrado en el citado numeral 6° de la Ley de Amparo, que conforma uno de los presupuestos indispensables del juicio de amparo, consistente en que, para la tramitación de todo juicio de amparo, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por quien se dice agraviado por actos de autoridad. Esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de quien legalmente acredite ser su representante legal, externe de manera fehaciente e incuestionable su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacer mediante escrito que contenga la firma,huella o rubrica, o bien, por comparecencia ante la autoridad según corresponda, y si el ocurso de petición se presentase vía electrónica a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario se adjunte la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal acorde a lo que preceptúa el artículo 3° de la Ley de Amparo. Así, la manifestación indubitable de voluntad en cualquiera de sus modalidades materializa jurídicamente el principio de instancia de parte agraviada, establecido en el numeral 6° de la Ley de Amparo, de observancia obligatoria para quien pretenda instar el juicio constitucional; por tanto, ante la ausencia de esa expresión de voluntad del quejoso, tiene como consecuencia que se esté ante una nada jurídica. Lo que se evidencia más aún, tomando en consideración la tesis de registro 208351, de la octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, tomo XV-2, visible en la página 303, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los del mismo ordenamiento legal.". De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio contenido en la tesis de registro 166575, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2009, tomo XXX, visible en la página 70, que dice: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO". Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción. Cabe decirse que sobre el particular, no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma de la promovente, en este caso electrónica, en la demanda de amparo constituya una irregularidad en ésta y que por ello sea factible que disponga que la misma se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley de la materia, puesto que un escrito presentado en estas condiciones no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Aunado a ello, conviene señalar que la falta de firma electrónica en la demanda de amparo no tiene, de manera alguna, por efecto que se ordene algún tipo de prevención, en términos de lo establecido en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): (Común), Registro: 2018943, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En esesentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que sea óbice para considerar lo anterior, el hecho de que el ocurso de demanda cuente con la firma electrónica de Ernesto Heredia Santoyo, quien no fue señalado con carácter alguno en la demanda de amparo, puesto que, como se asentó previamente, la firma que calce el escrito debe corresponder al directo agraviado o, en su caso, a su representante legal, siendo en el presente caso la correspondiente a Daniel Benson Villalvazo, quien se ostenta con el carácter de agraviado, sin que ello pueda delegarse. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, se desecha la presente demanda. Sin que se tenga al promovente designando domicilio procesal ni autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para efectos de hacer del conocimiento del promovente el contenido del presente proveído, se ordena verificar en ese domicilio por esta ocasión, acorde con lo dispuesto por el numeral 27 de la ley de la materia. Lo de anterior, pues como se expuso, el desechamiento la petición constitucional descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte agraviada, y ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, inclusive en lo relativo al señalamiento de domicilio y autorizados.En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento del promovente que no se autoriza la consulta por vía electrónica del presente expediente, así como tampoco, la notificación electrónica del mismo, toda vez que el mismo no se encuentra legitimado para ello en atención a las consideraciones vertidas en párrafos precedentes. Por otro lado, atento a los lineamientos emitidos en el acuerdo "MECANISMO DE REFORZAMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19", el Consejo de la Judicatura Federal contempló la posibilidad por parte de dichos órganos jurisdiccionales, de utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen en la actualidad, ello a fin de evitar la propagación del virus denominado SARSCOVID-19, lo cual resulta acorde con los diversos establecidos en la Circular SECNO/7/2020, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio consejo. En ese orden de ideas, con el objetivo de evitar que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio durante el desarrollo de las diligencias que por su propia naturaleza o carácter urgente lo ameriten, este Juzgado Federal autoriza a los Actuarios Judiciales de la adscripción, en la medida de lo posible hagan uso de las herramientas tecnológicas disponibles (de manera enunciativa más no limitativa, la utilización de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos celulares, etcétera), a fin de que puedan practicar las diligencias que les sean encomendadas. En el entendido que de recurrir a dichas medidas, deberán de efectuar la certificación y razón relativa, debiendo cotejar que en todo momento sean entregadas a las partes los documentos necesarios para su debida defensa, en lainteligencia que dichas constancias podrán ser entregadas asimismo de forma digital. De igual forma, se solicita e insta a las partes a fin de que en la medida de lo posible y en virtud de la contingencia sanitaria aludida, con el propósito de mitigar su propagación, se haga uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance y se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", mediante la utilización de la Fiel, Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Los datos personales que obren en las constancias que forman parte del juicio de amparo en que se actúa serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las excepciones que la propia ley en la materia refiere. Hágase del conocimiento de las partes que el servicio de justicia que proporciona este órgano jurisdiccional es gratuito, conforme a los que dispone el artículo 17 constitucional. Instrúyase al actuario para que realice la notificación de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto, la cual se deberá desahogar acatando para ello el lineamiento de higiene derivado de la Atención a la Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), así como en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realizan la notificación y de las personas justiciables. Por último, se ordena agregar al expediente electrónico impresión del presente acuerdo formado con la presentación del oficio de cuenta, sin perjuicio de que la inclusión del presente acuerdo se realice al expediente físico una vez que las actividades se normalicen o las labores del presente juzgado lo permitan, así como el original o en su caso la impresión del citado comunicado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    CITATORIO.- Por este conducto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo se notifica a la parte quejosa DANIEL BENSON VILLALVAZO, el contenido del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, conforme a lo ordenado en el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, acuerdo que en síntesis refiere: diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee: que del análisis del expediente electrónico, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte promovente del proveído de veintinueve de junio de dos mil veinte, en el que se desechó este juicio de amparo, en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito para que de manera inmediata realice la notificación correspondiente, o en el caso de ya haberla realizado, glosarla al juicio de amparo en que se actúa y realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese. Veintinueve de junio de dos mil veinte, Téngase por recibido el escrito presentado vía electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, a nombre de Daniel Benson Villalvazo, contra un acto que se reclama de las autoridades que denominó: 1. Secretario de Transporte del Estado de Jalisco. 2. Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 553/2020. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de la certificación de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, tal como se asentó en la certificación de cuenta, si bien la demanda de amparo en cuestión fue presentada a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se encuentra firmada electrónicamente por Ernesto Heredia Santoyo, lo cierto es que carece de la firma de la propia parte quejosa que externe el deseo de ésta respecto de la tramitación del juicio intentado.En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige el presente juicio de control constitucional. Los dispositivos en cita establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." En efecto, al carecer la petición constitucional de la firma electrónica del quejoso, de la que se advierta el deseo de éste de intentar el juicio de amparo, se desprende una contravención clara al principio de instancia de parte agraviada, consagrado en el citado numeral 6° de la Ley de Amparo, que conforma uno de los presupuestos indispensables del juicio de amparo, consistente en que, para la tramitación de todo juicio de amparo, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por quien se dice agraviado por actos de autoridad. Esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de quien legalmente acredite ser su representante legal, externe de manera fehaciente e incuestionable su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacer mediante escrito que contenga la firma,huella o rubrica, o bien, por comparecencia ante la autoridad según corresponda, y si el ocurso de petición se presentase vía electrónica a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario se adjunte la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal acorde a lo que preceptúa el artículo 3° de la Ley de Amparo. Así, la manifestación indubitable de voluntad en cualquiera de sus modalidades materializa jurídicamente el principio de instancia de parte agraviada, establecido en el numeral 6° de la Ley de Amparo, de observancia obligatoria para quien pretenda instar el juicio constitucional; por tanto, ante la ausencia de esa expresión de voluntad del quejoso, tiene como consecuencia que se esté ante una nada jurídica. Lo que se evidencia más aún, tomando en consideración la tesis de registro 208351, de la octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, tomo XV-2, visible en la página 303, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA". El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los del mismo ordenamiento legal.". De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio contenido en la tesis de registro 166575, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2009, tomo XXX, visible en la página 70, que dice: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO". Conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción. Cabe decirse que sobre el particular, no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma de la promovente, en este caso electrónica, en la demanda de amparo constituya una irregularidad en ésta y que por ello sea factible que disponga que la misma se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley de la materia, puesto que un escrito presentado en estas condiciones no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Aunado a ello, conviene señalar que la falta de firma electrónica en la demanda de amparo no tiene, de manera alguna, por efecto que se ordene algún tipo de prevención, en términos de lo establecido en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia(s): (Común), Registro: 2018943, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En esesentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que sea óbice para considerar lo anterior, el hecho de que el ocurso de demanda cuente con la firma electrónica de Ernesto Heredia Santoyo, quien no fue señalado con carácter alguno en la demanda de amparo, puesto que, como se asentó previamente, la firma que calce el escrito debe corresponder al directo agraviado o, en su caso, a su representante legal, siendo en el presente caso la correspondiente a Daniel Benson Villalvazo, quien se ostenta con el carácter de agraviado, sin que ello pueda delegarse. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6° de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, se desecha la presente demanda. Sin que se tenga al promovente designando domicilio procesal ni autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para efectos de hacer del conocimiento del promovente el contenido del presente proveído, se ordena verificar en ese domicilio por esta ocasión, acorde con lo dispuesto por el numeral 27 de la ley de la materia. Lo de anterior, pues como se expuso, el desechamiento la petición constitucional descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte agraviada, y ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, inclusive en lo relativo al señalamiento de domicilio y autorizados.En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento del promovente que no se autoriza la consulta por vía electrónica del presente expediente, así como tampoco, la notificación electrónica del mismo, toda vez que el mismo no se encuentra legitimado para ello en atención a las consideraciones vertidas en párrafos precedentes. Por otro lado, atento a los lineamientos emitidos en el acuerdo "MECANISMO DE REFORZAMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19", el Consejo de la Judicatura Federal contempló la posibilidad por parte de dichos órganos jurisdiccionales, de utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen en la actualidad, ello a fin de evitar la propagación del virus denominado SARSCOVID-19, lo cual resulta acorde con los diversos establecidos en la Circular SECNO/7/2020, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio consejo. En ese orden de ideas, con el objetivo de evitar que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio durante el desarrollo de las diligencias que por su propia naturaleza o carácter urgente lo ameriten, este Juzgado Federal autoriza a los Actuarios Judiciales de la adscripción, en la medida de lo posible hagan uso de las herramientas tecnológicas disponibles (de manera enunciativa más no limitativa, la utilización de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos celulares, etcétera), a fin de que puedan practicar las diligencias que les sean encomendadas. En el entendido que de recurrir a dichas medidas, deberán de efectuar la certificación y razón relativa, debiendo cotejar que en todo momento sean entregadas a las partes los documentos necesarios para su debida defensa, en lainteligencia que dichas constancias podrán ser entregadas asimismo de forma digital. De igual forma, se solicita e insta a las partes a fin de que en la medida de lo posible y en virtud de la contingencia sanitaria aludida, con el propósito de mitigar su propagación, se haga uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance y se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", mediante la utilización de la Fiel, Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Los datos personales que obren en las constancias que forman parte del juicio de amparo en que se actúa serán protegidos en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con las excepciones que la propia ley en la materia refiere. Hágase del conocimiento de las partes que el servicio de justicia que proporciona este órgano jurisdiccional es gratuito, conforme a los que dispone el artículo 17 constitucional. Instrúyase al actuario para que realice la notificación de manera personal en el domicilio señalado para tal efecto, la cual se deberá desahogar acatando para ello el lineamiento de higiene derivado de la Atención a la Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), así como en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realizan la notificación y de las personas justiciables. Por último, se ordena agregar al expediente electrónico impresión del presente acuerdo formado con la presentación del oficio de cuenta, sin perjuicio de que la inclusión del presente acuerdo se realice al expediente físico una vez que las actividades se normalicen o las labores del presente juzgado lo permitan, así como el original o en su caso la impresión del citado comunicado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano