Daniel Benjamin Velázquez Olvera
Expediente 1314/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Benjamin Velázquez Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Ciudad de México, a primero de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual transcribe el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, del que se advierte que causó estado la resolución por la que desechó el recurso de queja, que registró con el número de expediente ********, en razón que transcurrió el plazo de tres días para interponer el recurso de reclamación, contra dicha determinación; asimismo, remite un legajo de copias certificadas. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a la quejosa que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, atento a la certificación de cuenta, como la parte quejosa no exhibió documentos, notifíquese por medio de lista el presente proveído. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto en contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós e informa que desecha recurso de impugnación por su presentación extemporánea, el que registró con número Q.C. 31/2023. Notifíquese por lista a las parte quejosa.
- Principal
éxico, Ciudad de México, a nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE TUVO POR DESECHADA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por **********. Finalmente, visto el escrito de cuenta presentado por **********, por propio derecho, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 100 y 101 de la ley de amparo en vigor, certifíquese todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo para integrar el recurso y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el escrito de expresión de agravios, y en vía de informe justificado, dígase a la autoridad que conozca del citado recurso, que es cierto el acto que se reclama el cual fue dictado ajustado a las disposiciones legales de la Ley de Amparo aplicable. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno y por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales el fedatario judicial de la adscripción no pudo notificar a la parte quejosa, la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; toda vez que la persona que le atendió le manifestó que no conocían al buscado; en esas condiciones, se ordena notificarle la resolución de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. ***RESOLUCION DE 19/12/2022.- "México, Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito inicial de demanda presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y el diecinueve de dicho mes y año por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1314/2022-IV. ...CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Atento a lo anterior, se advierte que respecto al acto reclamado, SE ACTUALIZA la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 5, fracción II, del mismo ordenamiento, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Al respecto, el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito, señalados como autoridades responsables no les asiste esa representación, ya que actúan en un plano de igualdad entre particulares, pues está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos, y ya que del acto que se le reclama no reúne las características que debe ostentar para ser susceptible de impugnación mediante la presente vía constitucional. Para arribar a lo anterior, debe tomarse en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá la calidad de autoridad responsable cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en dicho precepto, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con relación a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, estableció lo siguiente: ".De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumidas cuentas las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad." Como se ve de lo anterior, para que los actos realizados por particulares puedan reclamarse en el juicio de amparo, para dar lugar a una violación de derechos fundamentales, resulta necesario que sean equivalentes a los de autoridad, esto es, que por medio de ellos se dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que se omita actuar en determinado sentido; que esos actos afecten derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, que las funciones de tales particulares estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio tenga un margen de discrecionalidad. Conviene precisar que las entidades que señala el quejoso como responsables, Buró de Crédito y el Círculo de Crédito, están facultados para prestar servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Por lo anterior, es claro que al Buró de Crédito y al Círculo de Crédito, no les asiste el carácter de autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, consiste en la inscripción en el buró de crédito a razón de lo solicitado por ****, también conocida como "*****", el acto reclamado emitido no es susceptible de combatirse mediante el presente juicio. En tal sentido, la jurisprudencia emitida en la novena época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Luego, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. Consideraciones que encuentran sustento en la tesis II.2o.C.15 C (10a.)2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "BURÓ DE CRÉDITO. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 12, 13, 20, 25, 32 y 48 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el buró de crédito está facultado para prestar sus servicios relativos a la calificación de créditos y riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como la integración de una base de datos integrada con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga sobre los clientes y cuya información le es proporcionada por los usuarios (entidades financieras, empresas comerciales y Sofomes E.R.N.), todo ello conforme al contrato celebrado entre éstos y las sociedades. Luego, la relación que existe entre el buró de crédito y los clientes es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no existe disposición legal que otorgue a dichas sociedades facultades para realizar conductas unilaterales y coercitivas, pues el vínculo entre los clientes y el buró de crédito deriva del contrato que celebra éste con los usuarios, y a la ley sólo corresponde regular su funcionamiento. Además, la legislación en comento prevé la posibilidad de que los clientes acudan ante la Profeco o Condusef a denunciar alguna inconformidad sobre el servicio prestado por dichas sociedades, derivado de los contratos celebrados, lo cual corrobora que se trata de relaciones entre particulares. Por tanto, no se le puede considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular." Es evidente que en la emisión del acto materia del presente asunto, con relación al Buró de Crédito y del Círculo de Crédito, no actúan en calidad de autoridades para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues a juicio de este Juzgado, ya que es una persona moral de derecho privado, cuyos actos no revisten carácter de imperium y, por ende, no puede vulnerar derechos fundamentales de los gobernados, ya que no tiene la facultad de dictar, promulgar, publicar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto, por encontrarse en un plano de igualdad con el particular. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Daniel Benjamín Velázquez Olvera. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la promovente el que indica en su escrito de demanda. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere, únicamente, para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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