Daniel Arturo Valderrama Cavero O Chavero

Expediente 954/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
954/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Daniel Arturo Valderrama Cavero O Chavero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que transcurrió el plazo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión, en CONTRA DEL AUTO que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, realícense las anotaciones en el libro respectivo; y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por **, apoderado legal de la tercera interesada ** mediante el cual aduce presentar amparo adhesivo y realiza diversas manifestaciones en guisa de alegatos. Al respecto, no resulta procedente acordar de conformidad ya que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente, por los motivos ahí expuestos, el cual está pendiente de causar estado; lo anterior lleva a indicar que el trámite del juicio está supeditado a lo que acontezca con dicha determinación, esto es, que quede firme y en consecuencia se ordene el archivo o en su caso sea impugnada por alguna de las partes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se proveyó su similar recibido vía correo electrónico.

  4. Principal

    PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA QUE SE PRECISA, MEDIANTE AVISO DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que se le notifica por medio de lista la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictadas dentro del presente juicio de amparo. DETERMINACIÓN DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Interina Sexagésimo Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Con relación a lo anterior, es importante destacar que, como se advierte de la misiva de cuenta, fue recibida vía correo electrónico; y en virtud a que los datos y procedencia de la misma fueron corroborados por la secretaria encargada de este juicio, se considera que el contenido de la comunicación en cuestión es confiable. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto el quejoso reclamó la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el toca número ***, por la Primera Sala Penal del Tribunal de alzada. Expuesto lo anterior, del análisis del informe de cuenta, así como del diverso de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se desprende que la resolución que combate el quejoso, se emitió en el toca ***, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la diversa de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal *** por la Juez Sexagésimo Cuarto de lo Penal en la Ciudad de México; además, que la fecha correcta del acto reclamado, es el ocho de abril de dos mil diecinueve, misma que le fue debidamente notificada al impetrante el doce de abril de este año. Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó al oficio que se atiende, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual dispone. Ahora, para una mejor comprensión de la causal de improcedencia que se invoca, es conveniente traer a colación el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que tienen relación con el numeral citado, mismos que establecen lo siguiente. En ese orden, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que haya surtido efectos la misma, conforme a la ley del acto. Expuesto lo anterior, cabe precisar que, con la entrada en vigor del nuevo ordenamiento de amparo (tres de abril de dos mil trece), se modificó el supuesto de la temporalidad para la promoción del juicio de amparo, en modo que cuando el acto reclamado implique:  Peligro de privación de la vida;  Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento;  Incomunicación;  Deportación o expulsión;  Proscripción o destierro;  Desaparición forzada de personas;  Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. La demanda de amparo indirecto podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, el acto aquí combatido no se encuentra dentro de la hipótesis que describe la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo. Es esa tesitura, conforme a lo establecido en el artículo 57, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los plazos son improrrogables y empezaran a correr desde el día siguiente al de la fecha de su notificación; por lo que las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se practican; consecuentemente, si el acto reclamado fue notificado al quejoso el doce de abril de dos mil diecinueve, se considera que la notificación de la resolución de reclamada, surtió sus efectos legales en esa propia data. De manera que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de abril al trece de mayo de dos mil diecinueve. Bajo esa óptica, a fin de acreditar la causal de improcedencia de mérito, es importante destacar que no obstante que el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad, que la fecha de notificación del acto reclamado fue el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, lo cierto es que la autoridad judicial oficiante informó que el quejoso fue notificado el doce de abril de este año, como se advierte de la constancia respectiva adjunta a su oficio; por tanto, la manifestación del impetrante quedó desvirtuada con las constancias remitidas por la juez de la causa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.3o.C.T.2 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 3018, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017566, de rubro y texto. Entonces, el acto combatido se estima consentido tácitamente, en virtud que no se impugnó dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa promovió su demanda de amparo hasta el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México; por lo que, la misma es extemporánea. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 9/2018 (10a.), visible a pagina 673, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, del rubro y texto siguiente. Ahora, si bien conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo. Sin embargo, lo anterior no puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Sustenta lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, de rubro. De igual forma, debe estimarse que los motivos de inejercitabilidad, no son incompatibles con el precepto 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de amparo, debido a que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar una sobrecarga de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares de la parte quejosa. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, que dice. En las relatadas circunstancias, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, de conformidad con la fracción V, del diverso 63, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386 la cual es del rubro siguiente. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio.

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