Daniel Benigno Hernández Reyna

Expediente 813/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Daniel Benigno Hernández Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por DANIEL BENIGNO HERNÁNDEZ REYNA; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 813/2021-8, promovido por Daniel Benigno Hernández Reyna. A continuación, el Secretario certifica: que en cumplimiento al proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 20071/2021, se solicitó informe justificado a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, que recibió el tres de agosto siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir informe respectivo, transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las rendidas por la parte quejosa, consistentes en las siguientes: 1. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana. 2. Copia de la impresión de pantalla de la página electrónica de la Junta responsable, relativo al estatus de la demanda con juicio laboral 494/2015 del índice de la responsable. 3. Copia simple de la credencial de elector para votar del quejoso. En consecuencia, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito. acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 813/2021-8, promovido por Daniel Benigno Hernández Reyna, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, fracción XXXI, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en el veinte de julio de esta anualidad, por la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiuno siguiente, Daniel Benigno Hernández Reyna solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: ACTO RECLAMADO "La "OMISIÓN" en que ha incurrido la Junta responsable para, FORMULAR EL PROYECTO DE LAUDO, QUE ESTABLECE EL ARTICULO 885, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN EL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 494/2015 (.)" AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, se radicó y admitió la demanda con el expediente 813/2021-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al fiscal del Ministerio Público de la adscripción; dada la naturaleza del acto que reclama, no se tuvo a la demandada en el juicio natural como tercero interesado; no se ordenó tramitar incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente por la quejosa; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La omisión del Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco de dictar el laudo dentro del expediente laboral 494/2015 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que se le requirió el mismo mediante oficio 20071/2021, comunicación que recibió el tres de agosto siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto trascurrió del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que rindiera su informe respectivo. Ahora, si bien es cierto que la responsable fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, dicha condición no es suficiente para tener por presuntivamente cierto el acto reclamado, toda vez que la parte quejosa no exhibió medio de prueba que corroborara, si quiera de manera indiciaria, que el expediente laboral existe y que elevó la petición que aduce ante la Junta responsable en los términos que describe en su demanda. Esto significa que, con independencia de las afirmaciones vertidas por el impetrante, para tener por cierta la omisión de la que se duele, en principio debe acreditarse el estado procesal del juicio laboral que aduce y además que efectuó la petición de la que se duele no fue atendida, lo cual en la especie no se acreditó. En arreglo a lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud precisar la existencia de la conducta omisiva incoada a la responsable, se insiste que la parte quejosa debió acreditar en principio que, es sujeto receptor de la obligación que aduce no fue atendida, en la especie, debió validar fuera de toda duda, el momento procesal del juicio laboral que refiere y que en su voz, estima que se encuentra pendiente de cumplimentación -emisión del laudo-; para entonces encontrarse en condición de ser receptor de la obligación que aducen se ha omitido, en la especie, la dilación procesal. En ese tenor, si bien es cierto, que el acto que por esta vía se reclama reviste la característica de ser negativo y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisa a la autoridad, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que la autoridad competente ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que llevó a cabo, o cumplió, con el trámite correspondiente a fin de exigir la actuación de la autoridad. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal haber elevado alguna petición a la autoridad responsable es inconcuso que la omisión que reclama no existe, para efectos de este medio de control constitucional; por consiguiente, se tiene plenamente probada la inexistencia del acto reclamado respecto de la citada autoridad. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . Ahora, no pasa inadvertido que, si bien el impetrante allegó por una parte copia simple de su credencial para votar, tal documental no resulta suficiente para cumplir con el extremo antes apuntado, dado que tal constancia únicamente acredita indiciariamente la identidad del peticionario y no la omisión incoada a la responsable, máxime que su naturaleza de reproducción fotostática y digital, tampoco constituir prueba plena. Por otra parte, respecto de la copia simple de la impresión de pantalla de la página electrónica de la Junta responsable; tampoco resulta suficiente para cumplir con el extremo pretendido, relativo al momento procesal del juicio natural, puesto que sólo generan un indicio, por lo que, al no encontrarse robustecidas con algún otro medio de convicción se les niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada su naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 193, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 132, Tomo VI, Materia Común, con número de Registro 394149, Octava Época, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS". Tampoco pasa inadvertido a esta juzgadora la existencia del procedimiento laboral 494/2015 del índice de la responsable, lo cual se invoca como hecho notorio dado el contenido del juicio de amparo 89/2020-5 del índice de este órgano judicial, -que guarda relación directa con la materia de este sumario- ya que la controversia en cita se generó con base en dicho juicio laboral. No obstante, tal condición es insuficiente para tener por cierto el momento procesal que aduce la parte impetrante, es decir, lo resuelto en el citado antecedente tampoco corrobora que la Junta responsable haya cerrado la instrucción en el juicio natural y por ende, que se encuentra en obligación de dictar el laudo respectivo, pues como ya se dijo, no existe constancia rendida ante este órgano federal que así lo constante o bien, actuación alguna que soporte tales afirmaciones, con lo cual se coliga la inexistencia del acto omisivo que reclama. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Daniel Benigno Hernández Reyna por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio 20071/2021 de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado, mismo que recibió el tres de agosto del presente año, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; por lo que el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo para ese efecto transcurre del cuatro al veinticuatro de agosto del presente año, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Daniel Benigno Hernández Reyna, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, fracción XXXI, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 813/2021-8. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocérsele la calidad de terceros interesados a las personas morales, que señaló el quejoso en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sean su contraparte en el juicio natural, no tienen interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una omisión. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, las documentales que anexa y menciona en su demanda, consistentes en: Presuncional legal y humana. Copia de la impresión de pantalla de la página electrónica de la responsable, del estatus de la demanda con número del juicio laboral 494/2015. Copia simple de la credencial para votar a nombre de Daniel Benigno Hernández Reyna, expedida por el Instituto Federal Electoral. Probanza que se tiene por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, en cuanto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que integran el expediente de origen 494/2015, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la responsable haga lo propio. Asimismo, por lo que hace a la instrumental pública de actuaciones, consistente en las tesis jurisprudenciales, que señala en su escrito, no ha lugar a admitirla; toda vez que el derecho no está sujeto a prueba, tomando en consideración que la jurisprudencia constituye una fuente formal de éste. En cuanto a la copia de la caratula de la demanda donde se acredita que el quejoso presentó demanda y tiene sello de recibido de trece de febrero de dos mil quince, por la Junta responsable, dígase que no se le tiene por ofrecida la misma, en virtud, de que no la exhibe. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Eduardo Gutiérrez Arredondo y Marco Antonio Reyes Silva, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.

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