Daniel Antonio Reséndiz Serafin
Expediente 115/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 08/02/2016
Partes del expediente
- Daniel Antonio Reséndiz Serafin
- Juez Vigésimo Tercero Penal del Fuero Común en el Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Se agrega el escrito signado por el quejoso ******, mediante el cual interpone recurso de revisión y formula agravios, contra la resolución de veinte de enero del año en curso, emitida en el presente juicio; distribúyase entre las partes copia del ocurso de cuenta y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno|
- Principal
se agrega el escrito signado por el quejoso y, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia que solicita, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos.
- Principal
VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 115/2015-V promovido por Daniel Antonio Reséndiz Serafín, contra actos del Juez Vigésimo Tercero Penal del Distrito Federal y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda recibida el veintinueve de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente a este juzgado, Daniel Antonio Reséndiz Serafín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades responsables que continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJAS SENTIDO JUEZ VIGÉSIMO TERCERO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 18-19 ACEPTA PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 13-14 ACEPTA JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 15-16 ACEPTA ACTOS RECLAMADOS: La orden de aprehensión y su ejecución. La parte quejosa consideró que los actos reclamados transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. En proveído de treinta de julio de dos mil quince, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. Asimismo, en proveído de veintisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo como tercero interesado a Rafael del Río Camargo (fojas 23 y 24), el cual no pudo ser emplazado, no obstante haber sido recabados diversos domicilios en donde se ordenó dicha diligencia, en proveídos de siete y quince de septiembre, veintisiete, veintiocho y treinta de octubre, y tres de noviembre todos del año anterior, por las razones asentadas en diversas razones actuariales (130, 131 y 133; 104, 216, 261 y 277). Luego, en autos de trece de octubre y diecinueve de noviembre, ambos de dos mil quince, en consecuencia de lo anterior, se requirió al quejoso a efecto de que indicara si contaba con algún domicilio del tercero interesado (fojas 136 y 278), los cuales no atendió. Por lo que, el treinta de noviembre siguiente, se ordenó la notificación del tercero interesado de mérito, por medio de edictos (fojas 139 a 140 y 288 a 289); los cuales no fueron recogidos por el quejoso en el plazo de veinte días que le fuera fijado para tal efecto, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos no han afectado la jurisdicción y competencia reconocida en el auto de admisión, este Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es competente para resolver el presente juicio de garantías de acuerdo a lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Vigésimo Tercero Penal del Distrito Federal, al rendir su informe justificado, aceptó que el veintidós de agosto de dos mil catorce, libró orden de aprehensión contra el quejoso, entre otros, en la causa 172/2014 de su índice, como probable responsable del delito de secuestro express agravado (fojas 18 y 19). Certeza que se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, relativas a la causa de mérito (anexo I); documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Subdirector de Amparos Penales y Civiles, en ausencia del Procurador, y el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales, en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aceptaron la ejecución del acto precitado; por ende, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables. TERCERO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. En otro orden de ideas, previo al estudio de los conceptos de violación y de la constitucionalidad o no del acto reclamado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se analiza de oficio; conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en el párrafo primero de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, del propio ordenamiento, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto;" b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". "ARTÍCULO 5º.- Son partes en el juicio de amparo: III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.]" Lo anterior se afirma porque mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil quince (fojas 23 y 24), se ordenó el emplazamiento del tercero perjudicado Rafael del Río Camargo, en los domicilios que la autoridad responsable remitió para tal efecto; notificación que fue ordenada vía exhorto, dado que las ubicaciones señaladas se encuentran fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, sin que fuera posible el emplazamiento. Luego, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince, como consecuencia de lo citado en el párrafo anterior, se requirió a diversas instituciones, a efecto de que proporcionaran información relativa al domicilio del precitado tercero perjudicado (fojas 139 y 140). En proveídos de veintisiete y treinta de octubre, así como tres de noviembre del año anterior, del contenido de los informes requeridos, se desprendieron diversos domicilios donde podría ser emplazado Rafael del Río Camargo, por lo que se ordenaron las diligencias tendentes a su notificación, inclusive por medio de nuevos exhortos; una vez realizadas las diligencias, no se obtuvo resultado favorable. Luego, al agotar las diligencias a que se hace referencia, en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil quince, se requirió nuevamente al quejoso, para que indicara algún domicilio a nombre del tercero interesado, mismo que no atendió el quejoso (foja 278). Así las cosas, dada la imposibilidad de realizar el emplazamiento, el treinta de noviembre de dos mil quince, se ordenó realizar tal acto procesal por medio de edictos, que deberían publicarse a costa de la parte quejosa por tres veces y de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de circulación nacional, a elección del amparista, y a éste se le requirió para que dentro del plazo de tres días, acudiera a este juzgado a recoger los edictos en mención y en un lapso de veinte días acreditara estar realizando los trámites respectivos para su publicación, apercibido que en caso de no hacerlo, se procedería conforme a derecho (fojas 228 y 289). Posteriormente, derivado del escrito aparentemente signado por el quejoso, recibido en este juzgado el ocho del mes pasado, se le requirió a efecto de que compareciera en un plazo de tres días, a ratificar el contenido y firma del mismo; lo cual no aconteció, por lo que en auto de diecisiete siguiente, se tuvo por no presentado ese escrito (foja 305). Finalmente, de la certificación que consta en la audiencia constitucional, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa, en el precitado proveído de treinta de noviembre del año anterior, a efecto de exhibir las publicaciones por edictos ordenadas, transcurrió sin que la parte quejosa realizara dichas gestiones. En mérito de lo expuesto, se sostiene que, como en principio se señaló, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, todos de la Ley de Amparo, en razón de que ha quedado de manifiesto que fue agotada por parte de este órgano jurisdiccional de amparo, la investigación a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, visto que, como se advierte de la reseña hecha, se ordenó el emplazamiento del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del solicitante del amparo, mismos que no fueron recogidos por la parte quejosa, por lo que no acreditó estar realizando las gestiones que conlleven a la publicación de los mismos; aunado que, únicamente se recibió un escrito signado aparentemente por el quejoso, en el que manifiesta no tener la posibilidad de laborar, al haberse librado en su contra la orden de aprehensión reclamada y, entre otras cosas, que este juzgado no podía ordenarle el pago de los edictos, pues dicha situación contraviene el derecho fundamental consagrado en el cardinal 17 de la Constitución Federal. A mayor abundamiento, es indispensable precisar que el párrafo segundo del normativo 17 Constitucional establece el principio de pronta impartición de justicia, como uno de los criterios rectores fundamentales del sistema judicial mexicano, principio que se ha elevado a rango de garantía constitucional, y el cual rige sin excepción el juicio de garantías que tiene sus bases en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a este principio, las autoridades tienen el deber de velar para que en todos los juicios que se tramitan ante ellas, se dicten las resoluciones en los plazos establecidos por la ley para cada caso en particular, cuestión que ha pasado a ser un bien de la colectividad; es decir, atañe al interés público, debido a que a la sociedad le interesa que los conflictos planteados ante los órganos jurisdiccionales se resuelvan con prontitud. Igualmente, otro de los principios rectores del juicio constitucional, es el relativo a la instancia de parte agraviada, en atención al cual debe considerarse necesaria la voluntad del quejoso de incitar al órgano de amparo, para que este último pueda estar en aptitud de incoar el juicio de garantías y resolver en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad de los que se duele. Así, la voluntad del agraviado para que se tramite el juicio debe ser permanente mientras se desenvuelve la instancia constitucional; esto es, debe continuar una vez que se ha admitido la demanda para el efecto de que se cuente con el impulso procesal que corresponde a la parte quejosa y se pueda dictar la sentencia respectiva; de tal manera que cuando deje de existir esa voluntad deberá decretarse en consecuencia el sobreseimiento, pues, en tal supuesto, al no subsistir "instancia de parte agraviada", el órgano jurisdiccional se encontrará impedido de analizar el fondo de la Litis constitucional. Luego, cuando la Ley de Amparo establece cargas específicas para la continuación del juicio que pesen sobre la parte quejosa y ésta, no obstante el requerimiento formulado, incumpla injustificadamente con ello y esté en aptitud de hacerlo, se evidencia que existe falta de interés de esa parte para obtener una sentencia de fondo. Ahora, para integrar la relación procesal que debe existir en el juicio de garantías es menester emplazar debidamente a quienes tienen la calidad de partes (a excepción del propio quejoso a cuya instancia se inicia el juicio), de conformidad con lo dispuesto en el precepto 5 de la Ley de Amparo, que señala como tales, además del agraviado, a la autoridad o autoridades responsables, al tercero interesado y al Ministerio Público de la Federación. La fracción II del dispositivo 108 de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de señalar el nombre y domicilio del tercero interesado, para que éste pueda ser llamado a juicio, y aun cuando el artículo 27, fracción II, inciso b) de la citada ley, prevé para el Órgano Jurisdiccional Federal la obligación de investigar el domicilio de dicha parte cuando tal dato no conste en autos, lo cierto es que al agotarse esa averiguación, corresponderá al quejoso llevar a cabo los actos necesarios para la publicación de los edictos respectivos, a su costa. Se trata pues de una carga arrojada al quejoso y expresamente prevista por el legislador, a fin de que la relación procesal se encuentre debidamente integrada, habida cuenta que en términos generales el tercero interesado tiene un interés contrario al del peticionario de garantías (la subsistencia del acto reclamado); por tanto, debe ser llamado a juicio a fin de salvaguardar su derecho de audiencia. De lo anteriormente expuesto se concluye que cuando la parte quejosa haya sido requerida para que cumpla con la carga procesal de publicar los edictos mediante los cuales se emplazara al tercero interesado y, no obstante ello, de manera injustificada deja de realizar tal actividad, debe soportar las consecuencias de su omisión que, por una parte, impide la debida integración de la relación procesal de las partes y, por otra, hace imposible el dictado de una sentencia de fondo, ante la necesidad de emplazar a juicio a su contraparte, con lo que demuestra su falta de interés en la prosecución del juicio, ocasionando con ello retraso en la resolución de los juicios que se tramitan ante los tribunales. Ahora bien, a fin de cumplir con las normas fundamentales que rigen el juicio de garantías, este Juzgado, como se dijo anteriormente, agotó todos los medios a su alcance para emplazar a Rafael del Río Camargo, sin que se lograra. Por lo que, se itera, se actualiza la hipótesis de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción II, inciso b), y 5° fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado de mérito, impide constituir la relación procesal constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizarlo, se atenta contra el principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la Ley de Amparo. No se inadvierte el contenido de la jurisprudencia 2ª./J.108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo ". (Lo subrayado no es de origen). Sin embargo, es necesario establecer que en la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se estimó que, una vez agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero interesado, y el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo; empero que sólo en el supuesto de que el promovente del juicio manifieste que está imposibilitado para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos existan indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; sólo entonces el juzgador deberá, atendiendo a las particularidades del caso, en términos del artículo 27, fracción III, inciso c) , de la Ley de Amparo, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado sea a su costa, lo cual en el caso no acontece, pues de los autos que integran el juicio de amparo, únicamente se advierte que existe un escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil quince, aparentemente signado por el quejoso, en el que aduce ser una persona con bajos recursos económicos, mismo que se ordenó ratificar, lo que no aconteció, por lo que se tuvo por no presentado. Además, de las constancias del juicio no se desprende algún elemento, ni siquiera en forma de indicio, que permita inferir que el quejoso se encuentra imposibilitado para sufragar el pago de dichos edictos, sino que sólo se cuenta con la manifestación vertida en el escrito de referencia, el cual, se itera, se tuvo por no presentado el diecisiete del mes pasado. Ahora, en torno a que el juzgador federal debe ponderar las circunstancias del quejoso, para determinar si la publicación se ordenará sin costo para el quejoso; debe decirse que se toma en consideración que el quejoso cuenta con autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, y que el mismo se encuentra en libertad; lo que pone de manifiesto, por lo menos en apariencia, que cuenta con capacidad económica para sufragar los honorarios respectivos; de modo que no resulta suficiente, a juicio del que esto resuelve, las manifestaciones simples vertidas en un escrito (que se tuvo por no presentado), para tener por demostrada su falta de capacidad económica, pues las mismas no se concatenan con algún medio de convicción que pudiera sostener dicha argumentación; por lo que, se estima, no resulta procedente ordenar los edictos en términos del artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Asimismo, conviene precisar que la circunstancia de ordenar el pago de los edictos por parte del quejoso, no vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye una costa judicial, de las que se prohíben en el precitado numeral constitucional, sino que dicha publicación únicamente constituye un acto material por el cual una entidad ajena al órgano jurisdiccional da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.22/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 24, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el siguiente rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL DOS DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, y 64, todos de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. CUARTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Antonio Reséndiz Serafín, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero, de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando quinto. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió RICARDO DELGADO QUIRÓZ, Juez Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Antonio Porfirio Jiménez López, quien autoriza y da fe. DOY FE.
- Principal
Agréguese el ocurso del amparista Daniel Antonio Reséndiz Serafin, por el cual solicita se le señale una nueva fecha a efecto de que éste comparezca a este juzgado a ratificar el contenido y firma del escrito presentado el ocho del mes pasado; en atención a ello, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que mediante auto de diecisiete de diciembre último, se tuvo por no presentado el documento de referencia.
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