Daniel Balderas Castro

Expediente 411/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
411/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Daniel Balderas Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en esta Xalapa, Veracruz; recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al referido Tribunal informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número de amparo en revisión ********************; por tanto, estese en espera de que la Superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. De autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordena remitir el presente juicio, dos tomos de pruebas, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios con registro 12923, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** en su carácter de parte quejosa; en atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el veinticinco de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda.********************Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, dos tomos de pruebas, así como el original del escrito de agravios con registro 12923, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso.********************Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente.********************Por otro lado, se instruye al oficial encargado del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa.********************Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia de veinticinco de julio en curso, por así estar ordenado en autos. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz al día siguiente, Daniel Balderas Castro promovió juicio de amparo contra actos del Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Tierra Blanca, Veracruz fojas 3 a 13. SEGUNDO. Mediante auto de dieciocho de mayo dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete a Aurora de Jesús Flores Agosto como tercero interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y a la Fiscal de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 16 a 20). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 44) y las constancias de la notificación de la representación social de la federación (foja 30) así como el emplazamiento a la tercero interesada (foja 37 vuelta) tuvo verificativo la audiencia constitucional quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso b) constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la legalidad y debido proceso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado surte efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama al Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Tierra Blanca, Veracruz, siendo en este caso el siguiente: La resolución de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 730/2022 por el titular del juzgado responsable, en la que se declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso en el juicio de origen y disminuyó el porcentaje de pensión alimenticia provisional decretada a favor de la aquí tercero interesada en representación de sus menores hijos, del cincuenta al cuarenta y dos punto cinco por ciento de las percepciones del quejoso. Interlocutoria notificada vía lista de acuerdos del propio veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (foja 147 del tomo de prueba). De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Tierra Blanca, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 44). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 730/2022 de su índice, en las que se aprecia la resolución reclamada (fojas 133 a 147) documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia del acto que se reclama. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, sin que en el caso se advierta de oficio, ni hayan hecho valer las partes, motivo de improcedencia del juicio. Por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan infundados, sin que este tribunal advierta deficiencia que suplir que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, por lo que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso en atención a lo que se expondrá a continuación. MARCO NORMATIVO Es importante señalar que tratándose de resoluciones jurisdiccionales del orden civil, los tribunales se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones respecto a la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional, la cual refiere, en lo que aquí importa, que en los juicios del orden civil, las resoluciones que se dicten deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo. Así como a fundar y motivar sus determinaciones respecto a la garantía contenida en el primer párrafo del numeral 16 constitucional, que establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. De esta forma, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones en controversia, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Ello aunado a la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate; pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones, ya que en las resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. A título de premisas, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la premura con que debe resolverse el recurso de reclamación, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Sin embargo, como en el presente caso se encuentran relacionados derechos de menores de edad, debe señalarse que los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre sus derechos, tienen la obligación de atender las disposiciones contenidas en los tratados internacionales. Sobre ese contexto, se trae como parámetro que la Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Nueva York, Estados Unidos de Norte América, suscrita en mil novecientos ochenta y nueve, vigente desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de ese mismo año, es de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales. La declaración de principios contenida en el preámbulo de ese instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad." Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1° al 41 de dicha convención enuncian, entre otros, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a la identidad; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia; y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por ello, al versar el estudio del presente asunto, sobre la figura de alimentos de los menores, debe analizarse a la luz del interés superior del niño tutelado en los artículos 1, 4 de la Constitución Federal; 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, punto 1, 27, punto 1, punto 2 punto 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 3 y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De esas directrices fundamentales se obtiene que, en todas las decisiones, actuaciones y resoluciones del Estado Mexicano, se velará y cumplirá con el principio del interés superior del niño en aras de garantizar y satisfacer plenamente, tanto sus derechos, como necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral del menor, en todos los ámbitos de su vida, como por ejemplo: físico, psicológico, emocional, afectivo, cultural o cualquier otro con ese fin. Aquí se citan como respaldo de lo anterior las siguientes jurisprudencia y tesis aislada, en ese orden, que se leen: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así también, conviene destacar que, en relación con que el otorgamiento de los alimentos en el que no sólo debe atenderse la obligación derivada de la relación materno-filial, sino también otros aspectos, sobre todo cuando la madre a quien se solicitan alimentos, tiene la presunción de su disminuida capacidad económica, al haber manifestado que durante el matrimonio o concubinato se dedicó a las labores del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, para determinar cuál es su capacidad económica para dar alimentos a sus menores hijos, también se deberá tener en cuenta que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia deberán hacerlo bajo la perspectiva de género, ante el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En otro aspecto, relativo al dictado de la resolución de reclamación debe señalarse que, de una correcta interpretación del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades civiles deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate. De esto, se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. El principio de congruencia, está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. Entendida la primera como aquella característica de que la sentencia no contenga consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por la segunda, que atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Tiene aplicación en cuanto a este punto, la tesis cuyos datos, rubro y texto son: SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia. Es en la congruencia externa, donde queda comprendido el principio de exhaustividad, pues en la medida que la resolución resulte congruente con lo pretendido y lo alegado en la defensa, deberá también atender a todas y cada una de las cuestiones hechas valer sin dejar a un lado ninguna; es decir, debe ser exhaustivo en cuanto a todas las cuestiones que conformaron el proceso, dependiendo de la etapa en que se dicte la resolución. Este principio de exhaustividad comprende obviamente la exigencia de que sean analizadas todas las pruebas aportadas por las partes, lo cual se justifica desde el punto de vista de que éste es el único medio a través del cual se les permite acreditar a las partes, y sostener, ya sea las afirmaciones en que fundan sus pretensiones, o bien aquellas en que sustentan sus excepciones y defensas. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, de las copias certificadas remitidas por el Juez responsable del juicio ordinario civil 730/2022 que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en el tomo afecto al presente juicio, en el que se aprecia lo siguiente: a) Mediante escrito presentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial XVIII, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, Aurora de Jesús Flores Agosto por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad protegida con las iniciales D.B.F. y S.D.B.F. demandó en la vía ordinaria civil a Daniel Balderas Castro, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y posteriormente definitiva a favor de ella y sus menores hijos, ofreciendo diversas pruebas con dicho escrito (fojas 1 a 6 del tomo de pruebas). b) En proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió la demanda aludida, ordenó emplazar al demandado, y decretó como medida cautelar a favor de los menores involucrados, una pensión alimenticia provisional equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de las percepciones del demandado como empleado de la empresa SAVERGLASS S. de R.L. de C.V., y se previno a la promovente para que aclarara su estado de necesidad respecto de las pensión solicitada para ella (fojas 18 a 23 del cuaderno probatorio). c) Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, Aurora de Jesús Flores Agosto interpuso recurso de revocación en contra de la prevención que le fuera formulada en auto de dieciocho de julio anterior, medio de impugnación que fue resuelto en auto de cinco de agosto del año en cita, declarándolo fundado, por lo que se modificó el auto a efecto de fijar en favor de la recurrente una pensión alimenticia del 10% (diez por ciento) de las percepciones del demandado (fojas 30 a 36 del tomo de prueba). d) Una vez que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se emplazó por comparecencia a Daniel Balderas Castro, éste contestó la demanda mediante escrito que se presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós, asimismo, en dicho escrito hizo valer recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional fijada en el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, así como ofreció diversos medios de prueba para sustentar su petición (fojas 41, 43 a 80 del tomo de pruebas). e). En proveído de veintiséis de septiembre del citado año, el juez de origen tuvo por presentado al demandado contestando la demanda presentada en su contra, asimismo, dio curso a la reclamación planteada por éste contra la pensión alimenticia provisional, con lo que se dio vista a la parte actora (foja 81 del cuaderno probatorio). f). En escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, el autorizado de la parte actora presentó escrito en el que se desahogó la vista y por auto siete de octubre siguiente, se tuvo por presentada a la parte actora desahogando la vista conferida con el recurso de reclamación, y a petición del reclamante, se ordenó turnar los autos para resolver el citado recurso (fojas 82 a 85 del tomo de prueba). g). El cuatro de enero de dos mil veintitrés, el juez Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, resolvió: declarar infundada la reclamación, y confirmar el monto de la pensión provisional inicialmente fijada a favor de los menores con identidad reservada con las iniciales D.B.F. y S.D.B.F. demandó (fojas 95 a 99 del tomo probatorio). h). En contra de la citada interlocutoria el demandado promovió demanda de amparo de la cual correspondió conocer a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual inició el juicio de garantías 47/2023 de su índice, en el cual, mediante sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo protección de la justicia federal a efecto que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil de origen, y, en su lugar, emitiera otra en la que con plenitud de jurisdicción resolviera nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, realizara un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades particulares del acreedor alimentario y las posibilidades del deudor, abordara el análisis de la totalidad de las manifestaciones del reclamante, así como de las pruebas que acompañó a su recurso, y las constancias de autos, y en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determinara el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. i). El doce de abril de dos mil veintitrés, el juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo octavo Distrito Judicial con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, resolvió: declarar fundada la reclamación, y modificar el monto de las pensiones provisionales inicialmente fijadas a favor de las menores con identidad reservada y su madre, consistente en el cincuenta por ciento (50%) al cuarenta y dos punto cinco por ciento total (42.5%) del salario y percepciones que percibe el deudor alimentario (fojas 133 a 147) determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En principio se precisa que, por cuestión de método, los argumentos que vía conceptos de violación hace valer el quejoso, son analizados en un orden que garantice la depuración de los temas a debate, así como la exposición ordenada y coherente de las consideraciones que sostienen el sentido de esta resolución, para su mejor comprensión. Así, el quejoso esencialmente plantea como materia de sus conceptos de violación lo siguiente: La resolución resulta ilegal ya que en la misma se sostiene que se disminuye la pensión alimenticia provisional decretada a cargo del aquí quejoso del cincuenta por ciento de las percepciones como trabajador a un cuarenta y dos punto cinco por ciento, ello a pesar que el porcentaje inicialmente decretado y en contra del cual presentó su reclamación es del cuarenta por ciento de sus percepciones. La citada variación resulta de la ilegal inclusión de un proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el diez por ciento de las percepciones del quejoso como pensión alimenticia provisional a su cargo a favor de su cónyuge Aurora de Jesús Flores Agosto, proveído que alega nunca le fue notificado y que no existían previo a la presentación de su recurso, tanto es así que no fue tomado en cuenta por la responsable previo a resolver la reclamación planteada la primera vez. Con relación a lo anterior, se considera que los citados conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior es así, dado que contrario a lo afirmado por el impetrante de garantías, la resolución impugnada no fue emitida tomando en cuenta elementos inexistentes en el expediente de origen. Ello es así puesto que de la lectura de la sentencia de amparo dictada en el juicio de garantías 47/2023 del índice de este Juzgado, en cumplimiento de la cual se emitió la interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio, se advierte que en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado (que en dicho juicio lo fue la interlocutoria de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 730/2022 del juzgado responsable) se hace mención tanto del recurso interpuesto por la aquí tercero interesada, como del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el cual se estableció una pensión alimenticia provisional a favor de Aurora de Jesús Flores Agosto, consistente en un diez por ciento de las percepciones que recibe el demandado, adicional al cuarenta por ciento ya decretado a favor de los hijos del aquí quejoso. Sentencia que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, dado que, con independencia que el propio quejoso hace diversas referencias a dicha resolución y que la misma guarda relación intrínseca con el acto aquí reclamado, la misma se encuentra contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, y por ello es consultable para los órganos del Poder Judicial de la Federación con plena certeza de su contenido. Sustenta la anterior consideración, la tesis: P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De esta forma, se comprueba que dicho auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, obraba en el expediente de origen desde la época de la promoción del juicio de amparo 47/2023, puesto que el mismo fue nombrado por este órgano de control constitucional al dictar la sentencia correspondiente. Pero además, en la citada sentencia de amparo, se incluyó como uno de los puntos de análisis a cargo del juez responsable para el pronunciamiento de una nueva resolución, el tomar en cuenta el propio auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, puesto que se señaló que no hacerlo así perjudicaba al quejoso Daniel Balderas Castro al considerar que una vez realizados todos los descuentos por concepto de pensión alimenticia provisional le restaba un sesenta por ciento de sus percepciones, cuando en realidad equivalía al cincuenta por ciento de las mismas, precisamente tomando en cuenta lo dispuesto en el citado proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós. Circunstancia que en la sentencia de amparo de dieciséis de marzo del presente año, en la que se concedió la protección constitucional a Daniel Balderas Castro y en cumplimiento de la cual se emitió la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, aquí reclamada, fue claramente expresada en los siguientes términos: "De igual forma debe señalarse que dentro de las consideraciones de la autoridad responsable, se aprecia que señaló que dado el porcentaje de cuarenta por ciento (40%) de sus percepciones, que se fijó como pensión alimenticia provisional al deudor alimentario le resta el sesenta por ciento (60%) de su salario y demás prestaciones para solventar sus necesidades; sin embargo dicha afirmación no toma en cuenta el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el cual se fijó a favor de Aurora de Jesús Flores Agosto pensión alimenticia por el equivalente al diez por ciento (10%) de las percepciones del impetrante de amparo, lo que resulta un hecho notorio para dicho juzgador. De ahí que su argumentación parte de una base incorrecta al destacar el porcentaje restante para el deudor alimentario, puesto que éste es menor al señalado en la resolución de mérito, esto es, cincuenta por ciento (50%) en lugar del señalado sesenta, lo que también debe ser objeto de estudio por parte del resolutor, ello con independencia que la pensión alimenticia decretada en favor de su esposa no haya sido recurrida de manera individual." De manera que el estudio realizado por el juez responsable en la resolución que ahora constituye el acto reclamado, relativo al porcentaje de pensión alimenticia provisional decretado a cargo del aquí quejoso, establecido en autos de dieciocho de julio y cinco de agosto de dos mil veintidós, se efectuó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías 47/2023 del índice de este Juzgado de Distrito. Es por ello que, si el aquí quejoso tenía objeción que expresar con motivo del citado porcentaje de pensión a su cargo, relativa al cincuenta por ciento de sus percepciones, debió presenta el correspondiente recurso de revisión en contra de la sentencia amparadora en comento, o en su caso, debió interponer diverso juicio de garantías en contra de la falta de notificación del correspondiente auto de cinco de agosto de dos mil veintitrés, puesto que con motivo del dictado de la mencionada sentencia de amparo, no puede alegar desconocimiento del mismo, hasta el momento en que se emitió la nueva interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Aunado a ello, con independencia de lo antes señalado, se considera pertinente señalar que el propio quejoso no aportó medio de convicción alguno para sustentar su dicho relativo a la inexistencia previa del multireferido auto de cinco de agosto de dos mil veintidós. Sin que resulte suficiente para considerar lo contrario, su manifestación relativa a que el propio juez de Primera Instancia al emitir la interlocutoria de cuatro de enero de dos mil veintitrés, sólo hizo referencia a un porcentaje de pensión alimenticia a su cargo del cuarenta por ciento de sus percepciones, puesto que, como ya se indicó, dicha omisión fue objeto de estudio en la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 47/2023, en la que se señaló que a pesar de que la reclamación presentada sólo hizo referencia al porcentaje fijado en favor de sus menores hijos, a efecto de establecer si la misma resultaba proporcional debía considerarse el total de cargas impuestas al demandado, incluido el diez por ciento determinado en favor de la cónyuge del reclamante. Por otra parte, si bien es cierto, como lo señala el amparista, no obra en autos constancia que al momento en que se le emplazó el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y se le entregó copia la demanda presentada en su contra y el auto de radicación de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se le haya dado también copia del diverso proveído de cinco de agosto del año en cita, también es verdad que desde la fecha en que fue emplazado se encontraba en aptitud de imponerse de la totalidad de las constancias del juicio ordinario civil 730/2022, previo a la presentación de su contestación de demanda. Asimismo, aun cuando el quejoso hace referencia a que el recurso de revocación presentado por la aquí tercero interesada en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós (en el cual se fijó pensión alimenticia provisional a favor de sus menores hijos, sin señalar porcentaje alguno para ella) y que motivó el diverso auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se presentó de forma extemporánea, debe precisarse que con independencia que se haya denominado como revocación el recurso presentado, al tratarse de una circunstancia relativa a la fijación de la pensión alimenticia provisional el medio de impugnación procedente era el de reclamación, tanto es así que al momento de resolver el recurso se hizo referencia al numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que no puede afirmarse que el mismo se presentara de forma extemporánea. Guarda relación la tesis PC.VII.C. J/3 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado." Por otra parte no se soslaya la manifestación del quejoso relativa a que dentro de la interlocutoria impugnada, al momento de establecer los porcentajes correspondientes a los deudores alimentarios se señaló que quedaba el siete punto cinco por ciento "para la actora AURORA DE JESÚS FLORES CASTRO" persona que el quejoso considera es totalmente distinta y ajena al juicio ordinario civil 7302022 del índice del Juzgado responsable. Sin embargo lo anterior debe considerarse como un error mecanográfico, el cual no afecta la validez de la resolución sujeta a estudio, máxime que en el resto de la resolución de manera clara se establece que la parte actora corresponde a la c. Aurora de Jesús Flores Agosto, por lo que resulta clara la persona a la que se refiere el citado mandato. De ahí que, como se ha afirmado los motivos de disenso expresados por el aquí quejoso en su demanda de garantías deben considerarse como infundados. Por otro lado, aun cuando no fue motivo de concepto de violación, se estima pertinente destacar el pronunciamiento del operador judicial responsable, referente a que aun cuando el demandado indicó que ha realizado varios depósitos a favor de la parte actora y exhibió copias de dos estados de cuenta de institución bancaria, con dichas probanzas no se acredita el cumplimiento regular y permanente de la obligación alimentaria, por lo que el juez de origen de manera correcta estableció que el cumplimiento voluntario de la citada obligación por parte del deudor no constituye medio idóneo para acreditar la procedencia de la disminución de la medida cautelar decretada, de ahí que, como se adelantó las citadas documentales no tienen el alcance probatorio alegado por el quejoso, máxime que las cantidades depositadas son inferiores a las determinadas como pensión alimentaria. Resulta aplicable la tesis VII.3o.C.42 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS. EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE QUIEN DEBE PROPORCIONARLOS NO CONSTITUYE PRUEBA FEHACIENTE EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, QUE JUSTIFIQUE LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo establecido por el artículo 239 del Código Civil del Estado "Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.". De acuerdo con dicho precepto, el deudor debe otorgar alimentos a sus acreedores, abarcando todos los aspectos que comprenden ese concepto en los términos indicados, en consecuencia, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, por ser una obligación de tracto sucesivo, en cuanto a que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, por lo que su cumplimiento no puede sujetarse al arbitrio del deudor, sino que debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, más aún si tal reducción se funda en que éste demostró que lo que proporciona voluntariamente satisface parcialmente los alimentos exigidos, y se le demandan, precisamente, porque los que suministra en forma espontánea resultan insuficientes; de ahí que todo ello no constituye prueba fehaciente para su reducción." Asimismo, del estudio de la resolución reclamada, no se advierte defecto de la misma que deba suplirse puesto que el Juez responsable analizó los agravios por la parte demandada en su reclamación, así como el desahogo de vista de la parte actora, constancias procesales y documentos exhibidos, las cuales analizó y valoró debidamente. Respecto a los agravios expresados por el reclamante, indicó que, como éste lo manifestó se encuentra acreditado el pago que realiza por renta del inmueble ocupado por la parte actora, ello con el contrato de arrendamiento exhibido por el recurrente y la copia del recibo de energía eléctrica incorporado por la actora, en la que se aprecia la coincidencia del domicilio, circunstancia que no se conocía al momento de fijar la pensión alimenticia provisional, Lo que se adminiculó con la constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de Daniel Castro Balderas, de fecha quince de julio de dos mil veintidós, de la que se desprende el salario base de cotización de aquel ($984.00 (novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por lo que determinó procedente la modificación de las pensiones alimenticias provisionales decretadas a favor de Aurora de Jesús Flores Agosto y los menores de iniciales D.B.F. y S. D. B.E. Así, considerando que se trata de tres deudores, dos de ellos menores de edad (de quince y once años) los que necesitan, en términos del artículo 239 del Código Civil, se les provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, gastos de educación, recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas de quien deba darlos. Además que debe tomarse en cuenta sus necesidades y el nivel de vida acostumbrado de los acreedores, para su normal desarrollo físico y psíquico, que en autos se demostró que el demandado cubre el rubro de vivienda a sus acreedores al cubrir una renta de dos mil quinientos pesos mensuales, se estimó procedente reducir la pensión alimenticia fijada provisionalmente a sus acreedores alimentarios del 50% (cincuenta por ciento) al 42.5% (cuarenta y dos punto cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe Daniel Balderas Castro, de su fuente de empleo. Esto es, 17.5 % (diecisiete punto cinco por ciento) para cada menor de edad y 7.5 % (siete punto cinco por ciento) para la cónyuge del demandado. Por lo que se estima, que el juez responsable emitió su resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, esto es, atendiendo al aludido principio de proporcionalidad, pues al resolver el recurso de reclamación que le fue planteado, tomó en cuenta las posibilidades reales del deudor alimenticio, así como las necesidades del acreedor alimentario con base a las circunstancias que se le expresaron por las partes y material probatorio disponible, ambas hasta la época de emisión de la resolución. Aunado a lo anterior, se considera que el juez responsable emitió su resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, esto es, atendiendo al aludido principio de proporcionalidad, pues al resolver el recurso de reclamación que le fue planteado, tomó en cuenta las posibilidades reales del deudor alimenticio, así como las necesidades de los acreedores alimentarios con base a las circunstancias que se le expresaron por las partes y material probatorio disponible, ambas hasta la época de emisión de la resolución. CONCLUSIÓN. En ese contexto es claro que el quejoso, al no desvirtuar los fundamentos utilizados, ni las razones aducidas, para la emisión de la resolución reclamada, al resultar infundados los conceptos de violación que hizo valer, y al no advertirse violación de garantías individuales en el presente caso, ni deficiencia que suplir a favor del quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, pudiera beneficiarle; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, impetrado por Daniel Balderas Castro. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Daniel Balderas Castro contra el acto que reclamó al Juez Cuarto de Primera Instancia del XVIII Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz con sede en Tierra Blanca, Veracruz, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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