Daniel Arnulfo González Santos

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Daniel Arnulfo González Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, acusa recibo del oficio por el que se le devolvió el toca de apelación 166/2021 y un disco compacto en formato DVD, que había enviado como complemento de su informe justificado. Atento a lo anterior, este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la autoridad oficiante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Jesús Facio Rodríguez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por Daniel Arnulfo González Santos, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numeral 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Además, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de referencia, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En ese orden, no es inadvertido el hecho de que a la fecha no ha transcurrido en su totalidad el plazo de diez días para las autoridades, a partir de la fecha en que se notificó la sentencia de referencia; sin embargo, en términos de lo señalado en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carecen legitimación para interponer recurso de revisión, en razón de que no les afecta directamente el acto que reclamó al haberse decretado el sobreseimiento en el asunto, pues en todo caso, a quien podría deparar perjuicio, sería a la parte quejosa. Por otra parte, toda vez que ya no es necesaria la retención del original del toca de apelación 166/2021 y un disco compacto en formato DVD, que remitió el Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Tlalnepantla, Estado de México, de su índice, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a la autoridad antes requerida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Finalmente, cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 453/2021-VII, promovido por Daniel Arnulfo Gonzáles Santos, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, y turnado el diecinueve de mayo siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mismo que se recibió el veinte de mayo posterior en este Juzgado de Distrito, Daniel Arnulfo Gonzáles Santos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por la autoridad y actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA RESPONSABLE: CC. MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL EN TLALNEPANTLA. ESTADO DE MÉXICO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1. Consistente en el auto de fecha (6) seis de mayo de (2021) dos mil veintiuno, que inadmite el recurso de apelación interpuesto por el imputado DANIEL ARNULFO GONZÁLEZ SANTOS, dictado por los CC. MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los autos del Toca de Apelación 166/2021, derivado del INCIDENTE DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PARA LA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR Y SUSTITUCIÓN POR OTRA U OTRAS DIVERSAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA A FAVOR DEL JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 4 IMPUTADO, promovido en la Carpeta Administrativa 832/2020, por el hecho delictuoso de abuso sexual contra menores, ante el JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUATITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, que negó la petición de audiencia solicitada. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número de amparo 453/2021-VII, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en autos de siete de junio y veinte de julio de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados en el asunto a la víctima de iniciales E.G.M.M, licenciada Amairani Astrid Islas Aguiñiga, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Tlalnepantla, Estado de México, quienes quedaron emplazados conforme a las constancias que obran en autos. Finalmente, y previos diferimientos de la audiencia constitucional, la misma inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 5 ??????A???????? en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37, 107, de la Ley de Amparo, y 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado se verificó dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esencia consisten en: ? El auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, por el cual el Tribunal responsable inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, por el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, negó la petición de audiencia para debatir la revisión de la medida cautelar para sustituirla por otra u otras diversas a la prisión preventiva. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Tlalnepantla, México; en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la responsable como complemento al mismo, relativas JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 6 al toca de apelación 166/2021 y un disco compacto en formato DVD, que remitió; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede analizar de oficio las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó el principio de definitividad previo a promover el juicio de amparo en que se actúa. Para el estudio de la causa de improcedencia resulta conveniente retomar el precepto normativo que prevé el principio de definitividad, aplicable al procedimiento de amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: [.] Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 7 ??????A???????? fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El principio de definitividad, previsto en el precepto en cita, establece la obligación para los quejosos de agotar cualquier medio de defensa ordinario que esté a su alcance para combatir el acto que estiman les causa agravio. Es decir, para garantizar que el juicio de amparo sea verdaderamente un recurso extraordinario de revisión constitucional, el principio de definitividad obliga a quien quiera iniciar un procedimiento de amparo, a combatir previamente el acto reclamado por los medios ordinarios existentes. Lo anterior conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando un gobernado requiera interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, para determinar que un recurso o medio de defensa ordinario es procedente contra un acto que considera afecta su esfera jurídica de derechos, podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. En el caso, se considera que en contra de la determinación que se reclama, consistente en el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del Toca de Apelación 166/2021, mediante el cual el Tribunal responsable inadmitió el recurso de apelación que se interpuso, es procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 8 En lo que interesa, el recurso de apelación se interpone ante el juez de control que dictó la resolución o tribunal de enjuiciamiento, respectivamente. Una vez interpuesto se debe correr traslado a las partes, y en su oportunidad se envían los registros al Tribunal de alzada que deba conocer del mismo, quien se pronuncia de plano sobre la admisión del recurso. Es contra la decisión de inadmisión del recurso de apelación emitida por el Tribunal de alzada, que se considera debe agotarse el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se reproduce a continuación: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la localización de tal precepto en el Código Adjetivo Nacional se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Como puede observase, del primer párrafo del dispositivo en cita se desprenden al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, el primero JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 9 ??????A???????? que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y el segundo que se refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. En relación con el primer aspecto, debe considerarse que el recurso de revocación es procedente contra el auto que inadmite un recurso de apelación, esto es, dentro de la fase impugnativa del procedimiento. Para establecer lo anterior, debemos atender al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se refiere a las etapas del procedimiento, el cual considera que el procedimiento penal está conformado por las etapas de investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio, y la de juicio, señalando en su último párrafo, que el proceso empieza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme. Si bien explícitamente no se refiere a la fase impugnativa, de un entendimiento armónico y sistemático del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede negarse su integración; ya que el propio artículo señala que el procedimiento concluye hasta la emisión de sentencia firme; luego, conforme al diverso precepto 412 del mismo dispositivo legal1, sólo quedan firmes las sentencias dictadas en el juicio oral cuando no son recurridas oportunamente, de 1 "Artículo 412. Sentencia firme. En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna." JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 10 manera que si se impugnan, será hasta que se resuelvan los medios de defensa que podrán calificarse de tal naturaleza. De esta manera, la fase impugnativa, no sólo es en referencia al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del juicio, sino para cualquier medio de defensa ordinario que proceda dentro del juicio oral acusatorio, pues forman parte de las etapas del procedimiento. Además, admitir que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 citado, solamente es procedente dentro de las etapas a las que expresamente se refiere el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impactaría negativamente en los fines y principios que inspiraron al nuevo modelo de justicia penal. Pues implicaría aceptar que diversas normas de carácter fundamental para el proceso acusatorio no le son aplicables a la segunda instancia; lo cual es jurídicamente inadmisible. Entre estas cuestiones, se podría llegar a establecer que ni el imputado ni la víctima tendrían derecho en la segunda instancia, a una defensa adecuada, a una asistencia jurídica, y a que se respeten sus datos personales, pues dichos derechos se encuentran en el "Título II" de los "Principios y derechos que rigen en el procedimiento", "Capítulo II" sobre los "Derechos en el procedimiento" 2 . 2 "Al respecto deben tenerse en cuenta los siguientes artículos: ." CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable. Artículo 16. Justicia pronta Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 11 ??????A???????? Tampoco se podría explicar cómo la sentencia de apelación en que se confirma la sentencia de primera instancia, podría poner fin al procedimiento3 y a que el Tribunal de Alzada no es un sujeto del procedimiento penal4. De igual forma, el legislador determinó que la procedencia del recurso de revocación no se constriñe a un listado limitativo de decisiones judiciales que son recurribles Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado." Artículo 18. Garantía de ser informado de sus derechos Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen, en los términos establecidos en el presente Código. Artículo 19. Derecho al respeto a la libertad personal Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y este Código. La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en este Código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código. 3 ""Artículo 67. Resoluciones Judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." [El énfasis es propio]." 4 "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: (.) X. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya sea del fuero federal o común; (.) XVI. Tribunal de alzada: El Órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados, que resuelve la apelación, federal o de las Entidades federativas." "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal." Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: (.) VII. El Órgano jurisdiccional, y (.)" JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 12 por este medio, sino que estableció un enunciado jurídico abierto, que permite a las partes intentar el recurso de revocación contra cualquier decisión que se resuelva de mero trámite sin substanciación. En este sentido, el auto de no admisión al recurso de apelación debe considerarse una determinación de mero trámite que califica dentro de los supuestos de la revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, como lo establece el artículo 67, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso." La decisión de inadmitir un recurso de apelación de ninguna manera involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino su objetivo es el análisis de los requisitos previstos por los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las hipótesis del artículo 470 del invocado código nacional. Esto es, su materia descansa exclusivamente en verificar si lo impugnado constituye alguna de las resoluciones del Juez control a que se refieren las fracciones I a XI del artículo 467 del Código Nacional, o del Tribunal de enjuiciamiento previstas en las fracciones I y II del artículo 468; y en corroborar que el recurso sea oportuno, que lo JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 13 ??????A???????? impugnado no sea apelable, que lo interponga legitima persona y que contenga fundamentos de agravio o peticiones concretas5. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo que inadmite el recurso de apelación es de mero trámite, es decir, en él únicamente se verifica el cumplimiento a los requisitos de procedencia, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo, a lo anterior la jurisprudencial por contradicción de tesis 1a./J. 35/2020, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Página 2760, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a 5 ""Artículo 470.Inadmisibilidad del recurso El Tribunal de alzada declarará inadmisible el recurso cuando: I. Haya sido interpuesto fuera del plazo; II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación; III. Lo interponga persona no legitimada para ello, o IV. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas." JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 14 dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Por tanto, como se señaló, la determinación a través de la cual un tribunal tiene por no admitido el recurso de apelación dentro del procedimiento penal acusatorio, debe considerarse como un auto de mero trámite, el cual dicho de paso, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, en términos de artículo 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, sin substanciación alguna. Por lo expuesto, en cumplimiento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente que las partes combatan la decisión de inadmitir el recurso de apelación a través del diverso recurso de revocación. De ahí, que si en la especie, la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, no agotó el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra del auto por el cual el Tribunal de Alzada inadmitió de plano el recurso de apelación que hizo valer, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. No pasa desapercibido, que la expresión "de mero trámite" a que hace referencia el recurso de revocación JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 15 ??????A???????? corresponde a un enunciado jurídico con una indeterminación tal, que pudiera actualizar la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa podría decidir entre interponer el medio ordinario de defensa que considerara aplicable o acudir directamente al juicio de amparo. Sin embargo, sobre el caso específico del acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, obra criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria a partir del nueve de diciembre del dos mil diecinueve, en el que determinó que sí debe agotarse el recurso de revocación antes de acudir al juicio de amparo, a efecto de reclamar el auto por el cual el tribunal de alzada desecha de plano un recurso de apelación en el nuevo sistema de justicia penal. Dicho criterio localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Décima Época, Página 283, es del contenido siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 16 de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Por ello, la condición de incertidumbre que pudiera actualizar la excepción al principio de definitividad y permitir promover el juicio de amparo en contra del auto que inadmite el recurso de apelación sin necesidad de agotar el recurso de revocación, dejó de materializarse a partir de la obligatoriedad del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se determina jurisprudencialmente que contra el auto referido es procedente el recurso de revocación. Esto así, conforme a la doctrina de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional, en donde se ha establecido que la excepción al principio de definitividad que hace optativo el medio de impugnación ordinario, deja de actualizarse cuando el propio Máximo Tribunal precisa jurisprudencialmente que un recurso ordinario es procedente JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 17 ??????A???????? Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia de la Décima Época, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Página 971, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla. En conclusión, respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro del Toca de Apelación 166/2021, mediante el JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 18 cual el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal en Tlalnepantla, Estado de México, responsable inadmitió el recurso de apelación que se interpuso contra el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, por el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; la parte quejosa previo a la promoción del juicio de amparo en que se actúa, debió combatirlo a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o Salas, es obligatoria. Luego entonces, si el seis de diciembre del dos mil diecinueve, se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la Tesis 1a./J. 85/2019 (10a.), derivada de la contradicción de Tesis 153/2019, en la que la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que un auto como el que aquí se reclama, debe combatirse a través del recurso de revocación previo a la promoción del juicio de amparo; por consiguiente, al ser obligatoria a partir del nueve de diciembre del dos mil diecinueve, la parte quejosa debió combatir el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el recurso de revocación señalado. Atento a lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento, se sobresee el juicio de amparo. JESUS FACIO RODRIGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 16/06/23 21:13:31 JUICIO DE AMPARO 453/2021-VII 19 ??????A???????? Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniel Arnulfo González Santos, por su propio derecho, respecto del acto preciado en el segundo considerando, y por los razonamientos expresados en el cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Jesús Facio Rodríguez, Secretario que da fe

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Daniel Arnulfo González Santos, mediante el cual designa autorizado en términos amplios, y señala usuario para la consulta electrónica del presente sumario. Atento a lo anterior, se tiene como autorizado de la parte quejosa a Oscar Vargas González, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de autos, quien podrá gozar de los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo una vez que acredite tener debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, toda vez que el promovente proporcionó el nombre de usuario "09108546", en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias, Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Jesús Facio Rodríguez, Secretario que da fe.

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